Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121592
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.592, "Arado, Miriam Graciela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Mancini, Maidana, Kohan .
El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 649/667 vta.).
Se interpusieron, por el Fisco provincial y la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 700/707 vta. y 709/713, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 700/707 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 709/713?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado desestimó la excepción de prescripción opuesta e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Miriam Graciela Arado -hoy sus herederos- y condenó en forma solidaria a la Provincia de Buenos Aires y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó, en concepto de indemnización integral sustentada en las normas del derecho común (v. fs. 649/667 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la actora padeció una enfermedad profesional relacionada causalmente con las tareas que desarrolló como perito químico del Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Asesoría Pericial de La Plata, que la incapacitó en forma total y permanente para su desempeño laboral (v. fs. 650/652 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 4.037 del Código Civil (ley 340); 31 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, controvierte la fecha de toma de conocimiento fijada por el tribunal de grado.
Alega que dicho órgano jurisdiccional se apartó de los antecedentes que dijo haber considerado para sustentarla, incurriendo en contradicción.
Sostiene que en el fallo en crisis se consignó que "...la toma de conciencia de la incapacidad por la trabajadora afectada supone el pleno conocimiento de que sufre un déficit laboral permanente..." (fs. 705), situándose tal supuesto en el día 12 de noviembre de 2007, cuando la Comisión Médica n° 011 de La Plata dictaminó que la actora padecía una incapacidad la cual era atribuible al trabajo.
Indica que el referido dictamen -apelado inclusive por la señora Arado ante la Comisión Médica Central para que se le reconociera un grado mayor de minusvalía indemnizable- estableció en forma certera la fecha que debía considerarse como de toma de conocimiento, pues no sólo despejó en la afectada toda duda acerca de la relación de causalidad entre la patología oncológica que padecía y su actividad laboral, sino que -además- estableció un 19% de incapacidad parcial, permanente y definitiva por las lesiones sufridas, sentando así las bases de los elementos necesarios para que operara en el caso el dies a quo de la prescripción.
Manifiesta que al haber negado el empleador la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad alegada por el dependiente, quedaba a cargo de este último demostrar dicho extremo, encontrándose insatisfecha -en el caso- tal carga procesal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen -en tanto involucran el análisis de cuestiones de hecho- temáticas privativas de los tribunales de trabajo, en principio, no revisables en esta instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 121.073, "Medina", sent. de 2-X-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 120.760, "Fleita", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020; L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; e.o.).
III.2. Bajo tales directrices, no logra el agraviado demostrar el extremo yerro lógico que autoriza la descalificación de la sentencia de grado como acto jurisdiccional válido.
III.2.a. Al responder al interrogante planteado en el punto II de la tercera cuestión del veredicto, el tribunal de origen ponderó inicialmente lo alegado por las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso (v. fs. 652 vta. y 653).
Luego, manifestó que al tratarse de un reclamo por daños y perjuicios derivado de la incapacidad total que afectó a la señora Arado, lo determinante no era la conciencia de esta última de las enfermedades que padecía, sino la noción del estado incapacitante que de ellas se derivaba y de los perjuicios que aquellas provocaban, lo que suponía la plena comprensión por parte de la interesada de que sufría un déficit laboral permanente, y no del mero hecho de resultar portadora de una enfermedad (v. fs. 653).
Señaló que, si bien el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional el día 12 de noviembre de 2017 (que modificó lo establecido por la aseguradora de riesgos del trabajo y determinó que la afectada padecía una enfermedad profesional) importó una determinación de carácter objetivo que alejó toda duda en la dependiente sobre la relación de causalidad entre la patología oncológica y su actividad laboral, lo cierto y concreto fue que, luego de las licencias médicas gozadas desde el año 2001 hasta el año 2007, la señora Arado había sido citada por la empleadora -más precisamente a partir del mes de julio del 2007- a fin de seguir desempeñando tareas en un ámbito de trabajo propicio para su salud, alejado del laboratorio en el cual prestaba labores desde 1994 (v. fs. 653 vta.).
Explicó que esta posición de la empleadora se mantuvo hasta que el 28 de marzo de 2012 cuando, por el agravamiento del estado de salud de la dependiente, se resolvió hacer una nueva junta médica en el ámbito de la Dirección de Sanidad, que determinó una incapacidad en un porcentaje superior al 66%, sugiriendo su derivación -con fines previsionales- a la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. cit.).
Agregó que la prueba documental obrante a fs. 418/593 -procedente de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia y el peritaje médico (v. fs. 283 vta. y 284, puntos 9.10.2 y 9.10.3)-, demostraban que la agente experimentó una clara progresión de la enfermedad profesional que la aquejaba, y que este proceso se intensificó a partir del mes de febrero del año 2010. Esto así, remarcó, conforme surgía de la historia clínica obrante a fs. 8 -reconocida por la contraparte- elaborada por los médicos particulares de la señora Arado, doctores Oleastro y Giacomi (v. últ. fs. cit.).
A ello debían sumarse, según indicó el juzgador de origen, las sucesivas internaciones hospitalarias acontecidas los días 4 y 21 de agosto del año 2011 con diagnóstico de "derrame pleural derecho" y 11 de abril de 2012 por mal estado general, disfagia, hepatomegalia grado III e insuficiencia renal; culminando con su fallecimiento en fecha 17 de abril de 2012 (v. 653 vta. in fine y 654).
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la naturaleza de la enfermedad que padeció la señora Arado, el tribunal de la instancia ordinaria juzgó que esta última tomó conocimiento de su incapacidad -total y permanente- para el desarrollo de sus tareas, el día 15 de diciembre del año 2010, cuando otorgó a sus letrados carta poder (obrante a fs. 2) a fin de iniciar el presente reclamo (v. fs. 654).
Concluyó que a partir de ese hito la trabajadora experimentó un déficit irreversible en su estado de salud, que involucionó hasta comienzos del año 2012, generando posteriormente la declaración de la junta médica de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia del día 4 de abril de 2012, que dictaminó que poseía un porcentaje de incapacidad superior al 66% (v. últ. fs. cit.).
En tales condiciones, considerando la fecha de toma de conocimiento determinada (15 de diciembre de 2010) y que la acción fue promovida el día 11 de abril de 2012 (v. vered., novena cuestión, fs. 657 vta.), el a quo rechazó la defensa de prescripción opuesta por ambas codemandadas porque juzgó que no había fenecido el plazo bienal previsto en el art. 4.037 del Código Civil (v. sent., fs. 662).
III.2.b. Estas conclusiones que definen el contenido del razonamiento plasmado por el juzgador de mérito para resolver como lo hizo, son controvertidas por la recurrente mediante un desarrollo por completo ineficaz (art. 279, CPCC).
Plantea la interesada que, cuanto menos, la trabajadora tuvo pleno conocimiento de que sufría un déficit laboral permanente a partir del dictamen emitido por la Comisión Médica n° 011 de La Plata en fecha 12 de noviembre de 2007.
Así, afirmado en los alcances que le adjudica a esa actuación administrativa y a la apelación de la empleada ante la Comisión Médica Central para intentar modificar el porcentaje de incapacidad allí establecido, la recurrente propugna otra solución, sin brindar razones para desvirtuar los fundamentos brindados en el fallo para elaborar la conclusión que impugna.
Cobra virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente si la interesada se limita a exponer su discrepante opinión acerca del temperamento adoptado por el juzgador de origen, y en ese cometido, prescinde formular una crítica frontal, certera y eficaz a las motivaciones que dotan de sustento a la decisión que le causa agravio, a las que sólo alude en forma parcial (causas L. 112.861, "Villagra", sent. de 6-III-2013; L. 120.917, "Chávez", sent. de 27-VII-2020; e.o.).
III.2.c. No mejora la suerte del recurso la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, en tanto la interesada no demuestra que el fallo luzca alejado de la directiva del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), extremo que no se verifica en la especie.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Mancini, Maidana y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 31 de la Constitución provincial; 4.037 del Código Civil (ley 340); 44.1 de la ley 24.557; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 709/713 vta.).
Afirma que la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad de la trabajadora debió situarse en cualquiera de las siguientes fechas: 24 de agosto de 2007 (cuando denunció ante la aseguradora de riesgos del trabajo que padecía una enfermedad oncológica); 12 de septiembre de 2007 (presentación de notas de igual tenor ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia); 12 de noviembre de 2007 (dictamen emitido por la Comisión Médica n° 011 de La Plata que modificó lo establecido por la aseguradora de riesgos del trabajo); o bien en el mes de julio de 2007 (citación de la empleadora a la señora Arado para seguir desempeñando tareas en un ámbito propicio para su salud).
Señala que los antecedentes indicados (todos correspondientes al año 2007) hasta la de promoción de la demanda (11 de abril de 2012), transcurrió en exceso el plazo bienal de prescripción establecido por el art. 4.037 del Código Civil.
Por otra parte, reputa conculcado el principio de congruencia.
II. El recurso no prospera.
II.1. Como manifesté en la anterior cuestión planteada, la decisión relativa al punto que marca el comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción importa el ejercicio de una potestad privativa de los jueces de grado y, por lo tanto, es requisito ineludible para su examen por esta Corte que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (causas L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.073, "Medina", sent. de 2-X-2019; e.o.).
En el caso, la quejosa ratifica la postura exhibida en la instancia de grado (v. fs. 116 vta./119), estructurada en torno a que la trabajadora se anotició de su minusvalía y la irreversibilidad del daño en su salud durante el año 2007, sin concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen.
En efecto, la interesada no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que sus alegaciones no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a la valoración de los medios probatorios y a las conclusiones arribadas por el sentenciante de grado, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar el vicio denunciado (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
II.2. Por otro lado, el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia tampoco resulta atendible, en tanto no aporta la agraviada -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso efectuada por los magistrados de grado sea el producto de un razonamiento viciado o que exceda el marco de la apreciación en conciencia (causa L. 104.251, "Burgos", sent. de 15-VI-2011; e.o.).
II.3. En definitiva, hallándonos ante una típica cuestión de índole fáctica, la mera contraposición de criterios que trasunta la queja no autoriza la revisión de lo decidido en la instancia ordinaria, pues, como se ha declaró repetidamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019; L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; e.o.).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Mancini, Maidana y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2022 09:30:06 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 13:16:40 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2022 11:44:47 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:57:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 08:07:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 11:25:17 hs. bajo el número RS-45-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia