Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, cit. y Acordada 1.790).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.831 "RITUCCI ANTONIETA C/ INSTITUTO MEDICO PLATENSE S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMPLIM. CONTRACTUAL"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la demanda de daños y perjuicios iniciada por Antonieta Ritucci, contra Antonio Rosato, Instituto Médico Platense S.A. y las citadas en garantía Federación Patronal Seguros S.A. y Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. (v. sent. de 23-IV-2019).
Luego, se planteó un incidente de inexistencia de acto jurídico por falsedad de firma, respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora frente a la mencionada sentencia y la magistrada de origen hizo lugar al mismo, declarando inexistente el escrito que portaba el referido recurso (v. resol. de 28-IX-2020).
A su turno, la Sala II de la Cámara Primera del fuero departamental confirmó lo así resuelto (v. sent. de fecha 2-III-2021).
Frente a ello, la legitimada activa interpuso las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escr. electr. de 22-III-2021 y presentación de 5-V-2021), otorgando la Cámara el primero y denegando el segundo de los mencionados recursos con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. electr. de 6-IV-2021).
Contra la mencionada denegatoria se articuló una queja ante este Tribunal, que luego fue acumulada a los autos principales aquí radicados digitalmente para resolver el recurso de nulidad concedido (art. 292, CPCC; v. presentación de 16-IV-2021 y sus archs. adjs. y proveídos de 3-V-2021 y 12-V-2021).
II. Abordando la vía anulativa por medio de la cual se aduce falta de voto individual, preterición de tópicos esenciales y ausencia de fundamentación legal, se anticipa que ésta no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
II.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central del juicio, vinculada con la inexistencia del acto jurídico, ha sido abordada expresamente sólo que en sentido desfavorable para la interesada (v. págs. 2/6 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con "…1) El momento en el cual adquirió conocimiento la incidentista del escrito que se impugna, 2) el plazo procesal de interposición del incidente, 3) el momento en el cual se interpuso como extrategia, 4) Las existencia de sendas convalidaciones ejercidas al momento de incoarlo por quien la invoca 5), La existencia de prejuicio efectivo para quien lo invoca, 6) la insuficiencia probatoria del incidente y la falta de cumplimiento de las disposiciones emergentes del titulo X del CPCCBA, 7) La 'subre' actividad del juzgados para suplir la evidente orfandad probatoria de la incidentista, 8) Las continuas oposiciones de esta parte y el mantenimiento de los derechos, 9) Las contradictorias pruebas caligráficas de autos, 10) La inexistencia de documentos indubitados ofrecidos y existentes en autos, 11) La diferencia entre documento indubitado y convalidado plantada por esta parte.", se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, las que resultan extrañas a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. pág. 22 del escrito electrónico; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
II.2. Tampoco puede ser atendido el agravio emparentado con la ausencia de voto individual y la integración del Tribunal de Alzada (v. pág. 22 del embate), en tanto se ha establecido que las Cámaras de Apelación pueden pronunciarse válidamente en sus pronunciamientos con el voto coincidente de dos de sus miembros, siendo pertinente adicionar que es constitucionalmente válido el voto cuyas argumentaciones no se expresan en extenso sino por adhesión, en igual sentido y por los mismos fundamentos a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (conf. doctr. causas C. 121.067, "Paladino", resol. de 15-XI-2016 y C. 121.240, "Canale", resol. de 8-II-2017; C. 123.923, "Quiroga", resol. de 5-VI-2020), tal como ocurre en la especie.
II.3. Finalmente, la misma suerte debe correr la mera denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. pág. 23 del recurso) toda vez que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. págs. cits. de la sentencia cuestionada; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
III. En cuanto al recurso de hecho articulado por la denegatoria del de inaplicabilidad de ley, cabe recordar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que el valor del agravio a los fines previstos por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en casos como el presente, está representado para la recurrente -cuyo interés recae en definitiva en la admisión de su apelación contra el rechazo de la pretensión dispuesta en la sentencia de origen- por el monto reclamado en la demanda desestimada (conf. doctr. causas C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017; C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.879, "Alba", resol. de 5-VI-2020; C. 124.084, "Vitale", resol. de 23-IX-2020; C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021; C. 122.834, "Malchiodi", resol. de 8-VI-2021). De ello se sigue que deviene inatendible la pretensión esgrimida en la queja de considerar que el valor del agravio resulta indeterminado.
Así, en el caso, se advierte -tal como lo resolviera la Cámara- que la suma peticionada en el escrito de inicio por el legitimado activo ($ 1.000.000; v. considerando 1) de la sentencia de 23-IV-2019 y en "II.FUNDAMENTOS:" de la queja) no alcanza el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -según ley 14.141 y Acordada 4.006/2021, vigente a la fecha de interposición de la misma-.
Al respecto, la impugnante en su recurso de hecho pretende para superar tal valladar -entre otras consideraciones- que se tenga presente la equivalencia de lo reclamado en la demanda con el valor del jus a dicha época -año 2014- y no el vigente al momento de la presentación de la vía extraordinaria, la depreciación monetaria; plantea también que se la considere de monto indeterminado y alega finalmente la existencia de cuestión federal para obviar el mentado recaudo (v. "II- FUNDAMENTOS:" del citado recurso de hecho).
Con relación a los planteos esgrimidos en la vía directa articulada, en primer lugar debe señalarse que, en forma reiterada, esta Corte ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero", resol. de 13-IX-2017 y C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018), por lo que resultan inadmisibles los argumentos dirigidos a considerar otro valor de la unidad arancelaria para tener por superado el requisito en consideración (conf. doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C. 124.356, "Avendaño", resol. de 8-VI-2021; C. 124.714, "Sucesores de Pequi", resol. de 23-IX-2021).
Por otra parte, habiendo dejado sentado que en supuestos como el de autos el valor debe considerarse determinado y corresponde tener en cuenta la suma peticionada en la demanda (conf. doctr. causas citadas en el primer párrafo del presente acápite), cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en numerosos precedentes que, a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar dicho importe de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causas C. 122.757 y C. 123.958, cits.; C. 123.464, "De Latorre", resol. de 23-IV-2021; C. 122.834, cit.).
Asimismo, los antecedentes de este Tribunal que se mencionan en la queja para argumentar en favor de su postura no son de recibo, desde que el voto mayoritario en los antecedentes citados se pronunció en sentido contrario al que propugna la recurrente.
Por fin, en cuanto a la invocación de la existencia de cuestión federal a fin de sortear el mentado requisito con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478), cabe señalar que en el caso carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega absurdo y arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020; C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021).
En tales condiciones, el carril de inaplicabilidad interpuesto resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja incoada a su respecto (arts. 278 y 292 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (art. 292, cit. y Acordada 1.790).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 18:44:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:29:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2022 12:28:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2022 22:43:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2022 13:52:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 13:48:43 hs. bajo el número RR-90-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia