Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123050
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.050, "Spera, Sandra Mónica contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 449/459).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 468/493), habiendo denegado el tribunal de grado el primero y concedido el segundo de los remedios procesales referidos (v. fs. 496/497).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado, en lo que interesa, declaró procedente la demanda promovida por la señora Sandra Mónica Spera y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleadora autoasegurada- al pago de las sumas que determinó en concepto de reparación tarifada de la ley 24.557. En cambio, rechazó la pretensión dirigida a procurar la indemnización integral sustentada en el derecho común -responsabilidad objetiva y subjetiva atribuidas a la empleadora y aquella imputada a la aseguradora de riesgos del trabajo- (v. fs. 449/459).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 504 del Código Civil (ley 340) y 1.027 del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, invoca transgresión de la doctrina legal que cita.
II.1. Denuncia que se incurrió en un grosero error jurídico configurativo del vicio de absurdo y violatorio del principio de legalidad, al juzgar que la Provincia de Buenos Aires solamente delegó en Provincia ART S.A. la administración del sistema de autoseguro.
Explica que de una recta interpretación de las cláusulas 4ª y 14ª del Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación n° 46.864, surge nítido que también fueron atribuidas al Estado local las obligaciones de prestación del servicio de higiene y seguridad en el trabajo y que, no habiendo cumplido este con ese cometido, debe responder por los perjuicios causados en la salud de la reclamante.
II.2. Critica el porcentaje de minusvalía del 31,5% del índice de la total obrera determinado en el pronunciamiento. Alega que el perito médico oficial indicó en sus aclaraciones que la señora Spera padece una incapacidad total -esto es, equivalente al 100%- para el ejercicio de su profesión, siendo ese porcentual el que corresponde indemnizar conforme lo normado en el art. 1.069 del Código Civil (ley 340).
II.3. Objeta que se consideraran no comprobados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva y subjetiva de la empleadora y la imputada a la aseguradora de riesgos del trabajo.
Controvierte que se adjudicó a la actora la carga de demostrar que esta última compañía transgredió el art. 1.074 del Código Civil, sin reparar en que a la demandada se le imputó haber incurrido en omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que -asegura- le incumbía a la aseguradora demostrar lo contrario.
Postula la incongruencia de la decisión al atribuir a la accionante la carga probatoria de acreditar los incumplimientos incurridos por la demandada.
II.4. Cuestiona el importe de las prestaciones dinerarias reconocidas en el fallo.
Refiere que, a la luz de la realidad socioeconómica y la depreciación de las cuantías dispuestas en la Ley de Riesgos del Trabajo, el monto de condena se halla despojado de virtualidad indemnizatoria, resultando insuficiente para alcanzar la finalidad reparatoria perseguida por la ley.
Señala que de aplicarse el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) al resarcimiento tarifado cuantificado en el pronunciamiento, se arriba a un importe que resguarda el valor de la deuda.
Expone que el quantum estimado sin actualización monetaria alguna y sujeto a los irrisorios intereses establecidos, no reparan -siquiera en forma mínima- la pérdida de ingresos y/o la capacidad de ganancia de la víctima. En razón de ello, peticiona que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561, 7 y 10 de la ley 23.928 y 5 del decreto 214/02 y se actualicen o repotencien todos los rubros de condena -desde que cada suma es debida y hasta el día de su efectivo pago-, conforme la variación del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o cualquier otro de similares características.
Expresa que el tribunal debió declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 respecto del tramo de la norma que dispone el "congelamiento" del ingreso base mensual. Apunta que tal situación traduce un resultado injusto, por lo que solicita la actualización del valor indemnizable.
II.5.a. Finalmente, para el supuesto de que no se admitiera la argumentación precedente, insiste en que se fije una actualización por aplicación del índice RIPTE previsto en el art. 11 de la ley 27.348 respecto de cada salario del actor correspondiente al año anterior al siniestro, con el objeto de determinar el valor mensual del ingreso base para el cálculo indemnizatorio.
II.5.b. A esta altura, plantea la inconstitucionalidad del art. 21 de dicha ley en cuanto dispone su aplicación a los hechos que ocurran a partir de su entrada en vigencia, por entender que resulta violatorio de las garantías constitucionales de no discriminación y protección del trabajador y de los postulados de razonabilidad y aplicabilidad de la ley más benigna. También apunta conculcados los principios de progresividad, igualdad ante la ley y propiedad.
Agrega que las prestaciones reclamadas deben considerarse como "deuda de valor", de modo que corresponde respetar su valor actual y no el monto histórico de la acreencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, teniendo en cuenta la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia y la invocación de quebranto de doctrina legal que se formula en la pieza impugnativa (v. fs. 496/497); sin que tal decisión mereciera objeciones.
