Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas (art. 68, CPCC).
C. 124.856 "SORIANO, TAMARA EVA C/ VELAZQUEZ, FACUNDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 19 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por Tamara Eva Soriano contra Facundo Velázquez y Eduardo Tinant y condenó a éstos a pagar la suma de $ 585.000, con más los intereses que fijó (v. sent. de 21-X-2020, en arch. adj. a la queja).
Tal pronunciamiento fue apelado por los demandados y la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental, a su turno, lo revocó y, en consecuencia, desestimó íntegramente la pretensión (v. sent. de 25-III-2021, en archivo acompañado).
Frente a ello, la accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los cuales fueron denegados. La desestimación del remedio mencionado en último término se fundó en la insuficiencia del valor del agravio y, en relación a la vía anulatoria, el Tribunal de Alzada consideró que el mismo se fundaba en la evaluación que hace el recurrente de la prueba y la crítica a las conclusiones de la Cámara y no en las causales de nulidad de sentencia, agregando que el modo en que había resuelto la cuestión hacía innecesario el tratamiento de otros agravios y que la actora carecía de interés en tanto habían sido propuestos únicamente por la demandada (v. presentación de 12-IV-2021 y resol. de 20-IV-2021, en archivo adjunto).
La denegatoria de ambas vías extraordinarias motivó la articulación de un recurso de queja ante esta Corte (v. presentación de 27-IV-2021; art. 292, CPCC).
II. Ingresando al estudio de los recaudos de admisibilidad del carril anulatorio intentado, se impone señalar que -más allá de los fundamentos de la resolución que denegó la referida vía y que llega cuestionada y las consideraciones que cabrían en torno a la misma en este aspecto- lo cierto es que el recurso de nulidad interpuesto resulta inadmisible (art. 296, CPCC).
Al respecto cabe recordar que este Tribunal tiene reiteradamente establecido que la vía extraordinaria de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.490 "Agorreca", resol. de 10-III-2021).
En el caso, en la fundamentación del mencionado remedio (v. punto IV.a de la presentación de 12-IV-2021), bajo la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial, en rigor la accionante expresa su discrepancia con el acierto jurídico del fallo -cuestionando el rechazo de la responsabilidad de los demandados-, esgrimiendo planteos referidos a presuntos errores de juzgamiento relacionados con la forma en que tal temática fue abordada y a la ponderación de la prueba, que no son propios del recurso en consideración sino del de inaplicabilidad de ley, pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.153, cit.; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad resulta inadmisible (art. 296, CPCC) y ello determina el rechazo de la queja a su respecto.
III. Pasando a abordar la queja traída con respecto a la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, en relación a los argumentos expuestos en la misma cabe señalar que, en el presente caso, el valor del agravio es de monto determinado y se encuentra representado para la actora que impugna el rechazo de su pretensión por el importe de la indemnización reconocida en la sentencia de primera instancia que consintiera, esto es, $ 585.000 (conf. doctr. causas C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII- 2017; C. 121.905, "Avila", resol. de 29-XI-2017; C. 122.182, "Lattanzi", resol. de 21-II-2018; C. 122.078, "Cejas", resol. de 7-III-2018; C. 123.421, "Boette", resol. de 8-VI-2021); monto que no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Acordada 4.006/2021, vigentes al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada.
Asimismo, esta Corte ha sostenido en forma reiterada que a fin de analizar tal recaudo no corresponde adicionar intereses al referido importe, ni actualizar la indicada suma (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; causas C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 122.757, "Cardano" y C. 122.699, "Vallejos", ambas resols. de 26-II-2020; C. 122.856, "Rodriguez", resol. de 18-II-2021 y C. 122.284, "Lespada", resol. de 19-IV-2021).
También se ha dicho en numerosos precedentes que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019 y C.122.699, cit.).
Por otra parte deviene pertinente recordar, en relación a la mención que se hace del supuesto de violación de doctrina legal de esta Corte para exceptuarse del requisito de admisibilidad bajo estudio, que dicho planteo resulta inidóneo para obviar la limitación del ya citado art. 278, desde que tal supuesto excepcional, previsto en el art. 55 de la ley 11.653, se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 122.757, cit.).
Por lo demás, en relación a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020).
Y, en relación a la invocación que se hace en la vía extraordinaria denegada de la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827, corresponde destacar que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por dicha norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020).
IV. Finalmente, con respecto a la alegada existencia de cuestión federal, ello con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Strada" -Fallos: 308:490- y "Di Mascio" -Fallos: 311:2478- (v. pto. III.A.2 del escrito electrónico de queja), a fin de sortear el mentado requisito, cabe señalar que en el caso carece de asidero.
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el mencionado art. 278), a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
En estos obrados no se aprecia -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019).
A lo expuesto cabe agregar que los precedentes citados por la quejosa en los que se habilitó la instancia extraordinaria no resultan de aplicación al caso, toda vez que las circunstancias allí juzgadas difieren de las planteadas en el presente proceso.
De lo expuesto se concluye la inadmisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada y, consecuentemente, el rechazo de la queja articulada también a su respecto (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 18:44:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:29:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2022 12:28:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2022 22:43:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2022 13:52:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 13:48:54 hs. bajo el número RR-94-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia