Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.214, "Roldan, Miguel Ángel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 112/130 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25-VI-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que el señor Miguel Ángel Roldan promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar las sumas que determinó en concepto de prestaciones dinerarias previstas en el régimen de infortunios laborales (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773) y diferencia referida a la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual (v. fs. 112/130).
En su pronunciamiento, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, el actor padece hipoacusia perceptiva bilateral por trauma acústico y artralgia de rodillas izquierda y derecha, que lo incapacitan (sumado los factores de ponderación) en un 21,9% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 197/198 vta. y 202 vta.).
Tal como se adelantó -y en lo que aquí reviste fundamental interés- declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773, inicialmente objetada por la demandante (v. fs. 116 vta./124 vta.).
Consideró que el condicionamiento al que la norma sujeta el inicio de la acción judicial, esto es, la notificación de la aseguradora de riesgos del trabajo del importe respectivo, conspira contra el derecho de peticionar a las autoridades y el libre y rápido acceso a la justicia (v. fs. 119 vta. y 120).
Indicó que la regla pretende desconocer el derecho del trabajador a percibir lo que le es debido en el marco del régimen especial si es que pretende iniciar la acción civil por responsabilidad extracontractual del empleador (v. fs. 120 vta.).
Manifestó que el diseño legal se instala con abuso -e indisimulable intento de clausura del ejercicio de derechos particulares- sobre el estado de necesidad de la víctima que rápidamente debe discernir sin asesoramiento médico ni legal sobre distintos aspectos, y en tal escenario, debe aceptar la suma ofrecida discrecionalmente por la aseguradora a los quince días, o iniciar un camino aleatorio y prolongado, resignando la posibilidad de percibir lo que legal y mínimamente le es reconocido en los términos de la ley especial de accidentes de trabajo (v. fs. 120 vta.).
Señaló que lejos de afianzar el carácter tuitivo de la normativa laboral, la opción legal luce totalmente desajustada en relación con la Constitución nacional y al derecho a reclamar contra el causante del daño, conculcándose los arts. 16, 18 y 19 de la Ley Fundamental (v. fs. 122).
Con todo, juzgó habilitada la reunión de pretensiones intentada por el actor y, toda vez que en autos este último había logrado acreditar los presupuestos de atribución de responsabilidad contenidos tanto en la legislación común como en el régimen especial, hizo lugar a la demanda promovida en los términos inicialmente referidos (v. fs. 123/128; 129 vta. in fine y 130).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad".
Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la " ultima ratio ".
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Alega que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, precepto que se encontraba vigente al interponer su reclamo judicialmente.
Indica que no es el camino correcto el de acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de la ley 24.557.
Así, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
Por último, y para el caso de que prospere la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el medio de impugnación deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte debería quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; e.o.).
Sin embargo, y en tanto el recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal, el tramo del recurso dirigido a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 ha de abordarse sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio. En este sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en las normas procesales, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2. Sentado lo anterior, ocupa señalar que no corresponde atender los argumentos que nutren al agravio inaugural del recurso.
III.2.a. Al promover la demanda el actor planteó la inconstitucionalidad de numerosas normas que integran el sistema de riesgos del trabajo, así, de los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 43, 44, 46 y 49 de la ley 24.557 (v. fs. 4 vta.). También objetó la validez de los arts. 3, 4, 6, 17 incs. 2 y 3 de la ley 26.773. En particular, y con cita de los precedentes "Llosco" y "Aquino" de la Corte federal, cuestionó la constitucionalidad del art. 4 de la última ley mencionada, ello, por violentar -dijo- los derechos de propiedad, igualdad y acceso a los jueces naturales; así como los principios de legalidad y razonabilidad, consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 29 de la Constitución nacional y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 6).
Sin embargo, en oportunidad de contestar la demanda, la Fiscalía de Estado no expuso consideración alguna vinculada con la "opción excluyente" prevista en el citado art. 4 de la ley 26.773. Antes bien, se limitó a negar que "sean procedentes los planteos de inconstitucionalidad articulados por la contraria" (fs. 34) y a oponerse genéricamente a tales planteos alegando -insisto, sin mayor precisión- la falta de demostración de afectación concreta por parte de la contraria (v. fs. 38 vta.).
Es recién frente a la descalificación constitucional de aquella norma formulada por el a quo en su pronunciamiento, que la parte demandada -aquí recurrente- despliega en su medio extraordinario de impugnación una serie de argumentos tendientes a defender la validez constitucional de la "opción excluyente".
En este contexto, los planteos del recurrente se sustentan en un discurso cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora de esta Corte, en tanto -todavía, ante al concreto embate incorporado por la contraria en su escrito de inicio- no fue sometido oportunamente a consideración de los jueces de la causa.
Así, el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque de su planteo, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2.b. Por otro lado, y ante la insuficiencia de la summa gravaminis , el cuestionamiento vinculado con los factores de ponderación empleados por el a quo para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador sí debe ser abordado en el ámbito de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En este marco de revisión, el agravio luce inadmisible, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante: la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:26:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:19:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:34:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:15:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 08:32:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/11/2022 09:20:33 hs. bajo el número RS-109-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia