Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125069
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.069, "Silva, Gustavo Daniel contra Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Genoud , Soria, Violini.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó íntegramente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 432/457 vta.).
Se interpuso, por ésta, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 463/477 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado -por mayoría- rechazó la demanda promovida por Gustavo Daniel Silva, mediante la cual había reclamado el pago de una reparación integral -con sustento en las normas del derecho común- por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió en ocasión del cumplimiento de sus tareas como agente del Servicio Penitenciario bonaerense (v. fs. 432/457 vta.).
Para así decidir, con especial sustento en lo alegado por las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso, juzgó que el actor no había logrado acreditar -como era su carga (conf. art. 375, CPCC)- los hechos que invocó en defensa de su pretensión, a saber: que el accidente de trabajo que sufrió al recibir un disparo de su propia arma de fuego se hubiera producido por incumplimiento del deber de seguridad por parte de la accionada -autoasegurada- (v. vered., cuarta cuestión, fs. 435/436).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
En lo medular de la crítica sostiene que dicho pronunciamiento transgrede el postulado de la congruencia e incurre en una absurda valoración de los hechos y de las pruebas de la causa.
Manifiesta que si bien el tribunal de trabajo efectuó una descripción del siniestro y lo tuvo por acreditado, así como también sus secuelas incapacitantes, culminó por juzgar que no existió relación causal, no obstante obrar en autos actuaciones administrativas y judiciales que califican al evento como un accidente de trabajo.
Aduce que de los escritos de demanda y contestación no resulta controvertido que el infortunio ocurrió dentro del establecimiento, durante la jornada laboral y con el arma reglamentaria como elemento de trabajo; lo cual revela que el argumento de la contraria -vinculado a un supuesto "intento de suicidio"- es propio de una defensa evasiva, dilatoria y carente de todo medio de prueba que lo acredite.
Argumenta que el sentenciante se apartó de los escritos postulatorios, atento que el siniestro laboral y su relación de causalidad con la herramienta de trabajo (arma), sumado a la inexistencia de elementos que demuestren el cumplimiento del deber de seguridad y capacitación por parte de la empleadora, conducen a revocar el fallo de grado y declarar procedente el reclamo articulado.
Indica que devino desacertada la afirmación del juzgador en cuanto a que en la demanda no se mencionó ningún presupuesto de responsabilidad, ya que su parte hubo de endilgarle a la accionada el incumplimiento de los deberes de seguridad y capacitación; invocando además (en los términos del art. 1.113 del Código Civil) el riesgo profesional en la utilización de una herramienta de trabajo evidentemente riesgosa.
Expone que con la pericia médica producida en autos quedó probado que "el proyectil ingresó desde abajo hacia arriba", lo cual revela el carácter extraordinario y accidental del evento tal como fuera descripto en la demanda, echando por tierra la hipótesis -no comprobada- del suicidio.
Invoca errónea distribución de la carga de la prueba, ya que, de un lado, el accidente de trabajo se encontraba acreditado con el fallo de la Sala III de la Cámara de Seguridad Social, con la pericia médica y con toda la documental reunida y; del otro, la demandada siquiera intentó demostrar su alegación en torno al "intento de suicidio".
Agrega que tampoco hubo de analizarse la cuestión bajo la órbita de la teoría de los actos propios, en tanto quedó probado que en la instancia administrativa se reconoció el infortunio y se abonaron prestaciones dinerarias por un porcentaje menor de incapacidad, no pudiendo luego en sede judicial desconocerse tales circunstancias y disponerse el rechazo de la acción intentada.
Señala que, por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, la empleadora se encontraba en mejores condiciones para probar el cumplimiento de los deberes de capacitación en el uso de armas.
Asimismo, expresa que el juzgador vulneró la máxima procesal iura novit curia , ya que habiendo expuesto sucintamente los hechos, las lesiones, el carácter laboral del accidente y el pago de prestaciones en sede administrativa, correspondía al tribunal de origen aplicar correctamente el derecho vigente y declarar procedente la demanda promovida.
Aduce que la manifiesta incongruencia y discordancia con la cuestión sometida a debate hacen que el fallo de grado no se encuentre debidamente fundado, tal como lo requiere el art. 168 de la Constitución provincial. Añade que tal orfandad de argumentación imposibilita y dificulta un ejercicio justo y adecuado de defensa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 97.261, "Azpeitia", sent. de 19-XII-2012; L. 116.999, "Peralta", sent. de 8-X-2014; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015 y L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016), que -adelanto- no encuentro configurado en la especie.
III.2. Sostuvo el tribunal de grado que en el relato de los hechos el promotor del pleito se había limitado a afirmar la falta de previsión y negligencia en el cumplimiento de las condiciones del trabajo y sobre las herramientas habituales, sin individualizar al vínculo causal con el daño sufrido (v. fs. 435 in fine y vta.).
Expresó que de la lectura de la demanda no surgía cual era el deber de seguridad omitido, no efectuándose ningún planteamiento con referencia a la relación existente en la omisión de la empleadora y el siniestro ocurrido (v. fs. 435 vta.).
Hizo mérito de la absoluta orfandad probatoria tendiente a demostrar el incumplimiento de las normas presuntamente incumplidas y/o los hechos sostenidos. En este aspecto, señaló que no se aportó ningún elemento que acredite falta de previsión y negligencia referida; no se requirió la opinión de un experto ni se ofreció la realización de una pericia técnica de seguridad e higiene; no existió prueba documental ni informativa y los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa no aportaron ningún elemento de convicción sobre el punto (v. últ. fs. cit.).
En definitiva, consideró que no fue demostrado que el accidente de trabajo que afectó al actor se hubiera producido por incumplimiento del deber de seguridad por parte de la empleadora (v. fs. 435 vta. in fine ).
Puntualizó además que la demanda presentaba deficiencias fácticas y técnicas en el modo de plantearla, ya que el relato de los hechos resultaba insuficiente y no guardaba un nexo lógico que permitiera establecer una vinculación entre el accidente relatado con las responsabilidades que pudiera haber tenido la empleadora (v. fs. 445).
En ese orden, manifestó el sentenciante que en el escrito liminar no se mencionó ningún presupuesto de la responsabilidad civil (antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y daño), requisito esencial para determinar si existe algún nexo causal entre un hecho y alguna responsabilidad (v. fs. 446).
Precisó que es de público y notorio conocimiento que la unidad carcelaria donde presta servicios el actor es un penal con régimen de mediana seguridad, siendo contrario a todo razonamiento lógico que el personal de apostados en la guardia externa del presidio carezcan de armas, situación contemplada solo para los establecimiento de mínima seguridad o abiertos, en los cuales el uso de armas reglamentarias por el personal penitenciario quedará limitado a circunstancias excepcionales en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad del interno, agentes o terceros (art. 66, ley 12.256), que no es el caso de autos (v. fs. 447).
Explicó que en el supuesto de que al accionante no se le hubiese provisto el arma hasta el momento del siniestro -es decir tres años y nueve meses después de cumplir las tareas en la guardia externa-, dada la situación de anormalidad y/o excepción que ello significaría, estaba a su cargo acreditar esa circunstancia (v. fs. 447 vta. in fine /448).
Con todo, tuvo por comprobado que: a) Gustavo Silva se desempeñó desde su ingreso al Servicio Penitenciario cumpliendo funciones en la Guardia, es decir, desde tres años y nueve meses antes del hecho; b) su horario de ingreso el día del siniestro fue a las 6:30 hs.; c) el accidente ocurrió a las 17:50 hs.; d) en el momento del infortunio el demandante estaba en horario de descanso; e) tenía asignada un arma de fuego reglamentaria (marca Browning 9 mm); f) con ella realizó una mala maniobra, recibiendo un proyectil de bala y; g) se disparó accidentalmente (v. fs. 448).
Sobre la plataforma fáctica expuesta, el tribunal de grado juzgó que resultó una afirmación inverosímil sostener -como se expresó en la demanda- que se le había entregado el arma al actor minutos antes, cuando se encontraba en descanso; careciendo también de sentido lo dicho en relación a que "en actuaciones administrativas e IPP respectiva, hay constancia formal que dicho armamento lo recibí por primera vez minutos antes", teniendo en cuenta que no se aportó ningún elemento de prueba que respalde esa aseveración (v. fs. cit.).
En definitiva -concluyó el sentenciante- el nexo causal necesario para que la pretensión prospere no se encontraba acreditado, atento la insuficiencia que porta el relato de los hechos en la demanda y los distintos elementos de prueba analizados y, sobre tales bases, juzgó que la acción -tal como había sido planteada- debía desestimarse (v. fs. 449 y vta.).
III.3. Centrando sus esfuerzos en evidenciar que el fallo de grado transgrede el principio de congruencia, por hallarse demostrado en autos (con los elementos de prueba que indica) el carácter laboral del accidente, los argumentos del interesado, en rigor, transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica concreta y eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado con fundamento en las pruebas producidas en la causa.
En efecto, una detenida lectura del contenido del recurso da cuenta que el agraviado, lejos de demostrar que la sentencia se aparte de la pretensión jurídica que conforma el contenido de la disputa y que no medie conformidad entre aquella y el pedimento formulado, se aleja del hilo conductor que llevó al tribunal de trabajo a desestimar la acción civil intentada, definido por la circunstancia de no haber demostrado la parte actora, dentro del régimen que -entendió- eligió para fundar su pretensión (art. 1.109 del Código velezano), la culpa de la empleadora en la producción del daño, al juzgar configurada la ausencia de causalidad adecuada entre el accidente motivo de reclamo y el accionar de esta última. Ello, teniendo en consideración la insuficiencia que porta el relato de los hechos plasmado en la demanda y los distintos elementos de prueba ponderados (v. sent., fs. 445/449 vta.).
A ello cabe agregar que -contrariamente a lo alegado por el interesado- el solo hecho de encontrarse acreditado el accidente de trabajo, en modo alguno tendría virtualidad para definir la existencia de responsabilidad civil de la demandada en la causación del daño.
En tales condiciones, las apreciaciones que se vierten en el recurso no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, que -como se dijo- no logran rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perroita", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Ha de recordarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017) que en el caso -cabe reiterar- no se evidencia.
III.4. En el contexto descripto, tampoco considero que el tribunal de origen hubiera transgredido el principio iura novit curia.
Sobre el particular, conviene memorar que, según ese apotegma, los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, deviniendo necesario pronunciarse acerca de cuál es -en definitiva- el aplicable al caso. El ejercicio de dicha facultad no infringe los principios de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida (causa L. 104.344 "Machado", sent. de 5-X-2011; e.o.).
Sin embargo, la circunstancia de que el citado principio permita al juez enmendar el derecho mal invocado o suplir el omitido; en modo alguno autoriza a sanear otras deficiencias que pudiesen detectarse en el planteo de la acción (causas L. 88.143, "Barroso", sent. de 23-VII-2008 y C. 109.879, "Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020), hipótesis esta última sobre la que se sustentó el pronunciamiento y permanece firme ante esta instancia.
III.5. Similar consideración merece el cuestionamiento fundado en la presunta transgresión de las reglas de la carga de la prueba.
Es que no se advierte configurada la evocada transgresión al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no se ha demostrado que se haya impuesto a una de las partes la obligación de probar hechos cuya acreditación pesaba sobre la otra (causas L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; L. 104.303, "White", sent. de 29-II-2012 y L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014).
III.6. De allí que, en virtud del específico cometido que asiste a este Tribunal, las discrepancias que subjetivamente postula la recurrente no pueden sustentar la procedencia de la crítica.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El actor demandó la reparación integral de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que padece como consecuencia del disparo de arma de fuego reglamentaria recibido el 29 de abril de 2007 en el predio de la accionada donde prestaba servicios. Lo hizo, en lo sustancial y con fundamento en el art. 1.109 del Código Civil (ley 340), por considerar que tanto la empleadora como la administradora de riesgos del trabajo incurrieron en grave negligencia por no haberlo instruido en el uso de armamento y tiro a la par que -en el caso de la segunda- por no haber controlado que dicha capacitación se llevara a cabo (v. lo expresado a fs. 77 vta., 78 vta., 83 -e.o-). Luego, y aunque con un desarrollo más breve, también demandó por responsabilidad objetiva con respaldo en el art. 1.113 del mismo Código, por el riesgo y/o vicio de la cosa (v. fs. 85 vta., 89 vta./90 y 106 vta.) y reclamó a la aseguradora de riesgos del trabajo por los perjuicios que su actitud "imprudente lesiva y artera" le habría provocado al intentar dejarlo sin cobertura luego de que transcurrieran treinta días desde el infortunio, cuando se encontraba todavía internado (v. fs. 78 vta. y 79). Por último, y después de que la demandada concentrara su defensa en el carácter inculpable del padecimiento del actor, insistió -entre otras consideraciones relativas a la responsabilidad de aquélla- en el arma y el contexto de riesgo objetivo que su empleo genera (v. fs. 198).
I.2. Me detuve en el contenido de la pretensión del actor pues considero que, efectivamente, pese a que reclamó también con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil por el riesgo profesional, el a quo sólo se ocupó de la responsabilidad subjetiva de la accionada, haciendo caso omiso de ese otro reclamo.
En efecto, el voto que concitó la mayoría en la instancia anterior se ocupó del factor de atribución subjetivo de responsabilidad y, en ese orden, concluyó que no fue demostrado que el accidente de trabajo que afectó al actor se hubiera producido por el incumplimiento del deber de seguridad en cabeza de la empleadora (v. fs. 435 vta.) o, más precisamente, que "...se hubiera producido por falta de previsión y negligencia en el cumplimiento de las condiciones de trabajo del actor, conclusión sostenida teniendo en consideración lo expresado por las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso y la prueba producida..." (fs. 449).
Surge nítido entonces, que el juzgador de origen no se mostró atento a la pretensión jurídica que forma parte de la controversia pues, conforme se ha visto, no la resolvió en toda la extensión con que fue planteada.
I.3. En ese orden y toda vez que la materia sobre la cual debió expedirse el tribunal integró la pretensión liminar (reparación de los daños por responsabilidad objetiva de la demandada), la ausencia de su tratamiento configura una incongruencia por omisión -decisión citra petita - cuyo control casatorio debió procurarse a través del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007; L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.471, "Villabriga", sent. de 12-II-2020 -e.o.-), y no, como lo hizo el recurrente, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con denuncia de vicio de incongruencia (causas L. 104.322, "Echave", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012; e.o.), por lo que corresponde rechazar sin otras consideraciones este tramo de la impugnación.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.