Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.656 "B. E. B. C/ YANTORNO JUAN ROBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El apoderado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, rechazó el de nulidad interpuesto por haberse planteado agravios descartados por el Tribunal en otros casos sustancialmente análogos, por otro, declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley deducido respecto de los coactores A. Y., A. N. y J. G. R., dada la insuficiencia del valor del agravio y, finalmente, rechazó el de inaplicabilidad de ley en relación a la señora E. B., en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 278, 289 y 298, CPCC; v. resol. de 29-VI-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 10-IX-2021, a las 11:11:53 hs. y su archivo adjunto identificado como "recurso extraordinario federal B. 2").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda por daños y perjuicios incoada por la señora E. B. -por derecho propio y en representación de sus hijos A. Y., A. N. y J. G. R., todos menores de edad al promover estas actuaciones- contra Juan Roberto Yantorno, Juan José Diez -hoy sus sucesores-, Fernando Luis Barragán y la citada en garantía Liderar Cía. General de Seguros S.A., al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 29-VIII-2014 y 27-II-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, tutela judicial, propiedad, igualdad ante la ley, razonabilidad y debido proceso (arts. 14, 16, 17, 18, 28 y 31, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 6/7, 12 y 29/30, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte -apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable- omitió tratar las cuestiones debidamente propuestas -que ahora reproduce- las cuales resultaban -a su entender- suficientes para refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada. Asimismo, rechazó -dogmáticamente- los remedios locales, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Asevera que el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al presente (CSJN, Fallos: 280:262; 246:202; 247:225; 249:470254:405; entre otras).
En tal sentido, aduce que, contrariamente a lo expuesto, de la observancia del remedio local surge, no sólo la arbitrariedad del fallo del Tribunal de Alzada sino también que la expresión de agravios cumplía cabalmente con la manda del art. 260 del Código de rito. Y concluye, que la apelación no debió haber sido declarada desierta (v. págs. 23/35, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 23-IX-2021) el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, se controvierten la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada al aplicar el art. 260 del Código de procedimiento, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 23/35, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, tutela judicial, propiedad, igualdad ante la ley, razonabilidad y debido proceso; arts. 14, 16, 17, 18, 28 y 31, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 6/7, 12 y 29/30, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2022 14:12:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2022 14:52:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2022 11:08:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:42:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 09:04:13 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:21:20 hs. bajo el número RR-226-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia