Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126348
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda entablada por Cintia Mariana Barboza en representación de su hijo menor Ian Alan Pérez, María Soledad Sosa en representación de su hijo menor Mateo Benjamín Pérez Sosa y Diana María Castro Lagori en representación de sus hijos menores Lautaro Joshua Pérez Castro y Ángeles Luciana Pérez Castro contra Silmon S.A., Transcom S.A., Antonio Héctor Riccillo, Antonio Héctor Riccillo (h) y Liberty Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., condenando a éstas a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios con motivo del fallecimiento de Miguel Luciano Pérez (quien fuera padre de los demandantes) producida como consecuencia de un accidente de trabajo (arts. 1.067, 1.074, 1.078, 1.083 y 1.109, Código Civil; v. sent. 17-VII-2020).
Para así decidir, tras verificar configurados los presupuestos de responsabilidad en los que fundó la condena del principal en los términos de los citados arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (vigentes al momento en que sucedieron los hechos ventilados en la causa), también, juzgó civilmente responsable a la aseguradora demandada por considerar que no había observado las obligaciones impuestas por la ley 24.557 en materia de prevención de los riesgos del trabajo (arts. 4 y 31, ley 24.557; 901, 902, 1.074 y 1.109 del Código Velezano).
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil y, en consecuencia, acogió la demanda incoada por Lidia Graciela Del Papa y José Agustín Pérez -padres del causante- en cuanto perseguían la reparación del daño moral que les provocara el fallecimiento de su hijo en ocasión y con motivo del trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la codemandada Liberty Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (actualmente Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.) dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 31-VII-2020), concedido por el a quo (v. resol. de fecha 7-IX-2020), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen del 13-VIII-2021).
En su escrito individualiza las normas y doctrina legal que considera conculcada.
II.1. En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, controvierte la decisión de grado en cuanto reputó acreditados los presupuestos de responsabilidad de la aseguradora demandada en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil. Afirma que en autos no se demostraron los incumplimientos y omisiones endilgados a su parte y, en consecuencia -sostiene- la condena fundada en el derecho común resulta improcedente.
II.2. Asimismo, impugna la cuantificación de la reparación integral con sustento en la fórmula empleada en la sentencia, así como los rubros que la componen, esto último, bajo la denuncia de violación del principio de congruencia. En esa misma línea, afirma que el monto de condena resulta arbitrario y excesivo, y constituye un enriquecimiento sin causa a favor de los derechohabientes del trabajador.
II.3. Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil.
II.4. Reitera que el monto de condena resulta exorbitante y desproporcionado y afirma que ha sido calculado a valores actualizados. En ese contexto, postula la aplicación de una tasa de interés puro en lugar de la pasiva establecida por el a quo.
II.5. Por otro lado, reprocha que la participación en el proceso de los menores Pérez Castro -hijos del causante-, una vez iniciada la acción por los restantes codemandantes, se produjo sin que se hubiera conferido traslado a las partes de dicha intervención.
II. 6. Finalmente, se agravia de la regulación de los honorarios de los letrados y peritos intervinientes apelándolos por altos y contrarios al derecho aplicable. Solicita la aplicación en el caso de la ley 24.432.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que reiteradamente esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, constituyen el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado no revisables en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014; L. 119.988, "Llamazares", sent. de 22-VIII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
En el caso, si bien la compareciente denuncia que la decisión de grado adolece de tal excepcional vicio, la crítica, apartada de los fundamentos que estructuran el pronunciamiento de grado, luce manifiestamente insuficiente para acreditarlo.
Ello así, pues el profuso desarrollo que contiene el recurso, a través de argumentaciones desencontradas de las concretas circunstancias de la causa, no resultan eficaces para descalificar las conclusiones expuestas por el juzgador en el pronunciamiento impugnado que justificaron la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del derecho común.
En rigor, las alegaciones traídas en el escrito recursivo sólo exteriorizan un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las consideraciones brindadas por el tribunal de origen al ponderar el particular contexto en el que sucedieron los hechos ventilados en el caso.
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
III.2. Por otro lado, no merece favorable recepción el cuestionamiento que gira en torno a la determinación del monto indemnizatorio.
Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena -en principio- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas para establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo y que -en tal supuesto- la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018).
Ello así, pues la mencionada anomalía no queda configurada aun cuando el criterio del juzgador pudiera ser calificado como objetable o discutible. Es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 118.380, "Arce", sent. de 11-IV-2018; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019 y L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019), desvío que -se anticipa- no demuestra la recurrente.
En efecto, teniendo en consideración las directrices mencionadas, la insuficiencia técnica del recurso luce notoria, desde que la interesada no ha evidenciado que en el pronunciamiento se hubiera incurrido en absurdo.
La impugnante trae argumentos relativos a cuestiones de índole fáctica que pretende reeditar en esta casación, tales como la elección de las pautas para determinar el resarcimiento por daños y perjuicios, los rubros que integran la condena y la fijación del quantum. En ese cometido, no exterioriza más que su disconformidad con la decisión de grado, oponiendo a las pautas implementadas por el tribunal otras que considera más convenientes a sus intereses, en un mero intento de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 101.544, "Szewcruk", sent. de 28-XII-2011 y L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016).
En tal sentido, basta para desestimar la impugnación deducida señalar que la interesada no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines de demostrar el absurdo invocado y la violación al principio de congruencia (causas L. 105.816, "C., A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013 y L. 116.941, "G., P.A.", sent. de 15-VII-2015).
Tampoco la disconformidad con la suma determinada en concepto de daño moral resulta suficiente para obtener la modificación de lo decidido por el tribunal de origen en una tarea que le es propia y que sólo pretende disputársele a través de argumentos que revelan tan sólo la exhibición de la peculiar visión de la recurrente de la situación familiar del trabajador. Cabe recordar, además, que esta Corte ha declarado que tanto el reconocimiento como la fijación de la indemnización por daño moral dependen del arbitrio judicial y la suma que, en uso de facultades privativas, determine el tribunal de trabajo no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente, toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar, en principio, la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquél (causas L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 119.652, "B., S. H.", sent. de 21-II-2018 y L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021).
III.3. Respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil, la crítica que exhibe el recurso no luce apta a los fines pretendidos.
III.3.1. Corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020). Con sujeción a tales límites corresponde examinar el planteo.
En la especie, el quejoso manifiesta su oposición a la decisión del tribunal de origen mediante un sucinto desarrollo en el que objeta que se haya descalificado la constitucionalidad de una norma que -según sus dichos- no habría sido cuestionada por la contraparte.
Sin embargo, el impugnante no se ocupa de evidenciar tal proceder mediante un idóneo análisis -primordialmente- del contenido del escrito de la demanda. Y en una mejor hipótesis para el interesado, tampoco despliega argumentos aptos para demostrar que conforme la estructura del caso, el tribunal no estuviese habilitado eventualmente para emprender oficiosamente el mentado examen constitucional.
Por cierto, tales falencias no son subsanadas o suplidas acudiendo a la mera transcripción efectuada de una cita relativa a un antiguo precedente de este Tribunal que corresponde a la opinión personal de uno de los señores ministros votantes en aquella causa, no constituyendo -de suyo- doctrina legal (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017 y L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018) o a extractos de precedentes cuya correspondencia con el caso no logra ser comprobada.
Dable es recordar, que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018; L. 121.645, "Molinas", sent. de 31-VIII-2020 y L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020).
III.3.2. Establecido ello, y en lo tocante a la sustancia de la cuestión que pretende debatir, orientada a desactivar la declaración de inconstitucionalidad de aquel precepto, la impugnación tampoco merece respuesta favorable. Ello así, pues los motivos esgrimidos en el recurso, apartados de las particulares razones que nutrieron la decisión de ejercer el aludido control de supralegalidad de la norma en este caso concreto (v. sent., apdo. II.2.c.iv) -devenidas así exentas de toda crítica- no logran conmover los argumentos expuestos por el tribunal de origen.
Por lo demás, y a propósito de las alegaciones de la recurrente, cabe recordar que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
En definitiva, la insuficiencia del remedio deducido impide pues, revisar el acierto o desacierto de este aspecto de la decisión de grado (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
Finalmente, resulta ineficaz la pretensión subsidiariamente planteada de obtener una disminución del monto de condena con sustento en la norma cuestionada pues, más allá de cualquier otra consideración, ningún fundamento esgrime la interesada para sustentar su petición.
III.4. En otro orden, no son atendibles los planteos orientados a objetar el monto de condena y la tasa de interés aplicable al capital.
El recurrente, al proponer su réplica, estructura su razonamiento a partir de una premisa errónea al considerar que los magistrados de la instancia ordinaria al establecer los montos indemnizatorios utilizaron mecanismos indexatorios o de actualización de tales sumas, y es, precisamente por ese motivo, que solicita que se fije una tasa de interés puro al capital de condena. En ese contexto, al resultar equívoca la premisa que sustenta el agravio, cabe -en consecuencia- su desestimación.
Cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si su argumentación parte de una premisa errónea, lo que importa desentenderse de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado. Por ende, deviene ineficaz para cumplir con la carga de evidenciar la violación o el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015 y L. 117.489, "Carracedo", sent. de 1-IV-2015).
A mayor abundamiento, cabe destacar que lo resuelto en la sentencia recurrida con relación a los intereses aplicados al capital de condena se ajusta a las directrices que emanan de los pronunciamientos de este Tribunal que conforman la actual doctrina de esta Corte en la materia.
III.5. Por lo demás, las argumentaciones en relación al modo en que se incorporaron al proceso algunos de los hijos del trabajador fallecido, remiten a una cuestión procesal previa a la sentencia definitiva, que se encuentra preclusa y, por lo tanto, marginada de revisión en esta instancia extraordinaria (causas L. 120.477, "Gutiérrez", resol. de 20-IX-2017; L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018 y L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019).
III.6. Por último, corresponde desestimar el cuestionamiento concerniente a la regulación de honorarios.
Cabe recordar que en materia de honorarios la irrecurribilidad es la regla, salvo excepcionalísimos supuestos en donde están en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias, o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador o se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas L. 95.751, "Enrique", sent. de 11-VII-2012; L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012 y L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018), anomalías que siquiera han sido invocadas en el recurso.
A todo evento, el reclamo de que se apliquen las disposiciones de la ley 24.432 se encuentra huérfano de toda fundamentación, tornándose -por ello- inatendible.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia