Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.003 "MEDINA SANDRA RAMONA C/ OCHOA ANGEL CRISTIAN ARIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El apoderado de la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, en lo que interesa destacar, rechazó -por mayoría- el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 279, CPCC; v. sent. de 30-VIII-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 21-IX-2021 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO MEDINA (1).pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno y en lo que resulta pertinente, había hecho lugar a la causal de no seguro opuesta por la aseguradora mencionada. En consecuencia, hizo extensiva la condena a dicha firma (v. sents. de 23-XII-2016 y 4-VII-2017).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley y razonabilidad (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 2/3, 11/12, 15/20, 25/26 y 28, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria, violó el principio de congruencia y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto los magistrados que integraron la mayoría de esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable al caso, rechazaron el remedio local al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta instancia. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 319:2307; 268:255; 325:1204; 252:13; 256:504; 312:1458; 248:291; 301:867; 331:47; entre otros), en particular la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384).
En tal sentido aduce, con base en el voto de la minoría, que la decisión atacada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la valoración de la prueba, la revisión de las circunstancias fácticas del caso y que, al contestar la demanda, no se invocó la culpa grave para eximirse de responder sino sólo la causal de exclusión contemplada en la póliza del seguro. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, esos agravios resultaban suficientes para refutar las razones dadas por los Camaristas y demostrar el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada por haber excedido las pretensiones y defensas de las partes (v. págs. 10/27, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-X-2021) el mismo fue contestado por los apoderados de la parte actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 22-X-2021 y su archivo adjunto identificado como "Recurso ex contesta.pdf").
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para hacer extensiva la condena a la citada en garantía, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -ponderados en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo la agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 10/29, adjunto cit. y sent. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley y razonabilidad; arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 2/3, 11/12, 15/20, 25/26 y 28, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Rey c/ Rocha", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:00:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:01:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 14:30:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:30:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:39:37 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:10:29 hs. bajo el número RR-452-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia