Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127787
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores decretó la caducidad de la instancia en el marco de la acción entablada por Antonio Ferreira Castillo contra Picco y Brecic S.R.L., Silvia Alejandra Picco, Casimiro Nicolás Brecic y La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual se procuraba una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de trabajo que se denunció (v. pronunciamiento de fecha 28-VI-2021).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que si bien la parte actora había impulsado el proceso, luego de la intimación cursada al respecto, dejó trascurrir -con posterioridad- el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653 sin realizar actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-VII-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. del 5-VIII-2021).
En su impugnación, relata los antecedentes de la causa y denuncia la vulneración de las normas y de la doctrina que cita.
En esencia, alega que la decisión de origen es dogmática y que el a quo incurrió en absurdo. Señala que el instituto de la caducidad de la instancia es de aplicación restrictiva, y que en autos no se cumplió el plazo, desde que debió el juzgador intimar nuevamente, por cuanto -interpreta- el art. 12 de la ley ritual del fuero prevalece sobre las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial.
De todos modos, afirma que -contrariamente a lo afirmado en el fallo- lo cierto es que, luego de la intimación efectuada con fecha 7 de marzo de 2019, se produjeron distintas actuaciones para activar el procedimiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la cuantía reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En la especie, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a una cuestión estrictamente procesal, como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia, y, como tal, detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 119.493, "Altube", resol. de 9-III-2016; L. 120.509, "Torres", resol. de 12-IV-2017 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-V-2020).
Por lo demás, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 126.660, "Renna", resol. de 7-X-2021).
Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 124.304, "Giménez", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.173, "Baez", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:06:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:21:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:08:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:44:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 12:51:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia