Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128836
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Alejandro Arnaldo Morinigo y Rubén Alberto Ciben, y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparaciones indemnizatorias en el marco de la ley especial. Por el contrario, rechazó la acción incoada contra Solvay Indupa S.A.I.C. y la mencionada aseguradora, en cuanto procuraban la reparación integral, por daños y perjuicios, con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de 3-XII-2020).
II. Contra este último aspecto del fallo, los legitimados activos deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 18-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 29-XII-2020).
En su presentación, citan las normas y doctrina legal que consideran violadas en el fallo impugnado.
En sustancia, se agravian del rechazo del resarcimiento por daños y perjuicios. Sostienen que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente los informes periciales médico y técnico, las constancias de la causa y las declaraciones testimoniales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para los recurrentes, por las diferencias entre las sumas individualmente reclamadas en la demanda y el importe por el que prosperó la acción, las cuales no superan, respecto de ninguno de ellos, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019; L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020 y L. 125.375, "Vitale", resol. de 19-IV-2021).
Siendo ello así, el tratamiento del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.3.a. En ese contexto, el agravio traído no puede tener favorable recepción puesto que el embate sólo trae a consideración cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado, como son, las vinculadas a establecer si se configuraron o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, así como la valoración del material probatorio (causas L. 118.024, "Szwed", resol. de 5-XI-2014; L. 120.153, "Chiappesoni", sent. de 21-VI-2018 y L. 122.472; Appendino", resol. de 20-XI-2020).
Del mismo modo, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 129.180, "García", resol. de 18-VIII-2022 y L. 128.787, "Cometti", resol. de 1-IX-2022).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:45:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:53:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:53:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:09:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:30:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:56:23 hs. bajo el número RR-1303-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia