Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125929
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.929, "Ponce, Sergio Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 133/148).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-V-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Sergio Daniel Ponce promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a la que condenó a pagar la reparación integral fundada en el derecho común -dentro de la cual subsumió la prestación dineraria por incapacidad parcial y definitiva prevista en la ley 24.557- en concepto de incapacidad derivada de patología columnaria. Respecto del reclamo por hipoacusia bilateral, acogió la excepción de prescripción opuesta por la accionada con relación a la petición del resarcimiento de daños y perjuicios, y declaró procedente la prestación dineraria por incapacidad parcial y definitiva establecida en la ley de referencia (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley cit.; v. fs. 133/148).
En lo que resulta relevante, el juzgador de grado declaró demostrado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas para la demandada, el actor presenta una merma en su capacidad laborativa -incluidos los factores de ponderación- del 4,89% del índice de la total obrera por hipoacusia bilateral, y del 5,87% del índice de la total obrera derivada de lumbociatalgia (v. fs. 135 vta.).
En cuanto a la fecha de la primera manifestación invalidante, en lo referente a la patología auditiva, la fijó el 4 de julio de 2010 y, respecto a la columnaria, la estableció el 16 de junio de 2016 (v. fs. cit.); razón por la cual precisó -en la etapa de sentencia- que, respecto de esta última dolencia, se encontraba vigente la ley 26.773 (v. fs. 138 vta.).
Luego, procedió a declarar la inconstitucionalidad de la opción excluyente prevista en el art. 4 de la última ley citada (v. fs. cit.).
Expresó que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica. Dijo que "...tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas..." y que a partir de entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente" (fs. 138 vta. y 139).
Consideró que no podía aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debía ser complementario y articularse en cuanto resultara más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando sí, la superposición o duplicación de reparaciones. Indicó que esta situación se encontraba afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se podía desandar, sino violando el principio de progresividad (v. fs. 139).
Juzgó que la opción excluyente obstaba al libre y pleno acceso a la justicia, y al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implicara una renuncia a priori de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudicaba. Afirmó que también conculcaba los principios básicos de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad, por colocar al dependiente en la posición de elegir por la indemnización tarifada -tutela mínima básica- y la reparación plena, cuando lo que se encontraba en juego era su propia integridad psicofísica, implicando una renuncia y "...poniéndolo por debajo del standard protectorio de tutela diferenciada del que son sujetos, conforme lo reconoce el art. 14 bis de la Constitución Nacional..." (fs. 139).
Con ese sustrato -como anticipé- declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por considerarlo incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; e hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar al accionante el importe de $574.766 en concepto de reparación integral por daños y perjuicios derivados de la patología columnaria (v. fs. 141 vta.). Aclaró que dentro de dicha suma se encontraba subsumida la prestación dineraria contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo por incapacidad parcial, permanente y definitiva (arts. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773) derivada de dicha afección, la que cuantificó en $326.721,25 (v. fs. 141 vta. y 142).
En lo tocante a la hipoacusia bilateral, acogió la defensa de prescripción opuesta por la accionada respecto de la reparación integral fundada en el derecho civil; empero, propició -como señalé más arriba- el progreso de la acción especial con sustento en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, arribando a un monto indemnizatorio de $250.885,64 (v. fs. 142).
Sobre las sumas por las que prosperó el reclamo, ordenó aplicar intereses -con sustento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial- desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de notificación de la demanda conforme la tasa pasiva digital, acumulándolos al capital de condena.
Luego, a partir de la fecha en que el pronunciamiento y la liquidación correspondiente quedaran firmes y hasta su efectivo pago, estableció la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días (v. fs. 146 vta. y 147).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 4 de la ley 26.773; 770 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 19-V-2020).
II.1. Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el juzgador de grado para abordar el reclamo derivado de la afección columnaria padecida por el dependiente (v. págs. 3/5 vta. del escrito recursivo).
Luego de señalar que la Constitución nacional no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones, ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "...la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto...", a la par, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre dijo que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio (v. pág. 3 vta. del recurso).
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad, pues la misma situación se configuraba con las leyes 9.688 y 24.028, destacó -seguidamente- que lucía desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque no podía considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo (v. pág. 4 del recurso).
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la referida ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento (v. pág. 4 vta. de la impugnación).
Destaca que se desprende del escrito de demanda que el actor optó -en primer término- por la reparación sistémica fundada en las leyes 24.557 y 26.773, siendo que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el sentenciante de grado respecto de la patología columnaria (16 de junio de 2016), el art. 4 de la última norma legal citada se encontraba vigente (v. pág. cit.).
Indica que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido -a criterio del quejoso- en el caso (v. pág. 5 del recurso).
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del citado art. 4 de la ley 26.773, debiéndose -en consecuencia- casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral con fundamento en las normas del derecho común "...toda vez el actor claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la ley de riesgos del trabajo..." (págs. 5 y vta. del recurso).
II.2. En otro orden, afirma que el sentenciante también cometió el error de incorporar a la condena de reparación integral los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, toda vez que estos se corresponden exclusivamente con la reparación sistémica. Por dicha razón, solicita que para la hipótesis de confirmarse lo juzgado respecto a la indemnización fundada en el derecho civil, se revoque este tramo de la decisión (v. pág. 5 vta. del escrito recursivo).
II.3. Controvierte la decisión de grado en cuanto -con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación- dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena (v. págs. 5 vta./6 vta. del recurso).
Aduce que este tramo del fallo de origen es violatorio de la doctrina legal que identifica como L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016); L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016); L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) y L. 118.391, "Manfredini" (sent. de 21-XI-2018).
II.4. Impugna la imposición de intereses punitorios establecida para el caso de incumplimiento del fallo dictado, afirmando que este tramo de la decisión se aparta de la doctrina legal emergente de las causas L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016; v. pág. 6 vta. de la impugnación).
II.5. Finalmente, refuta el fallo de grado porque dispuso la aplicación retroactiva -según aduce el compareciente- de lo dispuesto en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación (cuya entrada en vigencia operó el 1 de agosto de 2015), al 4 de julio de 2010 -fecha en que el juzgador tuvo por verificada la toma de conocimiento de la hipoacusia bilateral-. Entiende que lo así resuelto atenta contra la seguridad jurídica y el derecho de propiedad (v. pág. 7 de la presentación bajo estudio).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, el compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, cómo estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este orden, preciso es recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado supera el umbral determinado en la ley ritual para la admisibilidad del remedio extraordinario en cuestión (causas L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019 y L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021).
En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscribe a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021).
No obstante, cierto es que el reproche orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 123.852, cit.).
III.2. Efectuada esta aclaración, sin que ello implique emitir juicio sobre el contenido de la decisión, lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad del medio de impugnación.
III.2.a. En el escrito de demanda, la parte actora puntualizó que el reclamo estaba enderezado a obtener el resarcimiento previsto en las leyes 24.557, 26.773 y los daños y perjuicios fundados en el derecho común (v. fs. 4).
Por su lado, al intervenir en el litigio, el Fisco provincial sostuvo que "...la demanda ha sido iniciada en forma prematura [...] todo ello en función de lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 26.773, que determina un plazo para iniciar la acción judicial y que prohíbe expresamente la acumulación de acciones..." (fs. 20 vta.).
III.2.b. En el recurso extraordinario en análisis, el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad de la última de las normas legales citadas, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que, habiendo podido el demandante optar por accionar directamente para obtener la reparación integral del daño, no lo hizo (v. pág. 4 vta. del recurso); peticionando, en fin, que se case la sentencia que condena al pago de una reparación sustentada en el derecho común, toda vez que el actor "...claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la ley de riesgos del trabajo..." (pág. 5 del recurso).
III.2.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia de grado, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. Así, mal puede sostener que no corresponde condenar a abonar una indemnización fundada en el derecho común argumentando que el trabajador optó por la acción sistémica (v. pág. 4 vta. de la impugnación), cuando en la instancia ordinaria expresamente admitió que aquel plasmó en su demanda una acumulación de acciones: una fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo y otra en el derecho común (v. fs. 20 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015; L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016 y L. 121.882, "Governatori", sent. de 26-IV-2022), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.2.d. En estas condiciones, el déficit de la impugnación me conduce a confirmar este tramo del pronunciamiento de grado (art. 279, CPCC).
III.3. Sentado lo anterior, atento lo dicho precedentemente, los restantes cuestionamientos deben abordarse en el marco excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3.a. Desde ese punto de mira, el reproche vinculado con los factores de ponderación empleados por el juzgador de grado para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador deviene inatendible, puesto que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- no se denuncia vulneración de doctrina legal alguna relacionada con el embate traído (v. pág. 5 vta. del recurso), presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
III.3.b. Idéntica suerte adversa ha de seguir el agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento de grado en cuanto dispuso la capitalización de acrecidos con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
III.3.c. En lo tocante a la impugnación vinculada con la tasa de interés fijada por el tribunal de origen desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago, tampoco se advierte configurada la violación de la doctrina legal citada en el recurso, elaborada en torno a los intereses moratorios, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 115.162, "Reyes", resol. de 26-X-2011 y L. 120.356, "Herrera", sent. de 16-IX-2020), debiendo, en consecuencia, permanecer firme lo que al respecto decidió el tribunal de grad
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