Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123414
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 278 CPCC); con costas.
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelación del Departamento Judicial de La Plata, confirmó la decisión del juez de la instancia de origen que, a su turno, hiciera lugar a la demanda por daños y perjuicios articulada por Jorge Ricardo Girola contra Luis Ilarrascape y Ferrobaires U.E.P.F.P., modificando la cuantía indemnizatoria, la que determinó en la suma de ciento veinte mil pesos ($ 120.000), con más los intereses según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a plazo fijo a 30 días durante los distintos períodos de aplicación (v. fs. 376/381 vta.; resol. de 6-XII-2016 y aclaratoria de 20-XII-2016).
Luego, durante el trámite de ejecución de sentencia, presentada la liquidación por el actor y evacuado por la accionada el traslado conferido, el juez de origen aprobó la practicada por la parte actora en la suma de trescientos noventa y un mil ochenta y dos pesos ($ 391.082; v. fs. 399; resol. de 12-V-2017).
Posteriormente, la representante de la Fiscalía de Estado provincial realizó una presentación solicitando la readecuación de la liquidación aprobada, con sustento en la aplicación en la especie de la ley de consolidación 12.836 y su decreto reglamentario 1.578/02 (v. escrito de fecha 2-V-2018; fs. 425/426).
El juzgador de origen, luego de contestado el traslado por el actor, resolvió que en la especie resultaba aplicable la ley 12.836 y sus modificatorias y dispuso que se efectúe una nueva liquidación en base a los parámetros previstos en los arts. 15, 16, 19 y cctes. de la citada ley, 7 de la ley 13.436 y 4 inc. "h" del decreto reglamentario 1.578/2002 (v. fs. 442/444; resol. de 5-XI-2018).
Apelado el referido fallo por la parte actora, la Cámara de Apelación interviniente lo revocó. Para así decidir consideró que el fisco había sido anoticiado del cálculo del actor en dos oportunidades y en ninguna de ellas había reclamado la aplicación de la ley de consolidación 12.836. En tal sentido meritó que el régimen pretendido no dependía del monto de la liquidación a practicarse y que hubiera justificado diferir la discusión para ese momento, sino que sólo exigía considerar, por un lado, la firmeza de la decisión y cotejar, por otro, la fecha de la causa de la obligación con la de corte prevista en la normativa (arts. 8 y 19 de la ley 12.836 y 4 inc. "h" del decreto 1.578/2002). Y estos parámetros que recién fueron invocados por el fisco en la presentación de fs. 425/426, pudieron haber sido introducidos desde la devolución de la causa a la instancia, porque resultaban independientes de cualquier resultado que arrojara el cálculo del actor, concluyendo así en que la alegación resultaba tardía y que además importaba ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces: en el caso, la conformidad prestada al cálculo y el consentimiento al auto que lo aprobó (v. fs. 456/459, y cop. digit. resol. de 23-V-2019).
Contra lo así dispuesto, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 462/468 y present. electr. de 11-VI-2019), el que fue concedido (v. fs. 469 y vta., y cop. digit. resol. de 18-VI-2019).
II. Entrando al análisis de los requisitos de admisibilidad de la impugnación extraordinaria intentada, cabe señalar que, en el caso, el valor del agravio -de conformidad con los planteos expuestos- está representado para la impugnante que persigue la readecuación de la liquidación aprobada (v. escrito de 2-V-2018), por la diferencia entre el monto de la que fuera aprobada y la que pretende por aplicación de las leyes de consolidación que invoca en su presentación de fs. 425/426 (conf. art. 278 CPCC; doctr. causas Ac. 92.906, "Martínez", resol. de 1-XII-2004; Ac. 93.273,"Balade", resol. de 19-VII-2006; Ac. 99.880, "Garro,", resol. de 28-V-2008; C. 118.270,"Ramírez", resol. de 9-IV-2014).
En tal sentido, deviene pertinente observar que en el planteo cuya resolución llega a consideración de esta Corte, tal como expuso en su oportunidad la ahora recurrente (v. contestación de agravios de 12-XII-2018), no ha sido puesta en tela de juicio la constitucionalidad de la normativa de consolidación cuya aplicación se pretende, resistiendo el actor los accesorios pretendidos por el Fisco al solicitar la readecuación de la liquidación sustentada en la referida ley. Asimismo, la demandada había expresado que la acreencia se cobraría en efectivo por haber vencido los bonos de consolidación y, en línea con su planteo, en una de sus presentaciones practicó liquidación por capital e intereses por la suma de $ 157.067 (v. archivo adjunto a escrito de fecha 17-IX-2018).
Y así, en el sub lite , la referida diferencia no alcanza el mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial - según ley 14.141 y Acordada 3.938/19 aplicable al caso- (v. resol. de 12-V-2017 y escritos de 2-V-2018 y 17-IX-2018; conf. doctr. causas Ac. 99.880, cit.; C. 118.316, "Xanthakis,", resol. de 18-XII-2013; C. 121.026, "Ciancaglini,", resol. de 26-X-2016 y C. 123.013, "Valdez", resol. de 23-IV-2021
En cuanto al cumplimiento del mencionado recaudo y la gravedad institucional invocada por la recurrente, cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.183 "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.376, "Fernandez", resol. de 31-III-2021; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en el sub lite .
Asimismo, no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por el art. 31 bis de la ley 5.827 citado (v. acápite III.2 del recurso, segundo párrafo) que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020).
Por otra parte, tampoco es de recibo el argumento introducido en relación a la existencia de cuestión federal -planteado en línea con la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (v. fs. 445; CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478)-, pues carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en autos - prima facie - la existencia de un agravio de la índole referida que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega afectación de distintas garantías constitucionales, de acuerdo a los términos del fallo impugnado y el marco procesal descripto, no se aprecian expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 123.704, "Bressan", resol. de 27-VIII-2020).
En consecuencia, el carril extraordinario intentado deviene inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 278 CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2021 17:39:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 09:27:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 11:42:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:42:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 09:27:53 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/11/2021 11:30:25 hs. bajo el número RR-808-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia