Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126518
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.518, "Mattos, Cristian Damián contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 125/135 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 27-VI-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Cristian Damián Mattos promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que sufrió el día 10 de enero de 2014 (v. fs. 125/135 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el a quo del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada "opción excluyente" para promover acciones judiciales en materia de accidentes o enfermedades del trabajo.
Argumenta que la norma descalificada por el tribunal no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño amparados por la Constitución nacional. Un razonamiento en contrario -explica- importa tanto como acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los beneficiarios.
Refiere que no es el camino correcto acudir a infundados argumentos a los efectos de derribar una normativa que, de facto, es de carácter público y ha sido creada como instrumento de protección social con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de los siniestros laborales regulado por la ley 24.557.
Alega que si bien los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso.
Con todo, aduce que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral del daño con fundamento en las normas del derecho común, pues la actora claramente -entiende- eligió la reparación prevista en el régimen especial de infortunios laborales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad que exhibe el medio de impugnación.
III.1.a. Con las precisiones que a lo largo de dicha pieza efectuó, en el escrito de inicio la parte actora advirtió que promovía "formal demanda por indemnización ley 24.557 por accidente de trabajo y daños y perjuicios" (fs. 21 y 28 vta.).
Por su lado, al intervenir en el litigio el Fisco provincial sostuvo que "dada la fecha del accidente resulta de aplicación la ley 26.773, que impide expresamente la acumulación de acciones, razón por la cual la doble vía que intenta el accionante resulta vedada, debiendo haber optado por uno de los regímenes indemnizatorios".
Indicó que "la acción tal como ha sido propuesta no puede encontrar acogida favorable, pues se ha apartado de los lineamientos que establece dicho ordenamiento, violando así la disposición 4ta.".
En ese contexto consignó que "a partir de la sanción de dicha normativa, se podrá ejercer el derecho a opción y elegir percibir la indemnización de la ley especial o las que pudieran corresponderle con fundamentos en otros sistemas de responsabilidad, opción que el accionante aquí no efectuó " (fs. 54 vta., el destacado figura en el original).
III.1.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que "el actor funda el reclamo en primer término, en la normativa de la ley de riesgos del trabajo ley 24.557, razón por la cual resulta claro que en ese acto el accionante ha ejercido la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el a quo, se encontraba vigente al momento del ejercicio de la acción judicial" (rec., punto VI).
III.1.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda.
En efecto, mal puede sostener que corresponde casar la sentencia del tribunal de grado argumentando que el trabajador optó por el sistema de reparación sistémica de la ley 24.557 (v. rec. punto VI, último párrafo), cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que aquel no formuló opción alguna, resultando inviable la demanda por el modo en que había sido propuesta (v. fs. 54 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.1.d. Finalmente, cabe agregar que la decisión de grado, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, se ajusta a la opinión que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el apartado III.1.d., habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
El tribunal interviniente declaró, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y condenó al Fisco provincial al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, comprensiva, hasta el importe de $215.889, de la responsabilidad que le incumbe a la demandada en su condición de autoasegurada en los términos del Sistema de Riesgos del Trabajo.
La recurrente censura la condena por daños y perjuicios alegando, en lo sustancial, que la actora hizo uso de la opción que contempla la disposición normativa antedicha, procurando el cobro de prestaciones sistémicas; consecuente con ello, a fs. 190 dio en pago y autorizó la extracción de los guarismos involucrados (capital, intereses y honorarios proporcionales).
Coincido en que el recurso contiene un marcado déficit técnico que ha sido suficientemente relevado por la colega ponente, en los apartados III.1.a., III.1.b. y III.1.c. de su exposición, a los que adhiero (causa L. 125.929, "Ponce", sent. de 9-VIII-2022).
Luego, la descripción de cuanto ha acontecido en autos deja en evidencia la dispar situación que me llevó a adoptar el temperamento expresado al votar el antecedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:23:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:23:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:01:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:05:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 11:31:52 hs. bajo el número RS-92-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia