Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 125.254 "FERRARIS MATIAS EMANUEL C/ FARIAS VANESA SABRINA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por Matías Emanuel Ferraris contra Vanesa Sabrina Farías, confirmó lo decidido por el juez de grado quien, a su turno, había declarado la caducidad de instancia (v. sentencias de 31-V-2021 y 21-IX-2021).
Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 13-X-2021), siendo concedido el primero y denegado el segundo por insuficiencia del valor del agravio de acuerdo a lo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-, teniendo en cuenta para ello el monto de la demanda ($ 143.025; v. resoluciones de 14-X-2021 y 26-X-2021 respectivamente). La vía declarada inadmisible motivó la articulación de una queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; v. escrito electr. de 8-XI-2021).
II. En relación a la vía anulativa otorgada, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021).
En el caso, no obstante la alegada infracción del art. 168 de la Constitución local, en la fundamentación de dicha impugnación no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos. Así, bajo la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial en rigor el accionante expresa su discrepancia con el acierto jurídico del fallo -que, luego de reseñar las particularidades del trámite de la causa, concluyó que la caducidad de la instancia había operado-, esgrimiendo planteos referidos a presuntos errores de juzgamiento relacionados con las alegadas causales de interrupción y suspensión de plazo tales como diligenciamiento de oficio, alegación de hecho nuevo por la demandada, no notificación de la reanudación de los plazos procesales y solicitud prematura de la caducidad; planteos que no son propios del recurso en consideración sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.153, cit.; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021 y C. 124.775, cit.).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad resulta inadmisible (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018 y C. 124.153, cit.).
III. Ingresando al estudio de la queja intentada, se observa que el actor manifiesta que la resolución que deniega el recurso extraordinario omite analizar la existencia de una pretensión indeterminada articulada por la actora, quien en la demanda peticionó ".... lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse con más sus intereses desde la fecha del hecho origen del pleito, costos y costas del proceso, hasta su efectivo pago, con más la desvalorización sufrida por nuestro signo monetario, por igual periodo...". En ese sentido entiende que el valor debe considerarse indeterminado a los fines previstos en el art. 278 del Código de rito (v. escrito de 8-XI-2021).
A continuación el recurrente señala que también integran el reclamo las costas y la desvalorización monetaria y alega la inconstitucionalidad de la ley 23.928. Sostiene que en la decisión cuestionada se interpretó y aplicó la aludida norma procesal en forma errónea y absurda, afectando garantías constitucionales. En tal sentido aduce que el pronunciamiento contraría la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" referida a que los máximos tribunales provinciales no pueden esgrimir limitaciones de orden local respecto a la admisibilidad de los recursos locales para rehusar el tratamiento de cuestiones federales planteadas. Agrega que se debió inaplicar o, eventualmente, declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial que limita el acceso a la revisión pretendida. Finalmente, también para exceptuar el caso del recaudo en cuestión, invoca la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827.
Al respecto, es oportuno recordar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que en casos como el presente el valor del agravio a los fines del citado art. 278 del ordenamiento procesal local está representado para el impugnante por el capital reclamado en la demanda (conf. doctr. causas C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.718, "A., A. A.", resol. de 29-VII-2020; C. 123.975, "Colman", resol. de 2-IX-2020 y C. 124.075, "Venencia", resol. de 23-X-2020 y C. 125.110, "Paredes", resol. de 18-II-2022).
Así, en el caso, el importe solicitado en el escrito de inicio ($ 143.025, v. archivo adjunto de la presentación de 8-XI-2021), no alcanza el mínimo para recurrir exigido por el art. 278 mencionado, según ley 14.141 y Acordada 4.037/2021; siendo pertinente recordar que -conforme se ha resuelto en casos análogos-, a los fines previstos en esa norma, no corresponde actualizar la suma peticionada en la demanda de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (doctr. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. causas C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020; C. 123.464, "De la Torre", resol. de 23-IV-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021 y C. 125.182, "Tucci", resol. de 15-III-2022).
Por otra parte, en numerosos precedentes se ha sostenido que las restricciones fijadas por el código adjetivo para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las limitaciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; conf. doctr. causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.777, "Kleist", resol. de 13-IX-2017; C. 122.369, "L. N. I. y otros", resol. de 5-IX-2018; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019 y C. 124.193, "Cuenca", resol. de 25-XI-2020).
Luego, con respecto al planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478), debe puntualizarse que el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes -en principio- la configuración de un agravio de esa naturaleza que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.499, "Coceres", resol. de 6-XI-2019 y C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 11-III-2020 y C. 125.182, cit.).
Finalmente, en relación a la invocación que se hace en la queja de la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827, corresponde destacar que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por dicha norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020 y C. 124.856, "Soriano", resol. de 15-III-2022).
En tales condiciones, se impone el rechazo de la vía de hecho intentada (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:34:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 10:26:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2022 16:52:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 14:33:29 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2022 12:21:52 hs. bajo el número RR-343-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia