Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127396
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Leonardo José Brunetto y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más intereses fijados en la forma y modo en que estableció. Por el contrario, la rechazó en cuanto procuraba la reparación integral, por daños y perjuicios, con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 21-IX-2020).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, señaló que el actor padece, en relación causal con el trabajo, una incapacidad psicofísica del 31,6% del índice de la total obrera, aunque juzgó no acreditados los extremos que tornan viable la pretensión con fundamento en el derecho civil.
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 5-X-2020 y 8-X-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. del 8-IV-2021).
III. En la vía articulada por el legitimado activo (v. presentación del 5-X-2020), el interesado -en esencia- cuestiona la decisión de grado, con arreglo a la cual se liberó de responsabilidad indemnizatoria a la aseguradora demandada en los términos del derecho común. En ese orden, bajo la denuncia de absurdo, ausencia de fundamentación y violación de la doctrina legal que invoca, cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen. En apoyo de su postura, controvierte la apreciación de las declaraciones testimoniales y el informe médico, objetando, a la par, el análisis que llevó a cabo el a quo respecto de la ausencia de prueba pericial técnica.
Por otro lado, se agravia de la condena en costas.
III.1. El recurso no ha de prosperar.
III.2.a. Esta Corte reiteradamente ha declarado que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si existe relación causal entre los incumplimientos atribuidos a la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de prevención y control y las consecuencias dañosas derivadas del infortunio sufrido por el trabajador, constituyen cuestiones privativas de los magistrados del trabajo, irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 116.582, "P., M. M.", sent. de 26-III-2015; L. 120.052 "V., C.", sent. de 19-IX-2018 y L. 126.241, "Maidana", resol. de 29-VI-2021).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2.b. En el caso, el impugnante no satisface la carga que pesa sobre él de evidenciar el error invocado con virtualidad para descalificar la esencial motivación a la que arribó el juzgador de grado. En efecto, la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba producida en el proceso.
Desde esta perspectiva, conviene señalar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz del razonamiento desplegado por los magistrados de origen. Esta tarea no se cumple cuando -como en el caso- el interesado se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas en el pronunciamiento objetado (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
III.3. Establecido lo anterior, pierde entidad la petición que se modifique la atribución de las costas por la pretensión desestimada.
No obstante, frente a las demás argumentaciones ensayadas, cabe señalar que la imposición y distribución de las erogaciones del juicio constituye una atribución privativa de los jueces de mérito, exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018 y L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020), presupuestos no verificados en autos.
IV. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación del 8-X-2020), en primer lugar, objeta la aplicación de la ley 27.348, en tanto entiende que el accidente acaecido, resulta anterior a la fecha de su entrada en vigencia. Seguidamente, cuestiona la interpretación que el a quo realizó de la citada ley, en relación al cálculo indemnizatorio. Luego, se agravia de la tasa de interés aplicado en el fallo. Finalmente impugna la inaplicabilidad del decreto 669/19 al supuesto de marras.
IV.1.a. Liminarmente, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de este modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
IV.1.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.2.a. En ese contexto, y en relación a los agravios dirigidos a objetar la aplicación temporal de la ley 27.348, el cálculo indemnizatorio practicado por el tribunal de grado, y a la inaplicabilidad del decreto 669/19, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la norma del régimen procesal laboral, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682 "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
IV.2.b. En lo que respecta a la tasa de interés aplicable, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009 y L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
En efecto, en los precedentes invocados por la parte recurrente (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; e.o.), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Por otro lado, en la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014), se discutía sobre la tasa fijada para el procedimiento administrativo en una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348); lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeano", sent. 27-VIII-2020 y L. 124.807, "Juárez", resol. de 28-VIII-2020).
IV.3. Por último, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:59:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:24:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:13:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:28:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 08:14:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 08:04:14 hs. bajo el número RR-1530-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia