Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 122.886 "GARCIA EZEQUIEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. La apoderada de Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por mayoría y con sustento en su insuficiente fundamentación, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 25-II-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 29-III-2021 y su archivo adjunto identificado como "Recurso Garcia Ezequiel.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar y en el marco de una ejecución de sentencia, la Cámara interviniente modificó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a la impugnación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, aprobó el capital por la suma que determinó con más los intereses que fijó. Asimismo, estableció que correspondía computar los rubros indemnizatorios acordados con criterio de actualidad, debiendo el Fisco de la Provincia de Buenos Aires presentar la cuenta respectiva y, en caso de falta de conformidad de la actora, designarse los peritos pertinentes a los fines de arribar a la suma actual. Finalmente, fijó los intereses a la tasa del 6% puro sobre el capital, desde la fecha de notificación de la demanda (11 de diciembre de 1998) y hasta el día 30 de noviembre de 2001 (fecha de corte de la consolidación) y, a partir de allí y hasta el efectivo pago, los accesorios contemplados en la ley 12.836 (v. sents. de 20-II-2017 y 14-VIII-2018 y su aclaratoria de 11-IX-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, la recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial y cosa juzgada (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3/5, 17/19, 24/25, 28 y 30/32, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas, de la normativa que rige al caso y mediante una fórmula estereotipada, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con excesivo rigor formal- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 343:1894; 327:608; 329:5903:4372; 298:113; 304:429; 308:1271; entre muchos; v. págs. 16/31, adjunto cit.).
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce-, los cuales resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo . Y alega que, contrariamente a lo expuesto, de su simple observancia surge -claramente, según su modo de ver- que el fallo del Tribunal de Alzada vulneró la cosa juzgada (v. págs. 18/23, adjunto cit.).
Y arguye, con base en el voto que integró la minoría, que la supuesta insuficiencia de la vía de inaplicabilidad de ley no puede constituir un valladar válido para sortear el análisis de si la Cámara violó o no el mentado principio de cosa juzgada. Y concluye que, en razón de su amparo constitucional y por responder a una consideración esencial del orden público, este Tribunal debió -aún de oficio- ingresar a tratar dicha cuestión (v. págs. 23/26, adjunto cit.).
II.3. Finalmente, reconoce que la situación descripta sería de índole procesal y de derecho común pero, al importar agravios a los derechos de defensa, propiedad y debido proceso adjetivo, se configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía (v. págs. 2/3 y 28, adjunto, cit.)
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 19 de abril de 2021), el mismo fue contestado por el demandado (v. escritos electrónicos de fechas 30-IV-2021).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , las pautas fijadas por la Cámara para efectuar el cálculo de los rubros indemnizatorios y la suficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley para desvirtuar esas conclusiones, art. 279, CPCC) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 2672, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa e irrazonable interpretación de las pruebas y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura asumida por la mayoría de este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local, que ya han merecido respuesta (v. págs. 16/31, adjunto cit. y sentencia en crisis).
IV.3. Por otro lado, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial y cosa juzgada; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3/5, 17/19, 24/25, 28 y 30/32, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 113.190, "Albisu De Soler", resol. de 7-III-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 122.006, "Rodriguez", resol. de 2-III-2021; C. 123.158, "Armonia Azul S.A.", resol. de 31-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/08/2021 16:14:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2021 19:36:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 15:00:39 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2021 12:46:34 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 13:47:17 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/12/2021 15:52:08 hs. bajo el número RR-929-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia