Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125308
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 125.308 "HERNÁNDEZ LAURA BEATRIZ C/ DI STEFANO ADRIANA CLAUDIA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, admitió la demanda de daños y perjuicios promovida por Laura Beatriz Hernández contra Adriana Claudia Di Stefano, condenando a esta última a abonar la suma de $1.034.740. Asimismo, acogió la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la citada en garantía "Provincia Seguros S.A." (v. sentencia de fecha 16-IV-2020, en archivo adjunto a la queja).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó dicha decisión y rechazó la demanda interpuesta (v. sentencia de fecha 28-IX-2021, en arch. adj.).
Frente a ello, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 17-X-2021, en arch. adj.), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (ver resolución de fecha 21-X-2021, en arch. adj.). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico del 29-X-2021).
II. Al respecto, es dable observar que la recurrente no controvierte lo afirmado por el Tribunal de Alzada en relación a la insuficiencia del valor del agravio en los términos de art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y la Acordada 4.037/21 de este Tribunal vigente al momento de la articulación del recurso extraordinario- para acceder a su revisión de la vía intentada, alegando que los parámetros adoptados para analizar el monto mínimo, en un caso histórico y sin admitir actualización alguna -valor de la demanda- frente a otro que periódicamente se actualiza -jus arancelario- dejan de cumplir su propósito originario y pasan a constituir un obstáculo insalvable en detrimento de la actora.
Enfatiza en torno a lo que considera un exceso ritual manifiesto en el dictado de la sentencia de Cámara, en la arbitrariedad y el absurdo de esa decisión así como el quebrantamiento de distintas garantías constitucionales y convencionales y la existencia de cuestión federal, con el fin de superar el valladar mencionado (v. puntos V.2. y V.3. de la present. electr. de 29-X-2021).
Sobre la base de tales planteos, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos de excepción invocados para acceder a la revisión por la vía articulada (conf. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019 y C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020).
En primer lugar, cabe recordar que conforme doctrina reiterada de esta Corte, a fin de evaluar el mentado recaudo de admisibilidad no corresponde adicionar intereses, ni actualizar dicho monto (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 107.135, "Hiclos S.R.L", resol. de 17-II-2010; C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017, C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021; C. 122.856, "Rodríguez", resol. de 18-II-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021).
Asimismo, en cuanto a las alegaciones formuladas en torno al valor del jus a la época de interposición de la demanda, se impone observar que ha dicho este Tribunal -en numerosos precedentes- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.757 y C.122.699, cits.; C. 123.150, "Bugallo", resol. de 19-IV-2021), por lo que resultan inatendibles los argumentos expuestos para superar tal recaudo de admisibilidad (conf. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C.122.699, C. 122.757, y C. 123.150, cits.).
Sobre la alegada inconstitucionalidad del requisito previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, este Tribunal tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango. (causas C. 124.422, "Toloza", resol. de 8-VI-2021; C. 122.692, "Moore", resol. de 29-VI-2021; C. 124.575, "Centurión", resol. de 29-VI-2021.).
En este sentido, el planteo introducido por la impugnante en relación a la existencia de cuestión federal, con mención de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490, 311:2478) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas con el fin de restringir el trámite de embates que porten agravios federales. Así, no se exhiben razones que resulten suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional que permita habilitar la instancia revisora (doctr. causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 122.602, "Pisani", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.786, "Poceiro de Dieguez", resol. de 7-III-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019).
En cuanto a la gravedad institucional alegada, se ha señalado que dicho extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 119.622, "Serantes", resol. de 9-XII-2015 y C. 122.757, cit.; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la impugnación.
Finalmente, en relación a la invocación de violación de doctrina legal de esta Corte, deviene pertinente recordar que dicho planteo resulta inidóneo para obviar la limitación del ya citado art. 278 desde que tal supuesto excepcional, previsto en el art. 55 de la ley 11.653, se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 123.804, "Lalanne", resol. de 29-VII-2020; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI) ", resol. de 31-III-2021 y C. 124.499, "G. M. L.", resol. de 5-XI-2021).
En tales condiciones, el carril impugnativo incoado resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja articulada (arts. 278 y 292 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:34:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 10:26:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2022 16:52:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 14:33:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2022 12:21:54 hs. bajo el número RR-345-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia