Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en los términos establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.149, "Gerzel, Ramón Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acció Gerzel, Ramón Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios n deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 140/159).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ramón Antonio Gerzel contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el cobro de una reparación por reagravamiento de las secuelas incapacitantes derivadas como consecuencia de las tareas que desempeñó para su empleadora (v. pronunciamiento electrónico de fecha 28-XII-2020).
En lo que interesa, a partir del análisis de la pericia médica, juzgó acreditado que el trabajador padece hipoacusia perceptiva bilateral, cuya primera manifestación invalidante se produjo el día 25 de junio de 2015 y que lo incapacita en un 82,11%. Sobre esa base, y por aplicación del sistema de la capacidad restante, concluyó que posee una minusvalía parcial y permanente del 65,47% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., pág. 7).
En ese escenario, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al actor de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14, apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, arribando a un importe que -señaló- superaba el piso establecido por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15. A ese resultado, le adicionó la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11, apartado 4 inc. "a" de la normativa citada y el 20% contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., págs. 10/12).
Luego, dispuso que sobre el capital de condena correspondía aplicar intereses conforme la doctrina que -según interpretó- había elaborado esta Corte en la causa L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020). Al respecto, señaló que, en dicho precedente, frente a una reparación derivada de un accidente de trabajo ocurrido en el año 2011, este Tribunal convalidó el criterio de utilizar la tasa prevista en el art. 12, apartado 3 de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348 (a partir del 4-III-2017), al establecer -siempre, según dijo el a quo - que la decisión del tribunal de grado no transgredía la doctrina legal en materia de intereses.
Con ese sustento, dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde el 25 de junio de 2015 y hasta el 3 de marzo de 2017, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días; y desde el 4 de marzo de 2017 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348, modif. del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo) y hasta la fecha de la sentencia, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (arts. 768, Cód. Civ. y Com.; 12 apdo. 3, ley 24.557 -modif. ley 27.348-).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44, inc. "d" y concordantes de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica; asimismo, invoca absurdo (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2021).
II.1. En primer lugar, se agravia del porcentaje de incapacidad que se determinó en el fallo de grado.
Advierte que el a quo concluyó que el trabajador padecía una minusvalía total del 65,47% (calculada sobre una capacidad restante del 61,86%), luego de establecer que la afección por hipoacusia bilateral informada en la pericia médica era del 82,11%.
Con ello sostiene que el sentenciante se apartó del contenido de la pericia médica a partir de un análisis absurdo y arbitrario, en tanto -afirma- surge que el galeno estableció una incapacidad inferior a la señalada. Precisa que el 82,11% que el juzgador de grado extrajo del citado informe no corresponde a la incapacidad por hipoacusia bilateral, sino a una parte de la fórmula que el experto utilizó para determinar la minusvalía derivada de aquella.
II.2. Por otro lado, objeta la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual dispuso la aplicación de intereses de acuerdo con la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II.2.a. En el punto, denuncia vulnerada la doctrina legal establecida en la causa L. 119.954, Rodríguez (sent. de 8-VII-2020), en la cual -señala-, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.348, esta Suprema Corte sostuvo que los intereses debían ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Alega que los presupuestos del caso son idénticos al presente.
II.2.b. Manifiesta que el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 (según ley 27.348) no establece la tasa aplicada por el tribunal de grado a partir del 4 de marzo de 2017, toda vez que dicha norma fue prevista para el caso de mora en el cumplimiento de la liquidación efectuada en sede administrativa o judicial, es decir para el período posterior a la orden de pago de la indemnización liquidada.
Explica que dicho apartado tampoco resulta temporalmente aplicable al caso porque el legislador no tuvo en miras su utilización para el período en que fue considerado por el a quo .
Refiere que la sola mención de una disposición legal en la que se determina una tasa de interés no permite su aplicación a una hipótesis diferente de la contemplada normativamente.
II.2.c. Asimismo, denuncia que el sentenciante de grado interpretó erróneamente el alcance de lo resuelto en el precedente L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020).
Precisa que no solo en aquel caso se abordó una norma distinta (el art. 12, apartado 2 de la ley citada) a la analizada en el sub lite (art. 12, apartado 3 de la misma ley) sino que, además, esta Suprema Corte se limitó exclusivamente a rechazar el recurso interpuesto, en tanto sostuvo que en el acotado y excepcional marco de conocimiento previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, el recurrente no había demostrado la violación de la doctrina legal invocada. Destaca así, que en dicho precedente este Tribunal no dictó un pronunciamiento destinado a avalar la solución brindada como erróneamente postuló el órgano de grado.
III. El recurso prospera con el alcance que habrá de precisarse.
III.1. En cuanto al agravio referido a la determinación del grado de incapacidad que porta el trabajador, cabe recordar que la ponderación de la pericia médica, constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión ante esta Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (causas L. 88.088, "Molina", sent. de 26-X-2010; L. 106.590, "Bragini", sent. de 30-XI-2011; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018; L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018; e.o.).
III.1.a. El recurrente logra acreditar la configuración del excepcional vicio valorativo.
III.1.a.i. Surge de la pericia médica producida en autos (v. fs. 94/95), que fuera ratificada por el experto al contestar la impugnación realizada por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 11-IX-2017) que el galeno interviniente al referirse al sistema auditivo, indicó que al actor se le realizaron tres audiometrías donde se informa que presenta una "hipoacusia perceptiva bilateral con una pérdida auditiva bilateral del 82,11%...", ya al determinar la incapacidad según el baremo de la ley 24.557, concluyó que dicha dolencia le generaba al accionante una minusvalía del 34,48% según el cálculo que explicitó: "...82,11% x 42...".
A partir de ello, y adicionando la invalidez provocada por lesiones en las rodillas, estableció una incapacidad parcial del 46,48%, la que luego, incluyendo los factores de ponderación, hubo de incrementar al 60,09% del índice de la total obrera (v. págs. 2 y 3).
III.1.a.ii. Ahora bien, en el pronunciamiento de grado el a quo, tras señalar que "por sus fundamentos brindados" el informe del experto médico resultaba suficiente para adoptarlo como prueba eficaz para resolver la cuestión, juzgó que el demandante padece de patología "hipoacúsica perceptiva bilateral", graduada mediante audiometrías adjuntas que lo incapacitan en un 82,11%. Y fue sobre la base de este último porcentaje y mediante la utilización de la fórmula de capacidad restante, que calculó que el demandante padece una incapacidad parcial y permanente del 65,47% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación (v. vered., pág. 7).
III.1.b. Con todo, como bien puntualiza el quejoso, se advierte que el tribunal de trabajo se apartó sin mayor fundamento del grado de incapacidad fijado en la misma pericia que -llamativamente- ponderó de valor para resolver la cuestión. De este modo, consideró o identificó como porcentaje de incapacidad -según los términos de la ley de infortunios laborales- al grado de pérdida auditiva, cuando uno y otro fueron datos disímiles en el razonamiento científico del auxiliar médico designado en autos.
Consecuentemente, y en consonancia con la doctrina que emana del precedente L. 92.508, "Montenegro" (sent. de 7-IX-2005) corresponde casar por absurdo, el fallo de grado en lo que ha sido materia de agravio y devolver los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.
III.2.a. También debe prosperar el cuestionamiento vinculado con la tasa de interés que el a quo juzgó aplicable a partir del día 4 de marzo de 2017.
Le asiste razón al quejoso cuando sostiene que el a quo desplegó una errónea lectura de lo decidido por este Tribunal en el precedente L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020), que hubo de configurar la fundamentación de esta parcela del fallo.
De un lado, en dicha causa no estaba en juego -como en el presente caso- la controvertida aplicación del apartado 3 del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo según la modificación introducida por la ley 27.328, sino la norma contemplada en el apartado 2 del mismo art. 12 de aquella primera ley.
Del otro, en el referido caso L. 121.551, esta Corte se limitó a desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de juzgarlo inadmisible, pues habiéndoselo abordado en el estrecho marco que regula el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, no se constató transgresión de la doctrina legal allí denunciada. Así, alejado de lo dicho por el tribunal de la instancia en el sub examine , no hubo en dicho precedente definición alguna que "convalidara" el criterio empleado en el pronunciamiento.
III.2.b. Luego, nuevamente, el fallo de grado merece ser revocado, ahora, en cuanto a la tasa de interés utilizada a partir de la fecha indicada.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine la tasa de interés aplicable a partir del 4 de marzo de 2017.
III.2.c. Lo expuesto basta para declarar la procedencia del agravio, sin que corresponda ingresar en otro tipo de cuestionamiento.
IV. Por todo lo dicho, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, por ende, disponer que se case el pronunciamiento impugnado de conformidad con lo establecido en los puntos III.1.b. y III.2.b. del presente.
Los autos deberán remitirse al órgano de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en los términos establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión y el modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:48:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:29:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:45:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:38:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:59:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 09:34:11 hs. bajo el número RS-116-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia