Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedidos los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 278 y 296, CPCC), con costas en relación a esta última vía y 2) reputar inoficioso a los fines regulatorios el recurso extraordinario de nulidad articulado (art. 30, ley 14.967).
C. 124.757 "CHANY ELENA ESTHER Y OTS. C/ BOTTAZZINI ALBERTO M. Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mercedes dictó sentencia única en estos autos y sus acumulados y, en lo que aquí resulta relevante destacar, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Elena Esther Chañy, Diego Matías, Flavia Soledad y Laureano Miguel Alí, fijando en un 70 % la responsabilidad que se asigna a la parte demandada y condenando a los accionados a abonar a los actores las sumas de: $ 150.000 a Elena Esther Chañy; $ 70.000 a Diego Matías Ali; $ 50.000 a Flavia Soledad Ali y $ 50.000 a Laureano Miguel Ali, con más los intereses que fijó (v. sentencia de 1-XII-2017).
Tal decisión fue recurrida por los accionados y por el actor de la causa acumulada y la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental, a su turno, revocó en todas sus partes la sentencia única apelada y en su consecuencia rechazó ambas demandas acumuladas (v. fallo de 11-II-2020).
Devueltos los autos a la instancia de origen, los actores de estos autos -con nuevo patrocinio- plantearon la ineficacia e inoponibilidad de la presentación realizada por el doctor Mariano Gorostegui por la que, invocando la calidad de gestor en los términos del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, se notificó de la radicación en Sala de las actuaciones, del traslado de los agravios de la demandada y procedió a contestarlos y solicitaron la declaración de nulidad y la retracción de las actuaciones al dictado de la sentencia de primera instancia (v. presentación de 3-IV-2020).
Ante ello, la magistrada de origen decretó la nulidad de lo actuado por el doctor Gorostegui, en representación de los accionantes con fecha 24 de octubre de 2018, con costas y rechazó por extemporáneo el incidente de nulidad planteado por la actora (v. resol. de 13-X-2020).
A su turno, la Cámara confirmó dicha resolución (v. resol. de 18-II-2021).
Frente a dicho pronunciamiento los legitimados activos dedujeron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos (v. escrito electrónico de 8-III-2021 y resol. de 11-III-2021).
II. Pasando a considerar el canal anulativo impetrado, es del caso recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 120.680, "L., C. H.", resol. de 29-VI-2016; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019 y C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020).
En tal sentido, cabe destacar que del análisis del escrito impugnativo resulta que, no obstante invocar la violación del art. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tal precepto.
Así, de su lectura se observa que las argumentaciones expuestas en sostén de la referida vía apuntan, en realidad, a controvertir el mérito de lo resuelto en el fallo de la Cámara puesto en crisis. En efecto, en su postulación anulatoria las menciones que formula la actora sobre la supuesta omisión incurrida en el pronunciamiento cuestionado, en realidad revelan la exposición de la disconformidad del recurrente con el acierto jurídico de lo juzgado sobre el rechazo de su planteo de nulidad y lo argumentado en tal sentido, lo cual resulta ajeno al carril recursivo bajo estudio y propio del de inaplicabilidad de ley (causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 121.984, "Cufre", resol. de 30-V-2018; C. 123.167, "Pereira", resol. de 25-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; C. 124.034, "Micucci", resol. de 23-IX-2020).
En tales condiciones, el intento anulatorio articulado resulta inadmisible (art. 296, CPCC; doctr. causas cits.).
Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.071, C. 123.590 y C.123.760, cits.).
III. Con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, cabe recordar de modo liminar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 124.641, "Suarez", resol. de 10-III-2021). Así, en el sub lite , de acuerdo a los planteos traídos y el interés puesto de manifiesto en la incidencia cuyo rechazo se recurre, dicho valor está representado para los impugnantes por el reclamo articulado en autos que fuera finalmente desestimado en la instancia ordinaria, considerado de modo individual para cada accionante (conf. doctr. causas C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C.122.699 y C. 124.641, cits.; C. 123.879, "Alba,", resol. de 5-VI-2020; C. 123.705, "Giacomasso", resol. de 14-VI-2021).
En el caso se advierte que las sumas peticionadas por los coaccionantes Elena Esther Chañy, Diego Matías, Flavia Soledad y Laureano Miguel Alí (v. importes indicados en sentencia de 1-XII-2017) no alcanzan para ninguno de ellos el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -según ley 14.141 y Acordada 4.006/2021, vigente a la fecha de interposición de la misma, no correspondiendo a estos fines adicionar intereses a dichas sumas ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 107.135, "Hiclos S.R.L", resol. de 17-II-2010; C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; C. 122.757 y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021).
Finalmente, cabe agregar que no se advierte en el caso - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que los argumentos expuestos en el recurso se relacionan con denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal, que denotan que en el supuesto de autos no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (conf. doctr. causas C. 119.836, "Lage", resol. de 2-XII-2015; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 121.745, "Moreno", resol. de 29-XI-2017; C. 122.181, "Basualdo", resol. de 7-III-2018; C. 122.365, "San Miguel", resol. de 3-V-2018; C. 122.757, cit.).
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada deviene inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 278 y 296, CPCC), con costas en relación a esta última vía y 2) reputar inoficioso a los fines regulatorios el recurso extraordinario de nulidad articulado (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:11:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 16:53:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 09:49:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:29:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 14:49:40 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/02/2022 14:05:20 hs. bajo el número RR-21-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia