Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120987
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín -con renovada integración, conforme lo ordenado por esta Corte a fs. 535/542-, en el marco del juicio iniciado por Alicia Noemí D' Agostino contra la Provincia de Buenos Aires, efectuó nuevamente el cálculo de prestaciones sistémicas que le correspondían percibir a la trabajadora (v. fs. 555/557 vta.).
Para así decidir, entendió que, a tenor de lo que se había tenido por acreditado en el primigenio veredicto dictado -el que llegaba firme al no haber sido alcanzado por la nulidad parcial resuelta por este Superior Tribunal-, correspondía efectuar el cálculo de las prestaciones conforme la ley 24.557, con las modificaciones del decreto 1.278/00, por ser la norma vigente al momento del accidente.
II. Frente a ello, la legitimada activa deduce recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-VI-2021), siendo denegado el primero -decisión confirmada por esta Corte al resolver la queja interpuesta (v. resol. de fecha 30-IX-2021, en expediente L. 127.851, "D' Agostino Alicia Noemí c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Daños y Perjuicios. Recurso de Queja")- y concedidos los restantes (v. fs. 558/560). Arribados los autos a esta sede se ha conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 23-XII-2021).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, sostiene que el nuevo fallo dictado incurrió en omisión de cuestiones esenciales y carece de la debida fundamentación legal.
En ese sentido, manifiesta que, como consecuencia de la anulación oficiosa del pronunciamiento anteriormente recaído en autos, la nueva integración del órgano jurisdiccional actuante "...debió dictar una nueva sentencia resolviendo el fondo de la cuestión y no practicar una liquidación sin más", como, en definitiva, lo hizo sobre la base de considerar -erróneamente, según su modo de ver- que quedaron firmes los elementos integrantes de la forma polinómica.
Censura, seguidamente, el criterio así adoptado en el entendimiento de que este Supremo Tribunal anuló el primigenio fallo de fs. 477/499 vta. en su totalidad, solución que imponía el dictado de una nueva sentencia que contemplase todos los aspectos objeto de la contradicción. Agrega que -por ende- la decisión atacada carece del veredicto previo y necesario para establecer la plataforma fáctica sobre la que la actual composición del órgano colegiado debía subsumir la aplicación del derecho, vicios todos que la descalifican como acto jurisdiccional válido y habilitan la procedencia del remedio nulificante incoado.
III.2. El recurso no es de recibo.
III.3. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.4. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, deviene inatendible el agravio vertido al amparo del art. 168 de la Carta provincial, toda vez que de la lectura del decisorio atacado se desprende que, previo a resolver, los magistrados convocados a integrar el tribunal colegiado de grado partieron por examinar los alcances del fallo anulatorio dictado por esta Suprema Corte -transcribiendo al efecto las consideraciones vertidas en el punto III.2. del voto emitido en primer término (v. fs. 535/542)- con el propósito de dejar claramente delimitado el ámbito al que sujetarían su actuación jurisdiccional. Como resultado de ese análisis llegaron a la conclusión de que la decisión a emitir debía ceñirse a la cuantificación de las prestaciones dinerarias objeto de condena, limitándose su labor, en consecuencia, a realizar el cálculo indemnizatorio correspondiente, valiéndose para ello de las circunstancias fácticas sentadas en el fallo de los hechos que formó parte del decisorio anterior, parcialmente anulado, en la inteligencia de que sobrevinieron firmes.
La ajustada síntesis que antecede respecto de las motivaciones y fundamentos que estructuran el pronunciamiento impugnado en su validez formal, pone al descubierto que tanto la inobservancia del deber de formular el veredicto previo a su dictado cuanto la falta de tratamiento de aquellas cuestiones que conforman la traba de la litis fue deliberadamente consumada por la nueva composición del tribunal de trabajo actuante como consecuencia de la interpretación llevada a cabo en torno de los alcances del fallo parcialmente invalidante emitido por esta casación a fs. 535/542.
Siendo ello así, la discusión relativa al acierto o error del razonamiento seguido por el sentenciante de origen sobre el particular, importa la imputación de típicos errores in iudicando, y devienen ajenos al carril en análisis (causas L. 124.859, "González", resol. de 28-VIII-2020 y L. 125.368, "Cañete", resol. de 9-XI-2021).
III.5. Por otro lado, tampoco ha de tener cabida el reclamo sustento en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 114.220, "Galván", resol. de 26-X-2011; L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (desarrollado en el punto VI de su presentación de fecha 18-VI-2021), la compareciente denuncia la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita.
En ese sentido, alega que el tribunal actuante no consideró que esta Corte había anulado el pronunciamiento de grado anterior, por lo que correspondía dictar un nuevo veredicto y fundar la respectiva sentencia. Señala que debió valorar nuevamente el gran porcentaje de incapacidad que padece y resolver en consecuencia.
Cuestiona, ante la insuficiencia reparatoria de las prestaciones sistémicas, la falta de pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
IV.2. El recurso no ha de prosperar.
IV.3. De modo liminar, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre las sumas reclamadas en demanda y aquélla por la que prosperó- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.484, "Ríos" y L. 125.864, "Constantino", resols. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.759, "Coronel", resol. de 13-XII-2021).
IV.4. Sentado lo anterior, cabe destacar, en primer lugar, y sin perjuicio del marco en que ha de ser tratado el presente recurso, que, tal como lo dejó sentado el tribunal a quo, la nulidad declarada por esta Corte en la sentencia de fs. 535/545, resultó parcial y -como se señaló supra-, estuvo limitada exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada a la cuantificación de las prestaciones dinerarias objeto de condena, toda vez que con relación a las restantes cuestiones abordadas por el a quo ha mediado la necesaria mayoría de opiniones exigidas por las normas constitucionales y legales.
IV.5. A partir de lo expuesto, realizado entonces el examen conforme los lineamientos antes enunciados, no se verifica la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que las doctrinas citadas en la vía en examen han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento, y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 122.333, "Tisera", resol. de 29-V-2019; L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020 y L. 125.165, "Zitelli", resol. de 20-XI-2020), no resultando -en consecuencia- idóneas en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia