Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.474, "Magyar, Carlos Miguel contra Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 817/823).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 829/839).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Carlos Miguel Magyar y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo que le generó al actor una incapacidad del 12% del índice de la total obrera, además, impuso las costas a la demandada (v. fs. 714/746). En ese orden, reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 748 y vta.).
Luego, ante la impugnación formulada por la accionada alegando que con la regulación de honorarios se superaba el tope establecido por la ley 24.432 (v. fs. 759/760), conferido el traslado a la parte actora -quien la contestó a fs. 772/778 vta.- y peritos intervinientes, el tribunal se abocó a resolver la cuestión. En lo sustancial declaró "la inconstitucionalidad e inconvencionalidad" y por ello, la inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432; lo hizo, al juzgar que tales normas, en cuanto modifican los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 817/823).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 829/839).
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, vulneró la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015) y L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
Destaca también que los preceptos objetados por el sentenciante, concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente corresponde aclarar, que si bien el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no puede soslayarse que en la causa L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019), análoga a la presente, este Tribunal sostuvo que los agravios que contenía el recurso involucraban el análisis de una cuestión federal y que por esa razón debía de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales; fundó esa decisión, en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478, respectivamente).
Siendo ello así, y como también fue sostenido en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019), similar a la que aquí nos convoca, el medio de impugnación deducido en autos habrá de ser abordado sin las restricciones procesales antes referidas.
III.2.a. Para resolver el fondo del asunto traído, habré de acudir nuevamente a las citadas causas L. 119.955, "Duarte" y L. 121.989, "Mosiejchuk"; ahora, reproduciendo -en lo pertinente- las reflexiones que hube de plasmar en aquellas oportunidades.
III.2.b. Ingresando a analizar la resolución recurrida, resulta pertinente precisar que los argumentos que esgrimió el tribunal de grado para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008 y L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012). Apartado de ello, y así expresamente lo indicó, el tribunal de trabajo, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, este vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de la justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelan al trabajo (v. fs. 817/823).
Ceñido a estas motivaciones, he de adelantar que las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -invocadas por el recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
Liminarmente, cabe recordar que en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688" (sent. de 5-V-2009), el Alto Tribunal dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9688" (sent. de 27-V-2009), afirmó que en tanto la citada norma solo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de estos "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello resulta trascendental en la especie- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
Tales lineamientos, reiterados por la Corte federal en las causas P.752.XLVI "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII y otros "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13.512/2008/2/RHI "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no solo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los de los peritos actuantes, evidencian que, debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte nacional.
III.3. En el caso, surge evidente -del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios- que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual contemplada en la ley 24.432, y receptada en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Corresponde, entonces, que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue su resolución a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. de la presente.
Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, comparto la propuesta del ponente de revocar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, con arreglo a los argumentos que expuse al emitir mi voto, entre otras, en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019), citada por mi distinguido colega, a la que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto IV de la opinión inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Soria en atención a la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia, a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 119.955, "Duarte", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido debe prosperar, con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta del colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al intervenir en las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sentencias de 12-III-2003; L. 117.427, "Caraballo", sentencia de 20-V-2015; L. 118.411, "Scartoccio", sentencia de 21-XI-2018 y L. 119.955, "Duarte", sentencia de 14-VIII-2019 -entre otras- a las que remito por motivos de brevedad.
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:01:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:28:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:57:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 15:59:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:19:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia