Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124600
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (292, CPCC y Acordada 1790); con costas.
C. 124.600 "MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL C/ BALDO HECTOR LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Dolores, en relación al pedido de fijación de honorarios del doctor Damián Alberto Martínez -frente al cual la representación de la actora alegara que el mismo carece de derecho a su regulación y percepción por su participación en estos autos- desestimó el planteo de la letrada del municipio, invocando la convalidación de la actuación así como la existencia de etapas precluidas y consentidas -meritando la anterior regulación provisoria en favor del letrado-. Así, hizo lugar a la solicitud del referido profesional, fijó la base arancelaria y estableció sus estipendios en las sumas de $ 73.916 y $ 73.688 por las actuaciones que indicó (v. resol. de 11-V-2020).
A su turno, la Cámara de Apelación departamental confirmó dicho pronunciamiento en lo principal y redujo los honorarios del mencionado letrado a la suma de $ 80.000. El Tribunal de Alzada, abordando en primer lugar los cuestionamientos referidos al mandato del doctor Martínez, consideró que carecía de competencia para analizar -en este proceso de daños y perjuicios finalizado por caducidad de instancia- la validez de un mandato otorgado por el titular del ejecutivo municipal, como para meritar si el acto administrativo se encontraba justificado o si se habían seguido los pasos pertinentes -máxime cuando ni siquiera todos los necesariamente involucrados intervienen en este proceso-. Concluyó así que, más allá de los argumentos invocados por el juzgador de origen, la cuestión debía ser ventilada por quien resulte legítimamente interesado y por la vía y forma que corresponda y desestimó así los planteos de la actual apoderada del municipio sobre el derecho a la regulación de los estipendios del doctor Martínez, abordando las apelaciones sobre el importe fijado en su favor, que finalmente redujo (v. resol. de 13-X-2020 adj. al escrito de la queja).
Frente a ello, los apoderados del municipio interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 3-XI-2020 adj. al escrito de la queja). La Cámara, si bien en un primer momento concedió la vía recursiva en cuestión, luego ante la aclaratoria presentada por el doctor Martínez denegó el referido remedio extraordinario con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resols. de 26-XI-2020 y 10-XII-2020, en archs. adjs. a la queja). Contra la decisión denegatoria se articuló la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 21-XII-2020).
II. Al respecto, y sin perjuicio de otras observaciones que podrían efectuarse sobre el proceder de la Cámara en el trámite del examen de admisibilidad de la vía extraordinaria, lo cierto es que finalmente la misma se denegó por la insuficiencia del valor del agravio teniendo en consideración los importes regulatorios determinados en autos (v. resol. de 10-XII-2020).
En tal sentido, cabe señalar que dicho valor a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en atención a los términos del fallo impugnado y los planteos allí resueltos, está representado por el monto de los honorarios establecidos en el mismo -cuya procedencia en definitiva se cuestiona- (conf. doctr. causas C. 106.536, "Marzol", resol. de 25-VIII-2010; C. 117.918, "Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Calvigioni, Víctor. Cobro ejecutivo", resol. de 7-VIII-2013 y C. 121.803, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Aguirre, Alberto y otras s/ Cobro ejecutivo", resol. de 13-IX-2017). En el caso el importe de tales estipendios no supera el mínimo para recurrir regulado en el art. 278 citado (texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020) para acceder a su revisión por la vía incoada.
Finalmente, tampoco se advierte en estos obrados - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales, en la impugnación subyace tan sólo una divergencia con los fundamentos del fallo que no tiene entidad para demostrar que en el caso se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (art. 15 de la ley 48; Ac. 101.891, "V., R. E.", resol. de 10-VI-2009; C. 121.442, "Larrauri,", resol. de 13-IX-2017; C. 122.766, "Hastoy", resol. de 13-II-2019 y C. 124.056, "Zabala", resol. de 29-VII-2020).
Lo expuesto determina la inadmisibilidad del recurso extraordinario intentado y conlleva al rechazo de la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (292, CPCC y Acordada 1790); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:25:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:10:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2021 12:11:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:18:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 14:07:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2021 13:40:07 hs. bajo el número RR-914-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia