Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123134
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.134, "Pérez, María de los Ángeles contra Tibi, Néstor Ramón y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud, Soria, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Zárate-Campana revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda y la admitió parcialmente al atribuirles a los demandados el treinta por ciento (30%) de responsabilidad en el hecho. Impuso las costas de ambas instancias a estos últimos (v. fs. 248/255 vta.).
Se interpuso, por los demandados y la citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/271 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora María de los Ángeles Pérez promovió demanda de daños y perjuicios contra los señores Néstor Ramón Tibi y Ángel Amílcar Colamartino como chofer y propietario, respectivamente, del camión Mercedes Benz dominio TTP-594 y su acoplado semirremolque dominio TTP-592.
Relató que el día 3 de agosto de 2003, siendo aproximadamente las 22:00 hs., el rodado de carga embistió al automóvil Ford Escort, dominio COB-708, en el que era transportada su hija María José Ponce, cuya conducción estaba a cargo del padre de esta última, José Antonio Ponce, cuando trasponía la ruta nacional 8 desde la ruta provincial 6 en dirección Campana-Luján. Responsabilizó por el luctuoso desenlace en el ciento por ciento al chofer del camión, reclamando la indemnización por el valor vida, el daño moral y psicológico. Peticionó la citación en garantía de La Perseverancia Seguros S.A. (v. fs. 2/7 vta.; 36/42 vta. y 44 y vta.).
Corrido el traslado de ley, este fue contestado por los demandados, señores Tibi y Colamartino, repeliendo la acción en escrito conjunto (v. fs. 63/73 vta.) y la empresa aseguradora, respondiendo en el mismo sentido (v. fs. 107/118 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y, oportunamente, se dictó sentencia rechazando la demanda (v. fs. 219/222 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 230), quien presentó su expresión de agravios (v. fs. 241/245 vta.), que no fue objeto de respuesta de la parte contraria.
I.2. La Cámara revocó el pronunciamiento de primera instancia e hizo parcialmente lugar a la demanda al haber determinado que el chofer del camión, Néstor Ramón Tibi, compartía la responsabilidad con el conductor del automóvil en el fatal evento en un treinta por ciento (30%).
Para decidir de esa manera apreció la pericia mecánica agregada a fs. 159/161, en la cual el ingeniero Schneider había destacado que el vehículo embistente había sido el camión pero que había considerado a ese rodado y al automóvil agentes activos en la producción del siniestro por no haberse detenido cuando realizaban el cruce dadas las condiciones climáticas y la nocturnidad, independientemente de la prioridad de paso, al advertir la presencia de otro vehículo. También tuvo en cuenta el sentenciante que el experto había explicado que el Ford Escort había pasado el carril de la ruta 8 que iba hacia San Antonio de Areco y que cuando intentaba atravesar el otro carril de esa ruta que se dirigía hacia Pilar tuvo lugar el embestimiento, aclarando que el automóvil había sido impactado girando la rotonda de la ruta 6 (v. fs. 251 y vta.).
Agregó la Cámara que el experto señaló que en el informe de la Policía Científica -que obraba a fs. 56 y 57 de este expediente- se indicó la existencia de un semáforo de precaución y de un cartel que indicaba el cruce de las rutas, colocados a cien (100) metros aproximadamente sobre la ruta 8; que del croquis policial surgía la existencia de un cartel en la ruta 6 con la señal de detención; que el camión tenía prioridad de paso; que estaba lloviendo y que el estado de la ruta 6 era regular y el de ruta 8 bueno, por lo que transitar el cruce en las condiciones climáticas y nocturnas era riesgoso para los dos rodados (v. fs. 251 vta.).
Seguidamente realizó el encuadre legal del caso para concluir que debía resolverse con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil, partiendo de la presunción legal de causalidad entre el daño y el riesgo de la cosa que determinaba la atribución de responsabilidad al dueño o guardián, salvo que se acreditara la ruptura del nexo causal por el hecho de la víctima o de un tercero (v. fs. 251 vta. y 252).
En base a esa normativa el demandado era quien debía acreditar la culpa del tercero en función de que el daño lo había padecido la víctima cuando era trasladada en el automóvil. Así, encontró que el accionado había logrado acreditar la culpa del tercero pero que no lo liberaba totalmente de su responsabilidad (v. fs. 252).
Explicó que no podía sostenerse, como postulaba la actora, que el cruce fuera una rotonda en la que el rodado menor estaba circunvalando, ya que se trataba solo de un distribuidor, con lo que carecía de la prioridad de paso que sí tenía el rodado de mayor porte que circulaba sobre la ruta 8 de mayor jerarquía y por la derecha. Pero, sin embargo, habían sido las circunstancias de tiempo y lugar imperantes en la ocasión las que imponían al demandado adecuar su conducción para conservar el dominio de su rodado, previendo contingencias como las acaecidas para evitar daños a terceros al acercarse a un cruce de rutas -señalizado con cartel y luz amarilla de semáforo- con llovizna y de noche (v. fs. 252 y vta.).
Determinó entonces que la violencia del impacto, la condición de embistente y el arrastre del rodado menor constituían circunstancias que impedían atribuir la causación total del siniestro al conductor del embestido y en razón de ello le atribuyó al chofer del camión el treinta por ciento (30%) de la responsabilidad en el fallecimiento de la hija de la actora, al igual que al propietario del camión Ángel Amílcar Colamarino (v. fs. 252 vta. y 253).
Procedió luego a establecer la indemnización reclamada y, respecto del rubro "valor vida y pérdida de chance", tuvo en cuenta que la hija de la actora al momento de fallecer tenía diecinueve (19) años, que trabajaba como empleada de comercio en una despensa y que al provenir de una familia de clase trabajadora indudablemente hubiera colaborado con los gastos del hogar. Fijó la indemnización en la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), de la cual los demandados debían afrontar la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000; v. fs. 253 y vta.).
Rechazó la solicitud de resarcimiento del daño psicológico y tratamiento, en razón de que no se había producido prueba sobre ese punto (v. fs. 253 vta.).
Admitió en cambio el daño moral y, explicando sus características, ponderó las particularidades de la víctima, pues estaba embarazada; a lo que se agregaba la muerte súbita y violenta de una hija en plena juventud y del nieto por nacer, todo lo que consideraba uno de los acontecimientos más dolorosos que podía afrontar una persona y por lo tanto consideró ajustado a derecho otorgar a favor de la actora la suma de $3.000.000, debiendo afrontar los demandados la de $900.000 (v. fs. 253 vta. y 254).
Por último, fijó la tasa de interés aplicable al capital de condena en la pasiva que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días "...y a partir del 19/08/2008 conforme la tasa pasiva digital, desde la fecha del hecho (03/08/2003) y hasta el efectivo pago" (fs. 254 in fine y vta. primer párr.).
II. Se agravian los demandados y la citada en garantía denunciando la violación de los arts. 57 inc. 2 apartado "c" de la ley 11.430 y 41 inc. "d" de la ley 24.449. Alegan absurdo.
II.1. Comienzan su impugnación en torno a las responsabilidades atribuidas por la Cámara, poniendo de relieve que el camión Mercedes Benz tenía prioridad de paso por circular desde la derecha y por una arteria de mayor jerarquía y que en la ruta 6, en su intersección con la ruta 8, existía un cartel que indicaba detenerse, presupuestos que -entienden- debieron ser tenidos en cuenta por la Cámara para aplicar el art. 57 de la ley 11.430, en vez de resolver con meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 258 y vta.).
Explican que ha sido absurdo el pronunciamiento del Tribunal de Alzada en razón de que no aplicó la norma cuya claridad acerca de la prioridad de paso no se podía soslayar, dado que el conductor del automóvil Ford Escort debió detener la marcha de su rodado ante la advertencia contenida en el cartel y esperar el paso del camión que lo hacía por la arteria de mayor jerarquía. Transcriben una parcela del voto del doctor Roncoroni, cuando era miembro de este Tribunal, e individualizan causas de esta Corte en apoyo de su postura (v. fs. 259/261).
Alegan que no se ha probado la supuesta violencia del impacto ni el arrastre del rodado menor en la colisión, pues el perito mecánico había informado que carecía de elementos para determinar la velocidad a la que se habían desplazado los vehículos y la fuerza del impacto, con lo que se pone en evidencia que las apreciaciones de la Cámara han sido meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 261 vta. y 262).
Señalan que para esta Corte la calidad de embistente, por sí sola, no autoriza a atribuir responsabilidad y que los señalamientos que hace la Cámara en cuanto al semáforo no tienen la trascendencia que se le atribuye pues se hallaba a cien (100) metros del lugar y únicamente advertía acerca del cruce de rutas (v. fs. 262 y vta.).
Afirman que no existen pruebas que permitan demostrar que el conductor del camión no adecuó su conducción a las circunstancias de tiempo y lugar y que no hubiese tenido el dominio de su rodado (v. fs. 262 vta. y 263).
Indican que el sistema vial ha establecido una serie de prioridades para ordenar el tránsito imponiendo la conducta de frenar y ceder el paso. Reiteran que la calidad de embistente es un dato fáctico que no lo hace responsable del siniestro y que ceder el paso en una encrucijada es una elemental norma de urbanidad que es menester acatar sin condicionamientos ni excusas, conducta que señalan no fue la del conductor del rodado menor pues su accionar en contra de la ley determinó la ocurrencia del hecho dañoso (v. fs. 263/264).
II.2. Por último, se agravian de la descomunal indemnización otorgada, por lo que consideran absurdo el pronunciamiento del Tribunal de Alzada.
II.2.a. Al respecto, comienzan su impugnación describiendo las características del valor vida de un hijo y resaltan, con apoyo de un fallo de la Cámara nacional, que la chance no constituye un daño actual cuando presenta una posibilidad muy general y vaga y recuerdan que la reparación integral comprende solo los daños que tengan relación adecuada con el hecho principal, motivo por el cual el damnificado no debe experimentar un mejoramiento patrimonial como consecuencia del hecho dañoso. Señalan, también, que la indemnización de este rubro debe ser compensada con los gastos de crianza y educación que no se irrogaran como consecuencia de la muerte del hijo. Citan fallos de Cámaras nacionales y de la Corte federal en apoyo de sus posturas (v. fs. 264/265 vta.).
Describen las características de este tipo de indemnización para manifestar su disconformidad con la indemnización otorgada en la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), la que consideran descomunal, exorbitante y disparatada, pues una persona está plenamente activa hasta llegar a los setenta (70) años, motivo por el cual la ayuda podría extenderse entre los diez (10) o quince (15) años posteriores a esa edad (v. fs. 265 vta. y 266).
Encuentran que la Cámara no ha dado razón del método utilizado para su cuantificación y explican que la actora tenía cuarenta y un (41) años al momento del hecho, motivo por el cual la ayuda económica se requeriría dentro de veintinueve (29) años. Explican que de afectarse a plazo fijo la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) a una tasa del doce por ciento (12%) durante veintinueve (29) años al cabo de ese período aquella contaría con $47.993.580,98, suma que convertida a dólares estadounidenses a la cotización de tres pesos con tres centavos ($3,03) por cada unidad de divisa extranjera, alcanzaría la suma de USD 490.196. Agregan que, de llegar la actora a los setenta (70) años, y si se colocase esa enorme cifra en plazo fijo a un interés del doce por ciento (12%) anual, se obtendría una renta mensual de $479.935, que consideran desproporcionada e irrazonable, y se produciría un enriquecimiento ilícito (v. fs. 266/267).
Destacan que lo irrazonable y absurdo de la suma reconocida es que está fijada a la fecha del hecho y que no se ha probado cuáles eran las condiciones laborales, estudios o proyección de la vida de la hija que contaba con diecinueve (19) años a la fecha del evento dañoso, agosto de 2003. Citan doctrina de esta Corte referida a la demostración del absurdo (v. fs. 267/268 vta.).
II.2.b. En cuanto al daño moral también consideran que la suma de novecientos mil pesos ($900.000) es descabellada e irrazonable, pues el daño no ha sido debidamente comprobado y la solución dada por la Cámara se basa en meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 268 vta.).
Entienden que se no se ha comprobado que la hija fallecida estuviera embarazada -circunstancia que se ponderó al momento de establecer la indemnización- ya que ello solo surge de los certificados de laboratorio obrantes a fs. 34/35 agregados por la actora, cuya autenticidad no fue acreditada frente al desconocimiento efectuado por esta parte y nada al respecto se indicó en la autopsia obrante en la causa penal. Citan doctrina de autor referida a la carga de la prueba y doctrina legal sobre el absurdo (v. fs. 269/270).
Sostienen que la desproporción y desmesura de la suma fijada en tres millones de pesos ($3.000.000) es mayor si se tiene en cuenta que lo ha sido para el mes de agosto de 2003, importe que convertido a dólares estadounidenses resulta la cifra de novecientos noventa mil en esa moneda extranjera (USD 990.000) y que, puesta de manifiesto la falta de prudencia jurídica, habilita la revisión en esta sede extraordinaria a través de la doctrina del absurdo que citan (v. fs. 270 y vta.).
II.2.c. Resaltan que la exorbitante indemnización fijada por el valor vida y el daño moral al día 3 de agosto de 2003 asciende a la suma aproximada de un millón y medio de dólares estadounidenses, sin la debida fundamentación, lo que pone en evidencia el absurdo en el pronunciamiento y además el enriquecimiento ilícito de la actora, pues agregando los intereses a la tasa acumulada de 273,10% por 5.599 días transcurridos, ascienden a la suma de $12.291.112,86 y, adicionándole el capital, la indemnización es de $16.791.112,86 (v. fs. 270 vta. y 271).
III. El recurso prospera parcialmente.
Llega a estudio esta causa en la cual los recurrentes se agravian de que se les haya atribuido el treinta por ciento (30%) de responsabilidad en el fallecimiento de la hija de la actora y, además, del importe de las indemnizaciones del daño material y daño moral.
III.1. Ahora bien, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O. de 19-XII-2014), corresponde dejar sentado el marco legal en que habrá de resolverse la cuestión planteada, en razón de que su art. 7 dispone que "...a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...". En el caso, nos encontramos ante un reclamo de indemnización por daños y perjuicios producto de un hecho ilícito; por lo tanto, teniendo en cuenta que el daño es un elemento constitutivo de la relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable por disposición de la ley y no su consecuencia (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes , 1ra. Edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 100 a 104), la cuestión deberá ser resuelta a la luz de las disposiciones del código fondal vigente al momento del hecho (3 de agosto de 2003), o sea, el Código Civil de Vélez Sarsfield.
Ingresando al estudio de la impugnación acerca de la responsabilidad en el evento, anticipo mi decisión desestimatoria, la que a continuación explicaré.
Esta Corte tiene dicho que determinar el grado de responsabilidad de cada protagonista en un accidente de tránsito, así como la acreditación de la situación prevista en el último párrafo del segundo apartado del art. 1.113 del Código Civil, constituyen cuestiones de hecho no susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre quebrantamiento de las reglas que rigen la prueba o apreciación absurda de la misma (conf. doctr. causas C. 118.439, "Farías ", sent. de 22-VI-2016 y C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018).
Los agravios de los recurrentes giran en rededor de la prioridad de paso que tenía el camión al circular en la ruta 8 frente al automotor que cruzaba esa vía. Sin embargo, no se hacen cargo del fundamento central del pronunciamiento.
La Cámara, aplicando el art. 1.113 del Código Civil, encontró que efectivamente el accionado había logrado acreditar la culpa del tercero en el conductor del automóvil, ya que analizando el croquis obrante en la causa penal confirmó que no existía una rotonda en el cruce de la ruta nacional 8 con la ruta provincial 6 sino un distribuidor y que si bien no le asistía al pequeño rodado la prioridad de paso, encontró que por las "...circunstancias de tiempo y lugar imperantes en la ocasión, imponían al demandado adecuar su conducción de modo de conservar el dominio de su rodado, previendo -al acercarse a un cruce de rutas, con llovizna y de noche, señalizado con cartel y luz amarilla de semáforo- contingencias como la acaecida, para evitar causar daños a terceros" (el destacado me pertenece; v. fs. 252 cuarto párr. y vta. primer párr.). Tal conclusión lo llevó a determinar la atribución de responsabilidad en el treinta por ciento (30%) del total al conductor del camión, lo que se proyecta al dueño del rodado y alcanza a la citada en garantía.
En su impugnación los recurrentes insisten en que el camión tenía prioridad de paso, que esa cuestión no podía soslayarse, que no está probada la violencia del impacto ni el arrastre del rodado menor, que no hay elementos para determinar la velocidad y que es doctrina legal que el hecho de ser el embistente no permite atribuirle la responsabilidad (v. fs. 259/263).
Del relato surge claramente que confrontan la decisión del Tribunal de Alzada, desde un punto de vista subjetivo, sin demostrar el vicio lógico en el razonamiento que llevó al resultado que le desconforma (conf. doctr. art. 279, CPCC).
No hay discusión respecto de la condición climática imperante (llovizna y nocturnidad), por lo que ambos rodados debieron extremar las precauciones en la conducción, sobre todo el automóvil por ingresar en una vía de mayor jerarquía, pero también es necesario tener en cuenta que al cruzar la ruta 8 ya había traspasado la mano contraria por la que circulaba el camión. El conductor de este último rodado no consiguió impedir la colisión a pesar de que advertían del cruce una señal de precaución y un semáforo con luz amarilla; además, la intersección de las rutas estaba iluminada. Por otro lado, se desconoce la velocidad a la que circulaban los vehículos porque no hubo huellas de frenado (v. pericia, fs. 159 pto. 2 y causa penal agregada en fot
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