Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.608 "GHISO NORA MABEL C/ MACHADO AMARRAL FERNANDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El apoderado de los demandados deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. 6-VI-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 17-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO FEDERAL MACHADO AMARRAL.pdf").
En el caso, en el marco de una acción de daños y perjuicios y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de Primera Instancia que, a su turno, había intimado a Fernando Machado Amarral, la firma Transporte La Perlita S.A. y la citada en garantía Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, a cumplir con la carga que impone el art. 29 de la ley 13.133 (v. sents. de 14-XI-2019 y 10-IX-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, preclusión, razonabilidad, propiedad, igualdad ante la ley y a ser oído (arts. 14, 17, 18, 28, 75 inc. 12 y 122, Const. nac.; XVIII, DADDH; 10, DUDH; 5 y 14, PIDCyP; 29, CADH; 41, CDN; 1.1, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; v. págs. 2, 11 y 15/21, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, contrariando su propia doctrina y apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 238:23; 238:566; 242:179; 296:177; 236:27; 112:238 entre otros; v. págs. 10/21).
En tal sentido, aduce que el pronunciamiento objetado omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- referidos a: que en autos no corresponde asimilar la situación de la compañía de seguros (citada en los términos del art. 114 de la ley 17.418) a la del chofer codemandado, ni a la de la compañía de transportes, aplicándoles a todos la normativa del derecho al consumo; que la Cámara utilizó un régimen legal que no fue invocado por las partes vulnerando -de ese modo- el principio de preclusión. Y en lo que hace a la infracción de la doctrina de la Corte nacional y su par provincial, afirma que no sólo se la expuso, sino que se probó su similitud con el presente caso, por lo que dichos argumentos resultaban -a su entender- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo .
Además, alega que, contrariamente a lo expuesto, de su simple observancia surge que el fallo del Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, vulneró la doble instancia y resolvió de modo arbitrario los asuntos dirimentes de la causa (v. págs. 10/14, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 2-VII-2021), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 5 de agosto de 2021, a las 11:47:11 hs.).
En relación a dicha presentación, corresponde señalar que el plazo para la contestación del traslado del recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificado -personalmente o por cédula- debiéndose computar el mismo conforme las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257, segundo párrafo, CPCCN; CSJN, Fallos: 160:78; 307:2061; 308:2423; 311:1242; 316:2497 y 317:1354, entre otros).
En ese sentido, el propio Superior Tribunal de la Nación resaltó que dicho término es fatal y perentorio (art. 156, CPCCN; CSJN, Fallos: 114:209; 160:78; 307:2061; y 330:1094, entre muchos) y que resulta de aplicación lo atinente al "plazo de gracia" que contempla el Código Procesal nacional referido (conf. CSJN causa "S. D. c/ R. L. M. s/ reintegro de hijo y alimentos", sent. de 2-VII-2013).
Así, a tenor de la fecha de notificación del traslado conferido (v. "PROVEÍDO" de fecha 2-VII-2021, datos del trámite, "notificación electrónica") y la constancia de ingreso del mentado escrito electrónico (v. escrito cit.), cabe concluir que la contestación resulta extemporánea, debiendo ser tenida por no presentada, reputándosela inoficiosa (doctr. art. 11, Acordada 4/2007; causas C. 120.937, "Vitale", resol. de 8-III-2017 y C. 120.622, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 5-IV-2017, e.o.).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la relación de causalidad en el ámbito de la responsabilidad conforme lo normado por la ley 13.133, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, irrazonable valoración del material probatorio y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo objetado -y del de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 10/21, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. pág. 9, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, debido proceso, preclusión, razonabilidad, propiedad, igualdad ante la ley y a ser oído; arts. 14, 17, 18, 28, 75 inc. 12 y 122, Const. nac.; XVIII, DADDH; 10, DUDH; 5 y 14, PIDCyP; 29, CADH; 41, CDN; 1.1, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; v. págs. 2, 11 y 15/21, adjunto cit.) así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; C. 123.213, "Cutzarida Srl", resol. de 2-III-2021; C. 120.671, "Club De Regatas Bella Vista", resol. de 31-III-2021; C. 123.277, "Tornaroli", resol. de 4-V-2021; C. 124.224, "Ugartemendia", resol. de 8-VI-2021, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:25:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:10:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2021 12:11:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:18:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 14:07:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/12/2021 13:40:09 hs. bajo el número RR-915-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia