Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122448
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.448, "Venier, Sixto Abel contra Ortiz, Antonio Roberto y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria , Pettigiani, Torres, Violini.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó algunos montos del fallo anterior que, a su turno, había estimado procedente la demanda (v. fs. 2.044/2.062 y aclaratoria de fs. 2.066/2.067 vta.).
Se interpuso, por Camuzzi Gas Pampeana S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.071/2.107 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 2.128/2.131), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Se ventila en autos una acción de daños y perjuicios derivada de un siniestro ocurrido el día 31 de octubre de 2010 en el edificio ubicado en avenida Félix U. Camet n° 2.309 de la ciudad de Mar del Plata.
Siendo aproximadamente las 8:15 hs. de ese día hubo una explosión -por fuga de gas- en el departamento 3 "I" de propiedad del actor, quien en ese momento se encontraba en el interior de la unidad, sufriendo diversos daños por los que aquí reclama.
En su hora, el señor juez interviniente hizo lugar a la demanda condenando a los accionados -Antonio Roberto Ortiz (gasista que había trabajado en el edificio), el Consorcio de Propietarios del Edificio Flipper I de avenida Félix U. Camet n° 2.309 de la ciudad de Mar del Plata y Camuzzi Gas Pampeana S.A.- así como a La Holando Sudamericana Cía. de Seguros Generales S.A. citada -en la medida del seguro contratado- a abonar al actor un importe indemnizatorio por diversos conceptos con más intereses y costas del pleito. Dejó -a la vez- establecido que la condena no alcanzaba a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. por resultar la franquicia establecida en el contrato superior al capital de condena (v. fs. 1.926/1.941).
II. Apelado el pronunciamiento, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental lo confirmó en cuanto a las responsabilidades endilgadas, modificándolo en lo referente a los rubros "reposición de enseres", cuya cuantía redujo, e incapacidad sobreviniente y daño moral, que elevó.
Distribuyó las costas conforme el sentido del fallo y, mediante aclaratoria, dispuso que La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. debía afrontar el resarcimiento en la medida en que el importe total de la indemnización a cargo del asegurado superara el monto de la franquicia pactada en la respectiva póliza (v. fs. 2.044/2.062 y 2.066/2.067 vta.).
En lo que interesa aquí destacar a tenor del remedio extraordinario interpuesto, comenzó por compartir el criterio de valoración del juez anterior en cuanto a que el gas que causó la explosión no se había originado en escapes de artefactos o cañerías ubicadas en el interior del departamento del actor sino que había ingresado desde el exterior a través de la rejilla de ventilación del baño, por una pérdida existente en algún tramo de las cañerías comunes del edificio que provenían de la terraza del inmueble y se desplazaban por el conducto de evacuación de gases contiguo al baño de la unidad, descartando -por ende- la alegada culpa de la víctima en los términos del sistema previsto por el art. 1.113, segundo apartado, del Código Civil de aplicación al sub lite (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 2.048/2.051).
Seguidamente, y con diversos argumentos, desestimó las causales eximentes ensayadas por los apelantes, confirmando aquí también la concurrente responsabilidad determinada en el fallo anterior (v. fs. 2.051/2.056).
En particular referencia a la asignada a Camuzzi consideró que, tratándose de un hecho relacionado con la provisión de un servicio público, su análisis debía efectuarse a través del prisma normativo otorgado por la ley 24.240 de Defensa de Usuarios y Consumidores (v. fs. 2.054). En este sentido ponderó que, salvo una verificación de rutina efectuada el día 21 de julio de 2010 sobre el gabinete del edificio en cuestión, Camuzzi no había efectuado ningún otro relevamiento o control entre los días 23 de noviembre de 2009 y 31 de octubre de 2010, día de ocurrencia del siniestro. Siendo que el día 9 de noviembre de 2009 la empresa había constatado graves deficiencias en la instalación de gas del edificio, consideró que el señalado período de casi un año sin realizar controles o inspecciones transgredía la obligación de seguridad prevista en los arts. 5 y 6 de la citada ley 24.240. Asimismo, y a tenor de la solidaridad prevista en el art. 40 para todos los intervinientes en la cadena de producción y prestación del servicio, estimó que resultaba irrelevante, frente a la víctima, el hecho de que ni el Consorcio de Propietarios ni el gasista Ortiz hubiesen informado previamente a la prestataria acerca de las reparaciones a efectuar, siendo tal extremo en todo caso objeto de eventual repetición entre los restantes obligados pasivos (v. fs. 2.054/2.056).
Por último, modificó algunos rubros resarcitorios de acuerdo al detalle anticipado (v. fs. 2.056/2.061).
III. Contra esta última decisión se alza Camuzzi Gas Pampeana S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración probatoria y arbitrariedad de la decisión. Formula reserva del caso federal (v. fs. 2.071/2.107 vta.).
Particularmente, y al amparo del especial plexo regulatorio de su actividad que reputa vulnerado -por inaplicación al sub lite - (ley 24.076 y sus reglamentaciones), considera absurdo que la Cámara haya puesto a su cargo la obligación de controlar periódicamente las instalaciones que dicha normativa asigna especialmente a los usuarios (v. esp. arts. 13 incs. "e" y "g", anexo II, dec. 2.456/92, "Distribuidora de Gas. Reglamento del Servicio" y 5 inc. 1, "Disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de Gas", NAG 200). Correlativamente sostiene que no hay hecho o conducta imputable a su parte que pudiera vincularse causalmente con las consecuencias dañosas que integran el reclamo (v. fs. 2.080/2.094 vta.).
Protesta asimismo porque la Cámara soslayó del análisis las eximentes de responsabilidad que su parte esgrimiera (v. fs. 2.094 vta./2.097).
Califica de arbitraria y dogmática la decisión de responsabilizarla por trabajos realizados en el edificio los días previos al siniestro, siendo que los mismos -reitera y enfatiza- nunca fueron puestos en su conocimiento (v. fs. 2.097/2.100).
Seguidamente se agravia por el incumplimiento del deber de seguridad emergente de los arts. 5 y 6 de la ley 24.240 que el fallo le endilgó mediante una argumentación incongruente, toda vez que si su parte desconocía las labores que se estaban efectuando en el edificio ¿cómo podría asumir una obligación de seguridad por ellas? (v. fs. 2.100/2.103).
Aduce, finalmente, la vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso -sustantivo y adjetivo- y la defensa en juicio y el derecho de propiedad (arts. 14, 17, 18, 19 y 28, Const. nac.), así como de doctrina legal de esta Corte concerniente al apartamiento injustificado de prueba conducente y al análisis conjunto de la prueba (v. fs. 2.103 vta./2.107).
IV. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General adelanto aquí que, en mi criterio, el recurso no puede prosperar.
IV.1. En principio, no está de más recordar que en autos ha quedado acreditado que el gas que provocó la explosión de la unidad ingresó al baño a través de la rejilla de ventilación que se comunicaba con la montante por donde pasaban caños comunes de conducción del fluido. Asimismo que, en los días inmediatamente anteriores al hecho, el coaccionado Ortiz, gasista matriculado, venía realizando tareas de refacción de las cañerías de gas del edificio, entre ellas las correspondientes al departamento 3 "I" siniestrado. De todo ello dan suficiente cuenta las actuaciones labradas tanto en sede penal como en esta resarcitoria, además de ser la versión adoptada por ambas instancias de mérito cuya facticidad, por lo demás, no es puesta en entredicho por la impugnante.
IV.2. Dicho lo cual, observemos que para fundar el decisorio en lo que respecta a la responsabilidad de la codemandada Camuzzi Gas Pampeana S.A. sostuvo el a quo : "Descartado que el hecho hubiera obedecido a defectos o fallas en la instalación de gas interna del departamento siniestrado o a una conducta reprochable por parte de la víctima, resta analizar si la empresa incumplió sus obligaciones de control de seguridad del servicio", echando mano para la evaluación y resolución del conflicto a diversas notas jurisprudenciales y doctrina de autor relativas a la provisión del servicio y la obligación de seguridadínsita en ella (v. fs. 2.054 y vta.).
Para agregar luego que "...la apelante alega en sus agravios haber cumplimentado todos los controles de seguridad pertinentes atribuyendo el siniestro al hecho de terceros por quienes no debía responder: el Consorcio de Propietarios y el gasista Ortiz, que omitieron informar a la empresa las obras que se estaban llevando a cabo en las instalaciones de suministro de gas natural del edificio. En punto a los controles realizados, la accionada se ha limitado a acompañar una planilla de 'relevamiento de fugas' fechada el 21-7-2010 donde consta una verificación en el gabinete del edificio sito en Félix U Camet N° 2309 con resultado '3', así como un Acta Notarial fechada el 1-11-2010 que certifica el cierre del suministro de gas del edificio siniestrado y una comprobación de posibles fugas en otros inmuebles linderos con resultado negativo (v. fs. 1280/1289).
De los legajos adjuntados a fs. 866/1246 no surge ningún otro tipo de relevamiento o control sobre el edificio en cuestión entre el 23-11-2009 y la fecha de la explosión, lo que autoriza a concluir que -con excepción de la aislada verificación exterior del 21 de julio- la empresa no realizó ninguna otra constatación en un lapso cercano al año (v. fs. 409). Es cierto que ni el Consorcio ni el gasista matriculado informaron los trabajos que se estaban realizando sobre la red común de provisión de gas natural del edificio durante el año 2010. Pero también está demostrado que el 9/11/2009 personal de Camuzzi Gas Pampeana S.A. había constatado graves deficiencias en la instalación de gas del inmueble (barrales corroídos en la montante) y había intimado al consorcio a regularizar dicha estructura con intervención de un gasista matriculado (v.
Notificación de aviso importante N° 2024 A, fs. 418/419), trabajos que sólo se habían cumplimentado y supervisado parcialmente en el mes de noviembre de 2009 (v. fs. 416/417) sin que se realizara ninguna inspección posterior hasta el día del hecho. Entiendo que en tales circunstancias, el no haber sido oportunamente informada de la obra que se estaba llevando a cabo no eximía a la empresa de efectuar controles e inspecciones periódicos, cuando -casi un año antes del siniestro- se habían constatado graves deficiencias en la montante de gas del edificio. La prolongada pasividad de Camuzzi Gas Pampeana S.A. frente a una situación que importaba un peligro cierto para la salud e integridad física de los habitantes del inmueble, constituye una clara infracción de aquella obligación de seguridad a su cargo (cfr. arts. 5, 6 y ccdts. de la LDC 24.240 y sus modif.)".
Luego, una vez más, ingresa a la evaluación de las normas de la ley 24.240 que dice comprometidas (art. 40), concluyendo en "...la responsabilidad solidaria de todos los involucrados en la cadena de prestación del servicio", razón por la cual "...el consumidor está legitimado para demandar a cualquiera de los intervinientes en la relación de consumo, desde el productor hasta el expendedor directo. Entre los demandados, la responsabilidad por el daño se determinará a los fines de las acciones de regreso que pudieran competer, problema éste extraño al consumidor. La obligación concurrente, al igual que la obligación solidaria, le otorga al perjudicado la posibilidad de dirigirse contra cualquiera de los responsables o contra todos ellos simultáneamente [...] Esta responsabilidad se basa en la seguridad prometida al consumidor -o razonablemente esperada por éste- respecto de la inocuidad del producto o servicio, a su calidad y características propias" (conf. Farina, Juan M.; Defensa del Consumidor y del Usuario , Astrea, 2008, pág. 453 y sigs.).
Nociones que emplea el Tribunal de Alzada para desechar como circunstancia eximente la omisión de informar los trabajos que se estaban realizando por parte del consorcio de propietarios y el gasista Ortiz (v. fs. 2.055 vta. y 2.056).
V. Como adelantara más arriba, se queja la demandada Camuzzi Gas Pampeana S.A. denunciando que resulta absurdo que la Cámara haya puesto a su cargo la obligación de controlar periódicamente las instalaciones que la normativa del caso asigna especialmente a los usuarios, alegando que no hay hecho o conducta imputable a su parte que pudiera vincularse causalmente con las consecuencias dañosas que integran el reclamo.
Denuncia que se la responsabiliza por trabajos realizados en el edificio los días previos al siniestro, siendo que los mismos nunca fueron puestos en su conocimiento.
VI. Para la solución del recurso contra el fallo que viene siendo reprobado por la distribuidora de gas, me permito recapitular los sustanciales argumentos reproducidos en el capítulo IV.2., de los cuales se sirve la Cámara para confirmar su condena resarcitoria y que, desde ya lo adelanto, no son objeto de crítica suficiente por parte de la recurrente.
VII. Sabido es, y corresponde recordar, que "Tanto la apreciación de la prueba como la determinación de la relación de causalidad entre el factum y el daño, así como establecer el monto indemnizatorio debido en función de las circunstancias de cada caso, constituyen todas cuestiones de hecho propias de la apreciación de los jueces de las instancias ordinarias y detraídas del ámbito de la casación en tanto y en cuanto tal ejercicio no resulte irrazonable o absurdo" (causas C. 119.453, "Hugo Santiago e Hijos S.A.", sent. de 2-III-2016; C. 98.401, "R., J. A.", sent. de 22-VI-2011; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; e.o.) y que "Constituye una cuestión de hecho determinar si ha mediado o no relación de causalidad adecuada y, como tal, sólo puede ser reexaminada en la instancia extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo" (causas C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015; C. 112.849, "T., M.", sent. de 28-XII-2011; C. 93.614, "W., A.", sent. de 8-VII-2009).
Sobre el punto, recordemos que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, pues resulta imprescindible que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que, además de denunciada, debe ser acreditada por quien la invoca, como recaudo que hace a la suficiencia del intento revisor (causas C. 122.421, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia ley 12.726", sent. de 13-II-2019; C. 119.562, "Castelli", sent. de 17-X-2018; C. 117.734, "La Araucana Oeste", sent. de 2-VII-2014; e.o.).
Pues bien, en el caso, el Tribunal de Alzada determinó la responsabilidad de la empresa distribuidora juzgando que existía vinculación causal entre su acción u omisión y el daño producido, en tarea propia que, como se viene diciendo, le incumbe en forma privativa, quedando sus conclusiones marginadas de la consideración de este cuerpo salvo que, a su respecto, se acuse y demuestre la existencia del vicio lógico de absurdidad. Condición que no logra patentizarse en el recurso deducido en el que la demandada acude a un discurso propio limitándose a oponer sus propias valoraciones a las efectuadas en la sentencia.
Así, se dio por probado que la empresa efectuó inspecciones y advirtió desperfectos o irregularidades y que los trabajos que debían realizarse para remediarlos no se habían llevado a cabo sino parcialmente hasta el mes de noviembre de 2009 (v. fs. 416/417), sin que se efectuara ninguna inspección posterior hasta el día del hecho.
A riesgo de ser repetitivo, recuerdo que uno de los fundamentos básicos del fallo es aquel dado en reconocer que "De los legajos adjuntados a fs. 866/1246 no surge ningún otro tipo de relevamiento o control sobre el edificio en cuestión entre el 23-11-2009 y la fecha de la explosión, lo que autoriza a concluir que -con excepción de la aislada verificación exterior del 21 de julio- la empresa no realizó ninguna otra constatación en un lapso cercano al año (v. fs. 409) [...] el no haber sido oportunamente informada de la obra que se estaba llevando a cabo no eximía a la empresa de efectuar controles e inspecciones periódicos, cuando -casi un año antes del siniestro- se habían constatado graves deficiencias en la montante de gas del edificio" (fs. 2.055).
Frente a tal conclusión, el recurrente pretende neutralizarla con su simple desacuerdo mediante la exposición de argumentos distintos que suponen, sin más, su propia reflexión sobre el caso, sin conseguir patentizar esa desviación lógica del pensamiento necesaria para abrir juego, en esta instancia, a la evaluación y juzgamiento de cuestiones de típico orden fáctico.
Lo que pretende la demandada es desmentir la resolución de la Cámara siguiendo una prédica en la cual brinda su particular percepción de los hechos, mas tal forma de disputa no consigue patentizar el necesario defecto lógico que se precisa revelar para poder lograr la revisión y, en su caso, rescisión del fallo reprochado.
Cuando el impugnante se desentiende de los sólidos fundamentos desarrollados por el juzgador, limitándose a exteriorizar su propio razonamiento, y enarbola su discurso desconociendo la estructura jurídica del fallo, apartándose -de ese modo- de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales, parcializando con ello su ataque, el mismo deviene ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (causas C. 120.835, "Minnucci", sent. de 18-IV-2018; C. 121.283, "Elizalde", sent. de 7-III-2018 y C. 119.123, "S., M. A.", sent. de 29-III-2017).
El Tribunal de Alzada, para condenar, no juzgó de modo genérico ni irreflexivo sino, por el contrario, de manera consustancial con las circunstancias del caso. Lo que echa por tierra, además, el agravio de la recurrente dirigido a cuestionar esa supuesta imposibilidad práctica de dar con lo debido, pues es que tampoco se está colocando en cabeza de la prestadora una obligación poco menos que imposible, es decir, el control total y absoluto de todas las instalaciones habidas si no, precisamente, de aquella en la cual hubieron de constatarse ciertas irregularidades.
Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso traído. Con costas a la recurrente perdidosa (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. He de apartarme de la propuesta decisoria del distinguido colega que abre el acuerdo pues, en mi opinión, el recurso prospera.
I.1. De acuerdo con una denuncia anónima recibida por Camuzzi el día 5 de noviembre de 2009 (v. fs. 420) mediante la cual se requirió su intervención a raíz de que se estarían llevando a cabo trabajos de instalación de gas precarios en el edificio de Cam
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