De allí que la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 122.596, "Felioga", resol. de 8-V-2019; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021); hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2.a. Sin abrir juicio respecto del grado de acierto que corresponda adjudicarle a la argumentación que define el contenido del agravio inicial (v. rec., punto XIII, apdo. "a"; fs. 474 vta./475 vta.), su improcedencia luce manifiesta por no haberse denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna relacionada con el tópico que se impugna, presupuesto esencial para poner a revisión lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015; L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o.).
III.2.b. También debe descartase como eficaz propuesta de impugnación aquella relativa a cuestiones de índole fáctica y probatoria. Se agrupan aquí los agravios sobre el porcentaje de incapacidad y la definición sobre la falta de acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil imputada a la demandada con relación a la normativa en que se fundamenta esa pretensión (causas L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2020 y L. 121.192, "Campitelli", sent. de 20-VII-2020).
Asimismo, se observa que la doctrina legal que se denuncia violada no resulta idónea para fundar este tramo del recurso, ya que fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los propios del caso (causas L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018 y L. 121.528, "Trifaro", sent. de 31-VIII-2020).
Tampoco constituye la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la derivada de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni la opinión de los autores (causas L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.737, "Pavón", resol. de 9-III-2016; L. 119.887, "Graff", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020).
III.3.a. El cuestionamiento sobre la validez constitucional de los preceptos que vedan la actualización monetaria involucra el análisis de una cuestión de índole federal que amerita la apertura de la instancia extraordinaria sin las restricciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
En casos sustancialmente análogos al presente, esta Corte desestimó agravios como el aquí examinado, convalidando la validez constitucional de las leyes 23.928 y 25.561, ratificando la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación de precios, por actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-2004; L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012 y L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014; e.o.), lo que resulta suficiente a los fines de dar respuesta sobre el particular (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3.b. De otro lado, también corresponde abordar sin las restricciones del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, el embate orientado a desvirtuar la decisión de grado en lo atingente a los alcances de la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (v. rec., fs. 485/vta.).
Más allá de cualquier otra disquisición que pudiera formularse, el reproche debe desestimarse. El planteo traído -enderezado, en rigor, a obtener la "actualización del valor indemnizable" (v. rec., fs. 485 vta. in fine)- es absolutamente extemporáneo e innovador, pues no fue llevado a consideración del tribunal de origen, de modo que no resulta susceptible de ser evaluado en esta instancia casatoria.
Recuérdese que resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva las argumentaciones de esa índole (causas L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 116.975, "Kimilik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
III.3.c. Tampoco es de recibo el planteo dirigido a obtener la aplicación inmediata del art. 11 de la ley 27.348, que -sabido es- sustituye al art. 12 de la ley 24.557 en su versión original.
El interesado trae ante esta instancia un nuevo pedido de actualización mediante el índice RIPTE de cada salario del actor, refiriéndose a aquel devengado durante el año anterior al siniestro con el fin de determinar el valor mensual del ingreso base e, inclusive, focalizando la crítica en considerar a las prestaciones reclamadas como "deuda de valor" (v. rec., fs. 485/486; 489 vta. y 490).
Desde este marco argumentativo, también solicita se decrete la invalidez constitucional del art. 21 de la ley 27.348 porque afirma que "...dispone la aplicación solo para los hechos que ocurran después de su entrada en vigencia, por violar los derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales..." que -a continuación- enuncia (v. rec., fs. cit.).
Como explicaré seguidamente, sin ingresar en consideraciones de otra naturaleza, la suerte adversa del pedido queda sellada.
El discurso ensayado respecto de la invalidez constitucional del ámbito temporal de aplicación de la citada norma denota que el recurrente parte de una premisa errónea. Pues, desde la simple lectura de esta última se observa que se limita a derogar los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Por lo demás, la temática no fue sometida a valoración y decisión por ante la instancia ordinaria, de modo que, constituyendo producto de una reflexión tardía, resulta -como tal- inatendible en esta sede extraordinaria (causas L. 108.156 y L. 116.553, cits.; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Concuerdo con lo dicho por mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.1. de su voto.
Luego, he de señalar que, no habiendo el recurrente desplegado ningún argumento idóneo con el objeto de demostrar la presencia de un supuesto que fuera del previsto en el art. 55 de la ley 11.653 autorice a desplazar el requisito de admisibilidad relativo a la cuantía económica, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
I.2. En ese limitado marco de revisión, concuerdo con lo expuesto por el ponente en los apartados III.2.a. y III.2.b. de su voto.
I.3. En cuanto a los agravios en los que el impugnante cuestiona la constitucionalidad de determinados preceptos legales, cabe resolver su desestimación por carecer de denuncia apta para evidenciar la violación de doctrina legal, siendo que además -como lo indica el colega que inaugura este acuerdo- en ciertos supuestos los planteos no encuentran recepción en el criterio jurisprudencial de este Tribunal, o bien, lucen extemporáneos.
II. Conforme lo expuesto, acompaño la solución a la que se arriba en el sufragio inaugural.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:37:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:24:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:53:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:01:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:33:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia