Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 278, CPCC); con costas.
C. 123.716 "TORRES JUAN ALBERTO Y OTRO C/ FRIGORIFICO LA AGUSTINA SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia n° 5 en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata -en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por Juan Alberto Torres y María Emilia Goncalves (por sí y en representación de su hijo por entonces menor de edad, Carlos Sebastián Torres) contra Frigorífico La Agustina S.A., Emilio Barahona Saavedra y Supremo S.A.-, hizo lugar a la pretensión condenando a los demandados a abonar el 70% de la indemnización reconocida a los actores ($ 49.000 en favor de Carlos Sebastián Torres y $ 2.800 en favor de Juan Alberto Torres y María Emilia Goncalves). Asimismo, hizo extensiva la condena a la citada en garantía Paraná Sociedad Anónima de Seguros (v. sentencia de 6-IX-2018).
Apelada dicha decisión por ambas partes y por la citada en garantía, la Sala I de la Cámara Segunda del fuero departamental la revocó y rechazó la demanda promovida (v. sentencia de 24-IX-2019).
Frente a lo así resuelto, los accionantes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 21-X-2019), el que fue concedido (v. resolución de 24-X-2021).
II. Con relación a la vía extraordinaria otorgada, cabe recordar de modo liminar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente que, en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (causas C. 119.060, "Agosti,", resol. de 4-III-2015; C. 119.961, "Fuhr,", resol. de 1-VI-2016; C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020 y C. 124.641, "Suarez", resol. de 10-III-2021).
Así, con respecto a la impugnación traída, corresponde observar que dicho valor, teniendo en consideración los importes fijados en favor de cada uno en la sentencia de la instancia de inicio que fuera revocada y las sumas reclamadas en la demanda (v. escrito inicial y sentencia de fecha 6-IX-2018 (conf. doctr. causas C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017 y C. 122.236, "Chaparro", resol. de 4-V-2021; C. 124.545 "Teves", resol. de 10-IX-2021), no alcanza individualmente para ninguno de ellos el mínimo para acceder a la revisión por el carril recursivo incoado de acuerdo a lo regulado por el art. 278 del ordenamiento procesal ($ 858.000, conf. texto según ley 14.141 y Acordada 3.953/2019, vigente a la fecha de interposición del remedio extraordinario).
En el recurso deducido se alega, a fin de superar tal valladar, que en la causa se encuentra involucrada una cuestión federal -aduciendo arbitrariedad y citando normas constitucionales y convencionales- que permitiría aplicar la doctrina de los precedentes "Strada" y "Di Mascio" y se solicita que este Tribunal se avoque al tratamiento del recurso planteando la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. págs. 1 y 2 del escrito de fecha 21-X-2019).
En relación a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020; C. 123.703, "Mori Bardales", resol. de 23-IX-2021).
Asimismo, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 310:324), carece de asidero a fin de soslayar la indicada limitación para acceder a la revisión pretendida.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega absurdo, arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020; C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021).
En tales condiciones, la vía extraordinaria incoada resulta inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 278, CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:00:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:01:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 14:30:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:30:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:39:39 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:10:32 hs. bajo el número RR-454-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia