Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124311
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.311 "THOMPSON JORGE ANTONIO C/ NATALE AGATA YANINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 19 del Departamento Judicial de La Plata dictó sentencia por la que, por una parte, hizo lugar a la demanda incoada por Jorge Antonio Thompson contraÁgata Yanina Natale, siendo citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A., dirigida a lograr la reparación de los daños que alegó haber sufrido personalmente como consecuencia del accidente de tránsito que los involucró. Y, por la otra, desestimó la pretensión resarcitoria -acumulada a la anterior- deducida por Jorge Antonio Thompson (padre), Jorge Antonio (hijo), Rocío Ema y Mariana Gisele Thompson contra la misma demandada y su aseguradora, tendiente a obtener el resarcimiento de los padecimientos experimentados como consecuencia del fallecimiento de Lidia Elvira Gómez, esposa y madre, respectivamente, ocurrido, según sostuvieron, como consecuencia del mismo evento. Este último reclamo fue rechazado por falta de acreditación de la relación de causalidad entre el deceso de la señora Gómez y el accidente en cuestión (v. sent. de 11-II-2019, en archivo adjunto al escrito electrónico de 28-IX-2020).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental modificó parcialmente lo así decidido, elevando el importe resarcitorio acordado a Jorge Antonio Thompson (padre) y lo confirmó en lo demás que resolvió (v. sent. de fecha 6-VIII-2020, acompañada como archivo adjunto al escrito electr. cit).
Frente a la confirmación del rechazo del reclamo por el fallecimiento de la señora Gómez, los coactores Jorge Antonio Thompson (padre), Mariana Gisele y Jorge Antonio Thompson (hijo) articularon recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escr. de 27-VIII-2020, en arch. adj. a la pieza electr. cit.), cuya denegatoria -fundada en la insuficiencia del valor del agravio- (v. resol. de 17-IX-2020, acompañada al escrito electr. cit), motivó la interposición de una queja ante esta sede (v. escrito electrónico de 28-IX-2020; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado para los impugnantes, de conformidad con los agravios expuestos en el canal extraordinario denegado, por el monto reclamado en la demanda que fuera rechazada (conf. doctr. causas C. 120.046, "Acevedo", resol. de 2-IX-2015; C. 121.192, "Sosa", resol. de 28-XII-2016; C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017; C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.718, "A., A. A.", resol. de 29-VII-2020; C. 124.075 "Venencia", resol. de 23-X-2020; C. 124.194, "Belén", resol. de 25-XI-2020).
Asimismo, debe señalarse que también ha sostenido en numerosas oportunidades, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, dicho valor a los efectos de cumplir con el art. 278 citado, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.369, "López", resol. de 5-IX-2018; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021; C. 124.194, cit.).
En el recurso de hecho que se considera, los impugnantes reconocen que el valor individualmente peticionado al demandar los daños que alegan padecidos como consecuencia del fallecimiento de su esposa y madre no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 citado -texto según ley 14.141 y Acordada Ac. 3.972/2020, vigentes al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada. No obstante, para sortear tal valladar plantean que se tome en cuenta el proceso inflacionario experimentado por la economía nacional, refieren que al momento de interponer la demanda el importe peticionado superaba el mínimo por entonces vigente y solicitan, asimismo, que se tome la cifra en conjunto o se adicionen intereses; alegan también a dicho fin la violación de doctrina de esta Corte y la previsión del art. 31 bis de la ley 5.827 (v. págs. 2/9).
Sin embargo, tales argumentaciones no pueden admitirse, desde que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que a los fines previstos en el art. 278 citado, el valor debe apreciarse -en casos como el presente- del modo indicado en los párrafos precedentes, sin que corresponda actualizar la suma peticionada en la demanda, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. doctr. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004; Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020; C. 122.757, C. 122.699 y C. 124.194, cits.), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causas C. 122.757, C. 123.958 y C. 121.194, cits.) ni adicionar intereses (conf. doctr. C. 120.655, "B., C. E. y otros", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.565, "C., S. M. y otros", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.856, "Rodriguez", resol. de 18-II-2021; C. 122.670, cit.).
Asimismo, también este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (conf. doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.757, C. 122.699, C. 123.958 y 121.194, cits.), por lo que resultan inatendibles los argumentos aquí expuestos.
Por otra parte, con relación a la denuncia de violación de doctrina legal para hacer excepción al recaudo de admisibilidad bajo estudio, solicitando que se aplique lo normado por el art. 31 bis, último párrafo, de la ley 5.827 (v. págs. 2; 9/10), debe señalarse que el texto de dicha norma no contiene una habilitación -que en todo caso debe establecer el legislador- análoga a la prevista en el art. 55 de la ley 11.653 para los procesos laborales. Antes bien, por su intermedio, en el párrafo tercero se faculta a esta Corte a "hacer lugar" a aquellos recursos de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley planteados cuando han sido estimados otros recursos en "casos sustancialmente análogos", reputando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita del referido párrafo del art. 31 bis. Nada expresa, en cambio, en torno a las condiciones formales de admisibilidad propias de cada remedio (conf. causas C. 122.756 "Godoy", resol de 23-IX-2020; C. 124.098, "Bravo", resol. de 23-X-2020; C. 123.542, "Spegazzini", resol. de 25-XI-2020 y C. 123.360, "Bascure", resol. de 18-II-2021).
La utilización de esta herramienta, en definitiva, ayuda a la agilización del procedimiento al permitir su aplicación en cualquier estado del trámite y atemperar las formas y la motivación exigida para el dictado de la resolución respectiva. En esta variante el examen no recae sobre los presupuestos de admisibilidad del recurso (v.gr. el valor del litigio), sino que lisa y llanamente se resuelve el fondo del asunto de manera anticipada o liminar. Se trata de un modo de resolución fondal y fundamentación de la decisión de la Corte que no modifica los recaudos o condiciones formales de admisibilidad de las vías extraordinarias.
En suma, de la lectura integral de la norma no se desprende la consagración de una nueva causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley exenta del requisito del valor del agravio. En aquellos supuestos en que el monto del agravio no supere el piso establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el apartamiento de la jurisprudencia de este Tribunal no cuenta con mecanismos de reexamen en casación, salvo en materia laboral en virtud de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.563 o cuando se invoquen debidamente cuestiones federales que por "Strada" y "Di Mascio" tornen necesario su tránsito por el Superior Tribunal provincial (conf. C. 122.756 y C. 124.098, cits.).
Finalmente, tampoco se advierte - prima facie -la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, puesto que si bien se denuncia arbitrariedad y la vulneración de diversos derechos y garantías constitucionales, en el embate subyacen en rigor denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal y común que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.732, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021).
Por todo lo expuesto, la vía extraordinaria deducida resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja incoada frente a su denegatoria (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cód. cit. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2021 17:00:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2021 21:09:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2021 19:13:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 13:50:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 14:22:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia