Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Diego Roberto y Facundo Ezequiel Cardo (art. 278, CPCC), con costas;
2Ante la insuficiente fundamentación, desestimar el intentado por Mabel Inés Toloza y Mario Roberto Cardo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 125.360 "CARDO MARIO ROBERTO Y OTROS C/ DACAL ALBERTO EUGENIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la solución de origen que, a su turno, rechazara íntegramente la acción de daños y perjuicios incoada por Mabel Inés Toloza, y Mario Roberto, Diego Roberto y Facundo Ezequiel Cardo contra Alberto Eugenio Dacal, Administración de Bienes Raíces S.A. y Federación Patronal Seguros S.A. -esta última como citada en garantía- (v. sentencias de fechas 19-III-2021 y 19-X-2021).
Frente a ello los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido (v. escr. electr. de 8-XI-2021 y resol. de 11-XI-2021).
II. Con relación a la vía extraordinaria otorgada, cabe recordar en primer lugar que este Tribunal ha dicho reiteradamente que, en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 124.641, "Suarez", resol. de 10-III-2021). Así, en el presente caso, dicho valor está representado para los impugnantes por el monto reclamado en la demanda por cada uno de ellos y que fuera desestimado en ambas instancias (conf. doctr. C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C.122.699 y C. 124.641, cits.; C. 123.705, "Giacomasso", resol. de 14-VI-2021; C. 123.703, "Mori Bardales", resol. de 23-IX-2021).
En el supuesto en consideración se advierte que las sumas peticionadas en el escrito de inicio por los coaccionantes Diego Roberto y Facundo Ezequiel Cardo ($ 550.000 para cada uno, v. acápites V.2 y VI del escrito de demanda obrante a fs. 50/71 vta. y copia digital en archivo adj. al escr. electr. de 27-VII-2018, 13:11 pm.) no alcanzan para ninguno de ellos el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -según ley 14.141 y Acordada 4.037/2021, vigente a la fecha de interposición de la misma-; sin que corresponda a fin de evaluar tal recaudo de admisibilidad -conforme se ha sostenido en reiterados precedentes- adicionar intereses ni actualizar dicho monto (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757, y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 123.703, cit.).
Finalmente, tampoco se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión recurrida se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en la impugnación extraordinaria se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.331 "Orona", resol. de 16-X-2019; C. 123.719, "Israel Silicaro", resol. de 11-III-2020; C. 123.674, "Asociación Civil de Consumidores Defendete Sin Fines de Lucro ", resol. de 23-IX-2021).
En tales condiciones, el recurso extraordinario incoado en favor de Diego Roberto y Facundo Ezequiel Cardo resulta inadmisible (art. 278 cit.).
III. Abordando la impugnación intentada por Mabel Inés Toloza y Mario Roberto Cardo, a través de la cual se aduce absurdo, transgresión de doctrina legal e infracción a los arts. 1737, 1738, 1739, 1757, 1758, 1769 y 1745 del Código Civil y Comercial; 163 inc. 5 y 6, 164, 375, 384, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 8, 24, 25, 28 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 8, 14, 16, 18, 31 y 33 de la Constitución nacional y 11, 15, 57 y 161 inc. 3 de su par local, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... no resulta de los elementos de prueba que el conductor demandado haya realizado maniobra alguna con capacidad para producir el accidente. Por lo contrario, ha sido la conducción de la víctima la causante del roce entre los vehículos. De acuerdo a las constancias del expediente ha sido el biciclo el que al avanzar superando al vehículo de mayor porte por la derecha, generó el contacto. Tal análisis del desarrollo de los hechos conlleva, con arreglo a nuestro sistema civil, la excusa del dueño o guardián, fundada en el accionar de la víctima por cuanto ésta ha obrado de modo tal que ha interrumpido el nexo causal entre el riesgo de la cosa y el daño causado" (v. pág. 4).
Tal fundamento, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 5/14 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la mecánica del accidente, el rol activo del accionado y la ponderación de la prueba) se han limitado a reiterar -en sustancia- lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 15-VI-2021; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 5 del embate (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede atenderse la aducida transgresión a las garantías constitucionales y a los Tratados internacionales que se expresan en la pág. 5 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de los interesados -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Igual déficit contiene el tópico que alega violación a la doctrina legal (expuesta en la pieza impugnativa), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida por los recurrentes que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Diego Roberto y Facundo Ezequiel Cardo (art. 278, CPCC), con costas; 2) Ante la insuficiente fundamentación, desestimar el intentado por Mabel Inés Toloza y Mario Roberto Cardo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2022 10:11:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 12:48:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2022 09:56:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 10:10:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 14:02:20 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 14:26:29 hs. bajo el número RR-327-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia