Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123565
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.565, "M., J.; M., J. M. y M., A. contra L., M. J.. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia que había estimado procedente el reclamo impetrado y, en consecuencia, rechazó la demanda por considerar que se encontraba prescripta la acción (v. sentencia de fecha 13-VI-2019).
Se interpuso, por la letrada apoderada de los actores, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-VII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. J., J. M. y A. M. iniciaron el presente reclamo indemnizatorio contra M. J. L. -en su carácter de heredera de R. L. L.- en virtud de los daños y perjuicios sufridos por el homicidio de su padre R. J. M., quien (conforme lo juzgado en sede penal) fue asesinado por encargo del tío de los actores, R. L. L. (v. demanda: fs. 50 y sigs.).
Relataron que el día 23 de febrero de 1988, siendo las 8:15 hs., cuando M. se encontraba en su domicilio -sito en la calle Coello de Meirelles ... de la ciudad de Mar del Plata- junto con su ex esposa M. P., A. P. G. (sobrino de la nombrada) y sus tres hijos menores de edad (los aquí actores), dos individuos de sexo masculino ingresaron de manera imprevista en la vivienda, con armas de fuego y con aparentes motivos de robo. A continuación, expresaron que luego de intimidaciones, amenazas y de tenerlos encerrados en distintas habitaciones de la casa, asesinaron al señor M. y huyeron del lugar.
Alegaron que el móvil del homicidio -de acuerdo con la causa penal- fue económico, pretendiendo L. apoderarse de la empresa que tenían en común. Para fundar su posición transcriben la acusación de la señora fiscal en la causa n° 36.374 de trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 2 departamental. Siguieron con su relato señalando las diferentes causas penales que dieron origen el hecho dañoso, destacando que R. L. fue detenido el día 29 de febrero de 1989 y procesado por la muerte de R. J. M. el día 23 de febrero de 1988. Expresaron que con posterioridad fue acusado y condenado a reclusión perpetua en juicio oral, con sentencia dictada el 11 de diciembre de 1989 por los delitos de Instigación a Robo Calificado (dos hechos) y Homicidio Calificado por Precio o Promesa Remuneratoria y el concurso premeditado de dos o más personas. Agregaron que esta Suprema Corte, con fecha 21 de junio de 1994, anuló el fallo del juicio oral en lo atinente al delito de homicidio, reenviando los autos para que se dictara sentencia delimitando la pena para los dos robos calificados.
Puntualizaron que el día 20 de septiembre de 1994 se llevó a cabo la audiencia oral, condenando a L. (con fecha 22-IX-1994) a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por los delitos de Robo Calificado. Adunaron que con fecha 22 de febrero de 1995 se realizó la audiencia oral por el delito de Instigación de Homicidio y el 28 de febrero de 1995 se lo condenó a la pena de dieciocho años de reclusión.
Sostuvieron que, como consecuencia de sucesivos remedios recursivos interpuestos por el reo, recién el día 20 de diciembre de 2002 el Tribunal de Casación confirmó la pena.
Asimismo, afirmaron que el acusado obtuvo autorización judicial para salir del país en el año 1998 y 2002 y que el día 28 de febrero de 2003 el defensor particular de L. denunció su suicidio en el expediente punitivo. Refirieron que de la causa n° 106.505 en trámite por ante el Poder Judicial de Mendoza surgía que L. se había suicidado con cianuro y había dejado una nota responsabilizando a sus padres y a su ex concubina. Todo ello con una identidad falsa.
Siguiendo el relato con el detalle de los acontecimientos judiciales, puntualizaron que en el primer juicio oral se presentaron como particulares damnificados N. E. M., V. G. M. y M. d. C. G., viuda de M., y en el segundo juicio oral se presentó G. V., madre de los actores.
En rigor, los aquí accionantes reclaman el resarcimiento por los rubros concernientes a valor vida de R. J. M., daño psicológico y daño moral, sufridos por el atroz hecho delictivo descripto que terminó con la vida de su padre y que fuera vivenciado por los actores, J., J. M. y A. M., a la temprana de edad de 11, 9 y 2 años, respectivamente.
A fs. 94 vta. solicitaron la dispensa de la prescripción, establecida en el art. 3.980 del Código Civil.
A fs. 2.208/2.224 se presentó el letrado apoderado de la accionada M. J. L. y en tal carácter contestó demanda, haciendo una negativa general y pormenorizada de los hechos invocados en el escrito de inicio. Asimismo, solicitó el rechazo de la dispensa de prescripción, alegando: 1) la fecha de acaecimiento del hecho dañoso (23-II-1988), la data de interposición de la demanda (5-V-2006) y lo dispuesto por el art. 4.037 del Código Civil, esto es, el plazo de prescripción bienal que opera en el ámbito de la responsabilidad extracontractual; 2) la circunstancia de que al momento de los hechos y durante todos los años que transcurrieron hasta la mayoría de edad los hermanos M. estuvieron representados legalmente por su madre, G. V.; 3) la falta de certeza acerca del trauma psíquico como impedimento para accionar, por cuanto ningún daño psíquico se ha invocado respecto de la representante legal, quien pudo accionar perfectamente en representación de los menores para denunciar penalmente y 4) el hecho de que A. M. cumplió veintiún años el 8 de abril de 2006, e inició la demanda el 5 de mayo de 2006; no obstante, sus hermanos llegaron a la mayoría de edad mucho antes, J. el 30 de marzo de 1998 y J. M. el 25 de febrero de 2000 y no accionaron.
II. La señora jueza de primera instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por la accionada, con costas a su cargo dada la condición de perdidosa, y estimó procedente la demanda incoada por J., J. M. y A. M. contra M. J. L., en su carácter de heredera de R. L. L., condenando a esta última a abonar a los actores la suma de $10.638.107, con más intereses (v. sent. de fecha 23-IX-2018).
En lo que aquí interesa destacar, la sentenciante de origen -luego de señalar las disposiciones legales aplicables al caso en materia de prescripción y dispensa del plazo prescriptivo (arts. 3.980, 3.960 y 4.037, Cod. Civ.)- destacó que, si bien el texto de la ley hacía referencia a "dificultades o imposibilidad de hecho" de ejercer la acción, tal obstáculo podía ser también de índole moral, frente a la existencia de una injustificada carga psíquica o de riesgo personal, extremo que encontraba configurado en la especie.
Para así decidir, subrayó que estaba acreditado en autos que los actores sufrieron daño psíquico como consecuencia del homicidio violento de su padre R. J. M.. Remarcó que -por otra parte- los accionantes y su madre habían vivido bajo amenaza, por lo que no podía soslayarse el temor y la intimidación a la que se vieron sometidos durante años, la cual mermó recién con la muerte de L..
En dicho contexto, juzgó que G. V. se había encontrado moralmente en una encrucijada insuperable pues, por un lado, debió contener a tres hijos con un trauma gravísimo, tuvo que afrontar económicamente su crianza, los tratamientos psicológicos de sus pequeños y velar por su seguridad; y por el otro, convivir con el temor permanente que le generaba la existencia de su cuñado, instigador del homicidio del padre de sus hijos, persona adinerada de una familia económicamente fuerte y con posibilidades de ejercer poder; quien no solo hostigaba a los actores sino de quien también podía temer que intimidara a su propia hermana, esposa del asesino, quien a su vez estaba a cargo de una hija pequeña.
A ello agregó que el accionar del Estado en el proceso penal no había sido el deseado, ya que de la causa n° 36.374 surgía que la primera condena había sido anulada y debió realizarse un segundo proceso, circunstancia que tuvo como consecuencia que L. estuviera largo tiempo en libertad. Asimismo, subrayó que este último estuvo prófugo, culminando su raid delictivo en la Provincia de Mendoza, lugar en el que se suicidó con identidad falsa.
A la luz de estas consideraciones, ponderó que todo ello permitía concluir que en la psiquis atormentada de los actores y de su madre existían motivos fundados como para temerle y, a la par, desconfiar del accionar jurisdiccional.
En suma, sostuvo que nada podía reprochársele a G. V., pues su único objetivo había sido proteger a sus hijos de R. L. L. y de cualquier otra amenaza que pudiera existir, habiendo sido A. M. (el menos afectado psicológicamente) quien luego de adquirir la mayoría de edad inició la presente acción dentro del plazo establecido en el art. 3.980 del Código Civil, junto a sus hermanos mayores.
Por las circunstancias expuestas, juzgó que la dispensa de la prescripción debía prosperar.
A continuación, examinó la procedencia de la acción entablada, determinando los rubros indemnizatorios y su cuantía.
III. Apelado este pronunciamiento por la accionada, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó la decisión y rechazó la demanda por considerar que se encontraba prescripta la acción (v. sentencia de fecha 13-VI-2019).
Al respecto sostuvo que el fallo de origen, al considerar operada la dispensa de prescripción, no se apoyó en elementos objetivos de la causa, habida cuenta de que no había prueba pericial psicológica que corroborara la imposibilidad de la madre de ejercer la acción.
Asimismo, advirtió que la sentenciante no tuvo en cuenta dos elementos fundamentales para que opere el referido instituto jurídico, a saber: la existencia del impedimento a la fecha del vencimiento del plazo y la fecha de cesación de dicho obstáculo.
Desde otroángulo expresó que, si bien la decisión afirmaba que V. se encontraba amenazada, no indicó cuándo había sufrido amenazas ni en qué consistieron, máxime cuando a la época del vencimiento del plazo L. se encontraba cumpliendo prisión preventiva.
En atención a lo expuesto y considerando que la presente causa por daños y perjuicios (por responsabilidad civil extracontractual) fue promovida contra M. J. L. dieciocho años después de acaecido el hecho, cuando la acción en cuestión tiene un plazo de prescripción de dos años y no se demostró circunstancia alguna que hubiera impedido a la otrora representante legal de los aquí actores la promoción del juicio, hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta.
IV. Frente a este modo de decidir, la letrada apoderada de los actores interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 3.966 y 3.980 del Código Civil; 34 inc. 4, 36 inc. 2 y 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y de la doctrina legal que cita. Asimismo, alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 10-VII-2019).
En prieta síntesis, aduce que el fallo en crisis aplicó irreflexivamente normas generales omitiendo toda relación con el marco fáctico acreditado en la especie -evidenciado como un caso único por sus trágicas y especialísimas circunstancias y particular desenlace- configurando la decisión un supuesto de dogmatismo judicial, violatorio de derechos constitucionales esenciales, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección tutelar de la minoridad.
De otra parte, afirma que el pronunciamiento incurre en el vicio de absurdo en tanto exige prueba directa a los fines de acreditar la incapacidad psíquica de la madre, omitiendo deliberadamente el vasto plexo presuncional existente en la causa, demostrativo del estado mental inhabilitante en el que se vio sumida la progenitora; a la par que soslaya ponderar las severas y permanentes secuelas psíquicas sufridas por los actores.
V. El recurso prospera.
La cuestión central a dilucidar gira en torno a determinar si existen elementos de convicción suficientes para justificar la dispensa de prescripción cumplida entre la fecha en que comenzó a operar la prescripción (la del hecho que ocasionara la muerte del padre de los accionantes, esto es, el 23 de febrero de 1988) y la interposición de la demanda (5 de mayo de 2006).
V.1. Los fundamentos utilizados por la Cámara para decidir del modo en que lo hizo -en sustancia- fueron los siguientes:
Los actores reclamaron sus respectivas indemnizaciones por el homicidio de su padre, quien en vida fuera R. J. M., ocurrido el 23 de febrero de 1988.
En la demanda interpuesta el 5 de mayo de 2006 la parte actora solicitó la dispensa de la prescripción y la parte demandada planteó la prescripción de la acción.
Cuando ocurrió el homicidio del R. J. M. los aquí actores eran menores de edad. En efecto, J. M. contaba con 11 años, J. M. M. con 9 años y A. M. con 2 años de edad.
Los accionantes, tanto al momento del evento dañoso como a la fecha en que se cumplió el plazo de prescripción, estaban bajo la representación legal de su madre, G. V., por lo que debe analizarse si esta -a la época en que se produjo el vencimiento del plazo de prescripción- se veía impedida de ejercer la acción en representación de sus hijos, de manera tal que dicha circunstancia torne viable la dispensa invocada (art. 3.980, Cód. Civ.).
De lo expuesto concluyó que no encontraban en autos elementos probatorios que permitieran arribar a las conclusiones expuestas en la sentencia de primera instancia.
Señaló que, tanto al afirmar el fallo que V. revestía una "condición de vulnerabilidad emocional", como al decir que se "encontraba moralmente en una encrucijada insuperable", no se apoyaba en elementos objetivos de la causa. De hecho, subrayó que a su juicio no existía en autos prueba pericial psicológica o de otra índole que permitiese determinar no solo la condición emocional de la señora V. a la época en que se cumplió el plazo de prescripción, sino tampoco que aquella hubiese sido de un grado tal que le haya impedido ejercer la acción en nombre de sus hijos (arts. 375, 376, y concs., CPCC).
En conclusión, sostuvo que habiéndose cumplido el plazo estipulado en el art. 4.037 del Código Civil y no encontrándose acreditados los extremos que tornasen procedente su dispensa, debía revocarse la sentencia en crisis y, en consecuencia, rechazarse la acción.
V.2. Por su parte, la recurrente -en juicio que comparto- sostiene que el Tribunal de Alzada ha dictado un fallo dogmático, ritualista, descontextualizado del marco fáctico irrefutable que surge de la causa, privando a los actores -quienes han sido víctimas de un hecho traumático que ha quebrado sus vidas para siempre y cuyas secuelas psicológicas aún perduran- del derecho al acceso a la justicia y el debido proceso legal (arts. 15 y 18, Const. nac.).
En efecto, el homicidio del padre de los accionantes acaecido el 23 de febrero de 1988, cuando los señores M. tenían 11, 9 y 2 años de edad -hecho incontrovertido en autos (v. contestación de demanda: fs. 2.208/2.224, absolución de posiciones: fs. 2.433/2.424 vta.; causas penales agregadas a las presentes)- dejó tanto a la señora V. como a sus hijos en un estado de vulnerabilidad y de total desamparo económico y espiritual.
V.2.a. Del minucioso estudio de los antecedentes reunidos en las presentes actuaciones surge -tal como fuera reseñado por la sentenciante de origen- que los actores tuvieron como representante legal a su madre hasta que adquirieron la mayoría de edad. No obstante ello, se vio impedida de ejercer la acción por la condición de fragilidad emocional en la que se encontraba, habida cuenta de que como madre de tres hijos tuvo que afrontar la crianza y el cuidado de sus niños flagelados por la tragedia del asesinato de su padre, instigado por su propio cuñado, sin marco de contención alguno ya que su hermana era la esposa del homicida y sus padres fallecieron poco tiempo después de acontecidos los hechos. Cabe adunar que la situación familiar se vio agravada por el accionar de L. -definido a lo largo del proceso como una persona con rasgos psicópatas y violentos- quien tanto dentro como fuera de la cárcel amenazó de manera continua a los actores (v. declaraciones de testigos P.: fs. 2.349/2.353 vta.; V.: fs. 2.364/2.366; P.: fs. 2.431/2.432 vta.).
V.2.b. Asimismo, se encuentra sobradamente acreditado el daño psíquico, incapacitante y permanente padecido por los accionantes como consecuencia del homicidio violento de su padre.
Del informe efectuado por la perito psicóloga María Laura Maldonado (v. informe pericial: fs. 2.575/2.584 y explicaciones: fs. 2.594/2.595) surge que A. M. evidencia síntomas de Estrés Post Traumático Crónico (v. fs. 2.577), presentando síntomas de ansiedad, angustia, evasión o evitación, inseguridad, cambios en relación al manejo de las relaciones intrapersonales, desolación, sentimientos de abandono ante las posibles pérdidas y ante las pérdidas concretas, incapacidad para expresar sentimientos de rabia, temor, desesperanza, horror intenso, reexperimentación de recuerdos recurrentes e intensos de imágenes de su padre asesinado, entre otros, todo ello como consecuencia de la muerte violenta de su padre y la amenaza de su integridad física y la de sus hermanos. Asimismo, que A. M. durante su niñez presentó estados disociativos en los que repitió el suceso a través de ensoñaciones diurnas y conductas reactuadoras iguales o semejantes a aspectos de la situación traumática, intensificándose la sintomatología e hipersensibilidad frente a estímulos del medio que se asocian o simbolizan el trauma.
La experta explicó también los síntomas de evitación, informando que desde el hecho A. ha realizado esfuerzos por evitar los pensamientos y sentimientos relacionados con el evento traumático, agregando que actualmente evita conversar del suceso y elude actividades en que aflore el recuerdo asociado al evento. También destacó el embotamiento afectivo como anestesia emocional, traducido con disminución de intereses, inhibición conductal y disminución de la capacidad para sentir emociones de enojo. Puntualizó que el actor actualmente y como consecuencia del hecho de autos presenta dificultad para conciliar el sueño, para terminar tareas intelectuales o de estudio que lleven más de veinte minutos de tiempo, descartando otra causa que no sea el evento de autos.
La perito subrayó la cronicidad del cuadro y lo atribuyó a la privación inesperada de la pérdida de la vida de su padre y a las amenazas posteriores de parte del instigador del asesinato de su padre (tío, esposo de la hermana de su madre). De la misma manera hizo referencia a lo crónico del cuadro, causado por la identidad del autor del evento (tío), lo que conllevó la destrucción masiva de los lazos familiares en los tres períodos vitales del desarrollo de su persona (niñez, pubertad y adolescencia), pero también resaltó la incidencia por la participación en procedimientos judiciales durante toda su vida.
Concluyó -en lo que a este punto interesa- que el actor sufre de Estrés Post Traumático Crónico, consecuencia directa y causal del homicidio de su padre, manifestándose -entre otros- con síntomas de evitación, haciendo esfuerzos por eludir pensamientos y evitar conversar sobre el suceso y activida
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