Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Luis Miguel Sosa contra Rural Oeste S.R.L. en concepto de reparación por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común. Asimismo, condenó solidariamente a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonar la prestación por incapacidad permanente parcial, prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. veredicto y sentencia de fecha 6-VII-2021).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad parcial y permanente del 8% del índice de la total obrera por secuelas físicas producidas por el accidente de trabajo padecido mientras cumplía tareas, que calificó de peligrosas, para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva Rural Oeste S.R.L. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. proveído del 27-IX-2021).
La impugnante plantea que el requisito referido al monto mínimo para recurrir resulta inconstitucional. De todos modos, sostiene que se debe habilitar la instancia extraordinaria local sin restricciones, desde que se encuentra involucrada una cuestión federal y media en el caso gravedad institucional.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que entiende vulneradas. Invoca absurdo y la violación del principio de congruencia.
Se agravia de la indemnización civil impuesta, en tanto considera que no se hallan cumplidos los presupuestos necesarios para su procedencia, ya que el reclamante no produjo prueba alguna al respecto.
También rebate que el juzgador no extendió la reparación integral en forma solidaria a la aseguradora.
Finalmente, impugna el importe de la condena, el cual -en su opinión- deviene exorbitante. Específicamente, manifiesta que la admisión del rubro "daño no patrimonial" es arbitraria y carece de fundamento fáctico.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, la impugnante trae a consideración, por un lado, agravios que remiten a cuestiones de hecho y prueba -como lo son, en la especie, el reproche referido a la adjudicación de responsabilidad en los términos del derecho común, o las vinculadas a la determinación de la existencia o no de responsabilidad solidaria entre las accionadas- asuntos ajenos al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal, y, por otro, precedentes que han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el caso y, por lo tanto, su invocación es también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022).
III.4. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018 y L. 123.681, "García", resol. de 11-VI-2020); ni tampoco la que deriva de la opinión de los autores ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:40:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:37:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:59:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia