Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123927
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 123.927 "LARROZA BENITEZ, PASCUAL Y OTRO/A C/ BENITEZ, OSCAR VICTOR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO) (99)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes modificó el fallo de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Pascual Larroza Benítez y Felicia Pereira Benítez contra Omar Luis Naveiras, Oscar Benítez y la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. En tal sentido, incrementó el monto de condena y readecuó la tasa de interés aplicable (v. sentencias de fecha 5-XII-2017 y 5-XI-2019).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la aseguradora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a la Resolución n° 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a los arts. 36 inc. 2, 384 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 1113, 1114 y concs. del Código Civil y 18 y 19 de la Constitución nacional. Asimismo, alega absurdo, arbitrariedad y transgresión de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 21-XI-2019).
III. El recurso no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado, sobre la exclusión de cobertura, manifestó: "El conductor del camión, Oscar Víctor Benitez, conforme los propios dichos del propietario Asegurado, Omar Luis Naveiras, se encontraba en uso del camión justamente por la relación de dependencia laboral que los unía y en ocasión de esa relación ..." (v. pág. 19); respecto de la responsabilidad, dijo "... no encuentro en la conducta de la víctima, y menos en la de sus padres quienes no tuvieron participación en los hechos, elemento alguno que permita excluir y/o limitar la responsabilidad de los demandados... " (v. págs. 22/23). Asimismo, para modificar el importe resarcitorio por valor vida, sostuvo "... en el caso, y más allá de la prueba del nivel de progreso laboral o económico que hubiera podido alcanzar el hijo de los demandantes en el mañana, lo cierto es que la privación de su vida a los 13 años de edad, constituye una pérdida auténtica para sus padres en calidad de chance o posibilidad de ayuda económica futura ..." (v. pág. 25); y para hacer lo propio respecto del daño moral, expresó "... considerando especialmente el extremo dolor que implica para los padres la trágica pérdida de un hijo de trece años y el natural padecimiento que les traerá aparejado en lo personal e interpersonal durante el resto de sus vidas, entiendo que la indemnización por tal concepto debe elevarse ..." (v. pág. 29).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en la págs. 7/25 del escrito electrónico, en tanto su lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de las circunstancias fácticas de la causa, la exclusión de cobertura y de las cláusulas de la póliza, la responsabilidad de la víctima y la de sus padres y la cuantía de los montos indemnizatorios) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo y permite, asimismo, repeler las infracciones legales indicadas en la pág. 7 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta la alegación de arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido (v. págs. 8 y sigs. de la pieza en estudio). Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 7 del embate, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Finalmente, tampoco puede atenderse el reproche vinculado con la violación de doctrina legal expuesta a lo largo de la pieza en estudio, toda vez que: a] en los casos en los cuales se endilga dicha conculcación, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación, carga esta última incumplida (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.) y b] para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de leyéstos no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.984, "Cufré", resol. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/04/2022 17:36:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 19:42:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:25:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:10:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 12:46:49 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/08/2022 13:46:45 hs. bajo el número RR-592-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia