Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.505 "AQUINO STELLA MARIS Y OTRAS C/ INSTITUTO PRIVADO MITRE S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado y con sustento en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el de nulidad articulado. Y por el otro, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (v. resol. de 24-VIII-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXRORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 20-IX-2021 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL AQUINO ST").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Stella Maris Aquino y Eric Miguel Yoel, Débora Gisela y Erica Sabrina Forcades contra Jorge Horacio Martin, Enrique Mercuri y Oscar Luis Foschi, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. trámites titulados "SENTENCIA DEFINITIVA" de fechas 10-X-2019 y 26-VIII-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial, doble instancia, debido proceso, defensa en juicio y el principio de congruencia (arts. 31, 75 inc. 22 y 116, Const. nac.; 4, 5, 8 y 21, CADH; I, DADDH; 3, DUDH; 6, PIDCyP; v. págs. 2/3, 15/16, 19/26, 29 y 31/32, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, conforme a las circunstancias de la causa y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproducen-, y rechazó -sin fundamentación suficiente y con exceso ritual- los remedios locales, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (CSJN, Fallos: 331:1775; 324:4048; 324:1177; 342:1568; 339:1763; 319:2779; 327:4976; entre otras; v. págs. 13/28, adjunto cit.).
II.3. Aducen, además, que la decisión atacada descartó -equivocadamente, según su entender- los agravios federales que aseguran haber planteado. Y en razón de ello, reiteran, con base en los antecedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478) -que mencionan como aplicables al presente- que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el citado art. 278 del Código de rito.
En sustento en lo antedicho, peticionan que el Máximo Tribunal nacional revoque el fallo en todas sus partes y subsane la invocada afectación al principio de congruencia y a los derechos de tutela judicial, acceso a la justicia y debido proceso (v. págs. 13/16 y 21/23, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 24 de septiembre de 2021), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, la insuficiencia del valor de los agravios traídos, conforme el art. 278 del CPCC y la inadmisibilidad de la vía de nulidad, conforme los arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para rechazar los remedios locales intentados, alegando que se ha incurrido en exceso ritual. En efecto, insisten los agraviantes con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 3/6 y 12/24, del adjunto identificado como "DEDUCEN RECURSO DE NULIDAD E INAPLICABIL" del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO - INTERPONE" de fecha 17-IX-2020; v. págs. 5/13 del adjunto identificado como "INTERPONEN RECURSO DE QUEJA.pdf (Copia)" del trámite titulado "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 19-XI-2020; v. págs. 13/28, del adjunto "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL AQUINO ST" cit. y resol. en crisis).
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. págs. 2/3, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de acceso a la justicia, tutela judicial, debido proceso, defensa en juicio y el principio de congruencia; arts. 31, 75 inc. 22 y 116, Const. nac.; 4, 5, 8 y 21, CADH; I, DADDH; 3, DUDH; 6, PIDCyP; v. págs. 2/3, 15/16, 19/26, 29 y 31/32, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 123.929, "Toncovich Rodriguez", resol. de 18-V-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 18:44:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:29:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2022 12:28:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2022 22:43:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2022 13:52:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 13:48:27 hs. bajo el número RR-84-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia