Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.722 "POMPILIO MIRTA BEATRIZ C/ VILLORDO NORMA LILIANA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en lo que importa destacar, modificó el fallo único de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Mirta Beatriz Pompillo contra Olga Cantalicia Sosa, Jonathan David Navarro, la firma Autopistas del Sol S.A. y la citada en garantía Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., al encontrar reunidos los extremos necesarios para su admisión. En tal sentido, readecuó el límite de condena hacia la compañía de seguro en los términos que allí expuso (v. sentencias de fecha 27-XII-2019 y 18-XII-2020).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia absurdo, arbitrariedad y conculcación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 18 de diciembre de 2020 -a la luz de las actuaciones sucedidas en la especie- para modificar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... en el caso de autos, el asegurado contrató un seguro voluntario por un monto que supera holgadamente el límite mínimo que rige al tiempo de cuantificar la condena (que es el que la Corte plantea utilizar en el caso "Martínez"). De modo que sujetar la obligación de la aseguradora al seguro obligatorio vigente al momento del pago podría, incluso, tener un efecto contrario al pretendido, pues podría causar un perjuicio a la víctima y al responsable. En atención a la solución que propicia la propia apelante, estimo razonable aplicar sobre el valor histórico de la póliza los intereses a las tasas fijadas para el capital de condena (que no motivó crítica de las partes). Es decir, del 6% anual desde el hecho hasta la fecha en que quede firme la sentencia dictada en definitiva y, luego de ello, hasta el efectivo pago, utilizar la tasa pasiva más alta que publique el Banco de la Provincia de Buenos Aires, vigente en los distintos períodos de aplicación." (v. pág. 16).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 10/26 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el proceso inflacionario, la reducción del límite de cobertura, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora y la alteración de la cosa juzgada) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta la alegación de arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido (v. págs. 12 y sigs. del intento revisor). Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Finalmente, tampoco puede atenderse el reproche vinculado con la violación de doctrina legal expuesta a lo largo de la pieza en estudio, toda vez que: a] en los casos en los cuales se endilga dicha conculcación, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación, carga esta última incumplida (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.) y b] para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de leyéstos no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.984, "Cufré", resol. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 18:44:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:29:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2022 12:28:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2022 22:43:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2022 13:52:07 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 13:48:33 hs. bajo el número RR-86-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia