Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa, rechazó la demanda promovida por Amílcar Manuel Kavasima contra Cía. Argentina de Merchandising S.A. y La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, por la cual procuraba una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2021).
Para así decidir, consideró que no se verificaron los recaudos de responsabilidad impuestos por los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 20-X-2021).
Con denuncia de absurdo, el compareciente indica las normas y la doctrina legal que considera violadas.
Alega que no pudo válidamente el a quo desestimar el reclamo con fundamento en el derecho civil esgrimiendo que el reclamante no había señalado las omisiones endilgadas a la empleadora y a la aseguradora en el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo.
Luego, refiere que, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, las demandadas se encontraban en mejor situación que el actor para aportar los elementos necesarios para probar la observancia de los deberes a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el importe reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia el recurrente- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias ajenas al acotado margen por el que transita el recurso, como lo es aquel vinculado a la configuración de los presupuestos que tornan viable la acción por daños y perjuicios con sustento en el derecho común (causas L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015; L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018 y L. 127.556, "Velázquez", resol. de 20-XII-2021).
III.3. Tampoco se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando la doctrina que se acusa como infringida ha sido elaborada en torno a preceptos de carácter adjetivo (v.gr. las denunciadas violaciones vinculadas a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba y su doctrina). En tal sentido, ha sostenido esta Corte que resultan ajenas al marco del citado art. 55 de la ley 11.653 las cuestiones relacionadas con la alteración del onus probandi (causas L. 118.415, "Leguizamón", resol. de 11-III-2015; L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.4. Para más, cabe agregar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:52:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:41:07 hs. bajo el número RR-648-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia