Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128175
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, rechazó íntegramente la demanda deducida por Gladys Amalia Cuervo por la que procuraba el cobro de la indemnización por daños y perjuicios (v. veredicto y sentencia ambos de fecha 29-IX-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que la parte actora tuvo conocimiento de su patología, al menos, en los años 2007/2008, razón por la cual, al tiempo de interponerse la acción (8-V-2017) ya había fenecido holgadamente el plazo de prescripción previsto en los arts. 258 de le Ley Contrato de Trabajo y 44.1 de le Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento el Fisco y la actora dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 18-X-2021 y 20-X-2021 respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo, el segundo de ellos en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resolución de 22-X-2021).
III.1. En la vía articulada por la parte demandada, se denuncia absurdo, individualizándose las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En rigor, el interesado objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los auxiliares de la justicia, de cuyo pago -aduce- resulta deudor en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. El recurso prospera.
III.3. De manera liminar, -como se señala en el escrito recursivo- el valor del litigio -representado por la diferencia entre la suma fijada por el tribunal interviniente en carácter de honorarios y la que pretendería se estime el impugnante- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 20-X-2021).
III.4.a. Así las cosas, la impugnación resulta atendible con relación a la conformación de la base económica sobre la cual el juzgador reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
III.4.b. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por el recurrente- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y más recientemente en los precedentes L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020) y L. 127.241, "Rizzo" (resol. de 11-II-2022), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967- queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine, si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.4.c. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
III.5. Por lo expuesto, y de conformidad a lo señalado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario articulado, y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que -con nueva integración- partiendo de un hipotético progreso de la demanda, mensure a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales.
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la parte actora se individualizan las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
Se agravia, porque considera que la sentencia viola el principio progresivo del derecho laboral que debe tomar en cuenta la norma más beneficiosa para el trabajador.
Asimismo, manifiesta que el juzgador debió analizar la cuestión de conformidad con lo normado en el art. 4 de la ley 26.773, donde se establece desde cuándo comienza a correr el curso de la prescripción, esto es, a partir de día siguiente a la fecha de la recepción por parte de la trabajadora de la notificación del importe que le corresponde percibir como consecuencia de su minusvalía.
Por otro lado, alega que el a quo ignoró que lo determinante para que comience a correr el lapso prescriptivo no es el conocimiento por parte del trabajador de las enfermedades que padece, sino de la noción del estado incapacitante que de ellas se derivan y de los perjuicios que le provocan.
IV.2. El recurso no puede prosperar.
IV.3. Liminarmente se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el órgano de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 22-X-2021 y notificación de fecha 26-X-2021), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
IV.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la determinación del punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020), cierto es, que las doctrinas legales citadas como infringidas en el escrito recursivo, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del fallo de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas, L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
Por lo demás, sabido es, que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causa L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:03:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:50:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:35:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:58:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:10:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia