Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66146
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.146, "Cachau, Enrique y otros contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral, Mancini, Kohan.
I. Los señores Enrique Carlos y Alberto Ignacio Cachau, y la señora Elba Susana Cachau Brizuela, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires y solicitan se la condene al pago de una indemnización por los daños y perjuicios que, según dicen, le ocasionaron las obras públicas realizadas en las inmediaciones del inmueble de su propiedad ubicado en el partido de Rivadavia, al provocar su anegamiento.
Señalan que la extensión exacta de la superficie dañada como asimismo el importe preciso de la indemnización reclamada surgirán de la prueba a producir.
Aclaran que el reclamo comprende los perjuicios ya sufridos y los que se causen en el futuro.
Declaran que han acordado que el monto del crédito cuyo reconocimiento pretenden, sea percibido por ellos en partes iguales.
Solicitan que las sumas debidas devenguen intereses conforme las tasas que judicialmente corresponda desde la fecha del evento y hasta el efectivo pago. Además, piden que se actualice el crédito reclamado para compensar la eventual desvalorización monetaria considerando el incremento del costo de la vida.
Acreditan el pago de la tasa de justicia por monto indeterminado y solicitan se forme incidente de beneficio de litigar sin gastos.
Ofrecen prueba, formulan reserva de caso federal y piden se impongan las costas a la demandada.
II. A fs. 131 los actores amplían la demanda, aclaran la nomenclatura catastral del inmueble en cuestión, acompañan los respectivos informes de dominio y declaran que se encuentra afectado por usufructo vitalicio a favor de la señora Ángela Beatriz Cachau. Asimismo, denuncian que ella les cedió todos los derechos, acciones y créditos litigiosos que pudieran corresponderle como consecuencia de los hechos que se ventilan en autos (v. escritura a fs. 129).
Aclaran que la pretensión indemnizatoria incluye el perjuicio que pudiera haber sufrido la señora Cachau, en su condición de usufructuaria de parte del inmueble afectado.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Fiscalía de Estado (v. fs. 156/180).
Plantea que como la pretensión indemnizatoria se encuadra en las normas del Código Civil no corresponde a la competencia contencioso administrativa que tuvo atribuida transitoriamente este Tribunal.
Subsidiariamente, contesta la demanda, se opone a ciertas pruebas ofrecidas por los demandantes, ofrece la propia y formula reserva del caso federal.
IV. A fs. 183/184 los actores contestan el planteo de incompetencia del Tribunal y la oposición a la prueba por ellos ofrecida.
V. Denegado el beneficio de litigar sin gastos (v. resol. de 9-V-2005 en el incidente formado al efecto), este Tribunal intimó a los demandantes para que precisen el monto del juicio y abonen la tasa de justicia y su contribución (v. fs. 192/193), lo que se tuvo por cumplido a fs. 198.
VI. Mediante resolución de fecha 8 de febrero de 2006 el Tribunal decidió rechazar la oposición formulada por la demandada a las siguientes pruebas ofrecidas por la parte actora: testimonial de los ingenieros Raúl A. Mauvecin y Fernando Daniel Tasso, instrumental -acta notarial de fs. 61/63- e informativa al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- (v. fs. 209 y vta.).
VII. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 204/507 -actora- y fs. 508/654 -demandada-), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 700/703 -actora- y fs. 713/719 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Relatan los actores que son propietarios de una fracción de campo de 1.180 hectáreas, ubicado en el cuartel sexto del partido de Rivadavia, conocida como establecimiento "El Abuelo".
Manifiestan que la pretensión de autos se basa fundamentalmente en el estudio técnico que acompañan, realizado por el ingeniero Raúl A. Mauvecin en octubre de 2002, denominado "Estudio hidráulico por inundación". Aseveran que en él se encuentra detallado el nexo causal existente entre las obras realizadas por la ex Dirección Provincial de Hidráulica y el ingreso de una inusitada masa de agua al inmueble de su propiedad.
Apuntan que del aludido estudio surge que para descomprimir la situación en las inmediaciones de la localidad de Sansinena, las autoridades provinciales realizaron una serie de canalizaciones en el camino Sansinena-Rivadavia hacia una zona deprimida o "bajo" denominada "Tabasso". Afirman que ello importó un trasvase de cuenca de cota 116 a cota 110 en 8 kilómetros. Dicen que los ingresos de agua así orientados provenientes del sector norte (vías del ferrocarril Sarmiento), condenan al establecimiento "El Abuelo" a una inundación perpetua dado que se encuentra en una cuenca cerrada y de muy difícil evacuación.
Destacan que pese a haber denunciado la situación ante la Autoridad del Agua a fin de encontrar una solución en el marco de la ley 12.257 -Código de Aguas provincial-, no obtuvieron ninguna respuesta. Agregan que en octubre de 2001, como consecuencia de las referidas obras públicas realizadas en la región se produjo el traslado de importantes caudales de agua dentro del partido de Rivadavia y, en los primeros días de noviembre de aquel año, se acrecentó el avance de la masa líquida hasta ingresar en el inmueble en cuestión.
Subrayan que los daños sufridos en su propiedad son consecuencia de "la alteración del normal escurrimiento de las aguas a raíz de obras efectuadas aguas arriba de los fundos".
Dicen que el informe hidráulico presentado refleja que tanto las obras de canalización como los cortes de rutas y ramales ferroviarios destinados a llevar el torrente hacia el campo de los actores, fue la resultante de una pésima política hídrica que desconoció un principio básico en la materia: nunca orientar las aguas desbordadas hacia cuencas cerradas. Agregan que ello se complementó y potenció con un error esencial: no advertir que el "Bajo Tabasso" se colmaría rápidamente y las aguas seguirían su derrotero en dirección sur.
Por las circunstancias detalladas afirman que es evidente la relación causal entre las obras públicas realizadas en la región y el siniestro.
I.2. Seguidamente identifican los daños cuya reparación reclaman. Señalan que las aguas invadieron casi 1.000 hectáreas de primera calidad y llegaron hasta el casco de la estancia, afectándolo al igual que su parque perimetral a pesar de los gastos en obras que realizaron a fin de evitar el agravamiento de los daños y reparar lo averiado.
Dicen que tales perjuicios abarcan desde el cese inmediato de la actividad agropecuaria que se estaba desarrollando al momento del siniestro hasta el futuro incierto del recupero de la capacidad productiva de la tierra. Puntualizan que la tierra perdió calidad comercial pues fue atacada por hongos y bacterias que generan una merma en su futura productividad.
Agregan que también se sufrió la ruptura de la proyección de crecimiento empresarial del establecimiento "El Abuelo", el corte en materia de pagos por servicios financieros y deudas contraídas con proveedores, con la consiguiente pérdida del crédito y el pago de gravosos intereses moratorios y punitorios.
En particular y, sin perjuicio de los mayores y mejores datos que surjan de la prueba a producir, solicitan se fije una indemnización que comprenda: i) daño emergente en el que incluyen la destrucción de mejoras; sembradíos y rastrojos; alambrados; aguadas; tanques de agua; cañerías subterráneas y gastos necesarios para restablecer la actividad productiva; ii) lucro cesante; iii) pérdida definitiva de la capacidad productiva y iv) daño moral.
I.3. Postulan que el accionar de la Provincia de Buenos Aires, en orden a la construcción de las obras públicas señaladas, debe encuadrarse en el art. 1.112 del Código Civil, aplicando por analogía los arts. 43, 902, 907 segundo párrafo, 909, 919, 1.071, 1.078, 1.109, 1.113, 2.618, 2.635, 2.636, 2.642, 2.647 y 3.039 de tal cuerpo normativo.
Afirman que aún en el supuesto que se interpretara que no existió negligencia en la decisión oficial y/o se actuó en el marco del estado de necesidad, la demanda debería igualmente prosperar por aplicación de la doctrina de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.
Finalmente, formulan reserva por los daños y perjuicios que durante el desarrollo de este proceso el siniestro reprodujera y/o incrementara.
II.1. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado, con fundamento en el inc. 4 del art. 12 de la ley 12.008, refuta que la materia involucrada en autos sea contencioso administrativa. Pone de resalto que la acción tiene por objeto la reparación de los daños y perjuicios por falta de servicio en el mantenimiento de una obra pública, encuadrando la actora su pretensión en el art. 1.112 del Código Civil y demás normas concordantes.
II.2. Seguidamente, se aboca a contestar la demanda, plantea su improcedencia y subsidiariamente propone -según dice- una razonable reducción de la responsabilidad que se atribuye a la Provincia en atención a lo que considera una clara participación en el supuesto evento dañoso de causas ajenas al obrar del Estado.
II.2.a. Realiza una negativa precisa de las circunstancias detalladas en la demanda y, en orden a la prueba ofrecida, desconoce el contenido y autenticidad de la totalidad de la documentación acompañada, salvo la que reviste carácter de instrumento público y con el alcance que informa el art. 993 del Código Civil. De tal modo, desconoce el acta notarial acompañada por no gozar de los beneficios acordados por los arts. 993 a 995 del Código Civil.
II.2.b. Aclara que, de acuerdo a la documentación agregada en la causa, el inmueble que se denuncia afectado resultaría estar integrado por las parcelas 278 b, 241vl (246ª + 241p) y 241n, con una superficie total de 1.180,84 hectáreas.
II.2.c. Refuta la pretensión resarcitoria con fundamento en que no concurre el nexo adecuado de causalidad exigido para la configuración de la responsabilidad que la parte actora le atribuye al Estado provincial.
II.2.c.i. Con relación a la inundación a la que refiere la demanda, señala que la región en la que se emplaza la propiedad de los actores, carecía casi en forma absoluta de cauces definidos donde se dirijan los posibles escurrimientos superficiales hasta un receptor final. Explica que ello es producto de que la infiltración y la evapotranspiración real superan la precipitación.
Razona que, ante esta situación del terreno, un posible cambio en el régimen pluviométrico significa, dada la correlación existente entre precipitación-infiltración-evapotranspiración, un cambio en el volumen resultante de los excesos superficiales, y según la magnitud de estos últimos, unido a la conformación topo-geomorfológica, puede llegarse a producir un cambio en el comportamiento hídrico de la zona.
Señala que esta región hasta 1980 se comportó como típicamente arreica. Apunta que, a partir de 1987, debido a la magnitud de los excesos superficiales identificados por las imágenes satelitales, se manifestó en un primer momento como endorreica para posteriormente funcionar como exorreica sin cauces definidos, pero sí con encauzamientos mantosos de importante magnitud como el canal denominado "La Dulce - Vidania" o "La Dulce - Cuero de Zorro - Hinojo".
Afirma que un canal o grupo de canales evacuadores de escurrimientos superficiales, que pueden llegar a constituir toda una red de drenaje superficial, por sí mismos no son generadores de los excesos superficiales, pues estos acceden a ellos por cuanto han adquirido la magnitud suficiente para superar la transferencia vertical. Aduce que si este canal o grupo de canales captan en su embocadura y a lo largo de su traza los excesos superficiales y los transportan al colector final (laguna, arroyo o río), donde naturalmente hubieran llegado esos excesos superficiales en forma desordenada, es incorrecto interpretar que el canal o grupo de canales produjo un trasvase de excedentes, salvo que se demuestre cuantitativamente que la disponibilidad de capacidades de almacenamiento superficiales por donde se hubieran desplazado en forma errática tales excesos, fuesen suficientes para alojar los volúmenes de agua puestos en movimiento.
Detalla que las obras ejecutadas consistieron en canalizar los escurrimientos superficiales que "a manto" se desplazaban por la región hídrica que identifica en el anexo 1b como "Región C" y que ante la presencia de la acción antrópica constituida por la vía del ferrocarril Sarmiento, se acumularon sobre el talud norte como consecuencia de la falta de las alcantarillas necesarias para dar continuidad hacia aguas abajo de tales escurrimientos.
Refiere que se ignora si por el actuar de desconocidos o por el volcamiento sobre el terraplén, el mismo fue destruido totalmente en proximidades del kilómetro 471 de la vía. Continúa relatando que esto produjo que una gran masa de agua en un primer momento dirigiéndose con rumbo sur cubriese la capacidad de almacenamiento disponible en los bajos representados por las curvas cerradas de cota 112,75 m IGM para posteriormente tomar rumbo este y, en consecuencia, amenazar la zona urbana de Sansinena, para de allí naturalmente encaminarse a través de las vaguadas naturales y alcanzar el bajo conocido localmente como "Tabasso".
Acota que ante esta circunstancia, la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, con la finalidad de evitar el paso desordenado de las aguas en su desplazamiento a manto por la planta urbana decidió encauzar tales excedentes y almacenarlos en un reservorio preparado para tales fines. Así ejecutó un canal que teniendo sus nacientes en la progresiva kilómetro 473 de las vías férreas se desplaza hacia el este, aproximadamente en el kilómetro 470 toma rumbo sud-sudeste por una calle perimetral de la planta urbana, y luego con rumbo este hasta alcanzar la banquina del camino rural Sansinena-Rivadavia, donde se adecuan los préstamos como reservorios de aguas.
Dice que con posterioridad la Municipalidad de Rivadavia construyó una canalización paralela al camino mencionado hacia el bajo "Tabasso" destino transitorio natural de dichos excedentes.
Concluye que el desplazamiento natural de las aguas es ese, lo que implica que, con o sin las obras mencionadas, aquéllas se dirigen hacia la región hídrica en cuestión.
II.2.c.ii. Explica que el campo de los actores se encuentra afectado por los escurrimientos a manto que se desplazan dentro de las regiones B y C, ubicándose aproximadamente 31 kilómetros aguas debajo de la localidad de Sansinena, donde se emplazan los canales ejecutados en los primeros días de noviembre de 2001 y a unos 22 kilómetros del desborde natural del bajo "Tabasso".
Manifiesta que las aguas encauzadas dentro de la interduna que define la región hídrica cruzan las vías del ferrocarril Sarmiento -tramo San Mauricio - Rivadavia a la altura de kilómetro 466,850- a través de una alcantarilla existente al menos desde 1952, por lo que sostiene que desde siempre era el sitio obligado del paso de las aguas que accedieran al campo de autos.
II.2.c.iii. Niega que la canalización efectuada produjera el trasvase de una región hídrica hacia otra. Agrega que los excesos superficiales existentes en la región han ido escurriendo por sí solos a través de los bajos que naturalmente ofrece la zona en conflicto.
II.2.c.iv. En orden al terraplén ejecutado en la periferia de la localidad de Sansinena, dice que evitó el ingreso de las aguas a la planta urbana haciendo que alcancen su receptor natural más al norte del sitio en que naturalmente se producía.
Explica que el terraplén de una ruta, fundamentalmente cuando su traza cruza una hondonada donde existe la posibilidad de que se encaucen excesos superficiales, debe contar con las estructuras de alivio adecuadas a efectos de evitar que por acción antrópica se acumulen aguas en el talud que se interpone al flujo superficial dando derecho a los propietarios de los fundos ubicados aguas arriba a solicitar el cese de tal anormalidad.
II.2.c.v. Aclara que la ejecución de las alcantarillas en la ruta 70 tuvo por finalidad cesar con la anormalidad que significaba la no continuidad de ese escurrimiento según el curso natural.
II.2.c.vi. Destaca que los propios actores reconocen que para mayo de 2000 el campo tenía gran cantidad de hectáreas bajo agua y otras sin piso debido exclusivamente a las lluvias producidas en esa época. Apunta que el acta notarial que acompañan refiere a la existencia de un bajo de 60 hectáreas cubierto por aguas.
Dice que atribuir el anegamiento de la fracción de autos a trasvases de aguas producto de las obras concretadas en proximidades de Sansinena, revela un total desconocimiento de la mecánica hídrica de toda la región.
Analiza las imágenes satelitales agregadas a la causa y concluye que se trata de un establecimiento que, por su ubicación geográfica reviste la característica de inundable ante la presencia de ciclos pluviométricos excesivos y de aguas superficiales extraterritoriales. Por ello afirma que las obras denunciadas por los demandantes de autos no resultan ser la causa adecuada de la inundación del establecimiento "El Abuelo".
II.2.d. Aduce que aún en el caso de mediar algún nexo causal, el manejo hídrico gestionado por la Provincia no podría constituirse en el factor exclusivo y excluyente de los perjuicios alegados por los demandantes. Por ello plantea la coexistencia de causas generadoras sobre cuya base solicita una correcta graduación de sus incidencias para, de tal modo, atenuar la responsabilidad que se endilga al Estado provincial.
Agrega que los actores pasan por alto el hecho de que las obras realizadas por la Dirección Provincial de Hidráulica se han visto superadas por el extraordinario ingreso de aguas extraterritoriales provenientes de las provincias de San Luis, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, que se han constituido por su magnitud en un factor desequilibrante del sistema.
Aclara que no se trata de ampararse en la figura del caso fortuito o fuerza mayor sino en ponderar la gravitación de los diversos factores que han concurrido a la producción del fenómeno para, luego de un correcto análisis a la luz de la sana crítica, determinar cuál ha sido la verdadera contribución en el hecho de cada uno de ellos.
II.3. En orden al alcance de la reparación, niega que deba determinarse por el resultado de cálculos teóricos o hipotéticos sustentados en la potencialidad del establecimiento agropecuario.
Afirma que la indemnización que eventualmente se fije, deberá establecerse de acuerdo a los reales beneficios que el productor haya logrado como consecuencia de una actividad efectiva realizada con anterioridad al ingreso de las aguas. De ahí que resalta la importancia, no ya de la pericia agronómica sino del informe técnico contable.
II.3.a. Con relación a las pérdidas de la siembra, dice que el reclamo está condicionado a que las mismas hayan existido al momento del siniestro denunciado. Igual criterio postula respecto a las mejoras que postulan sean consideradas de acuerdo a su estado al momento del retiro de las aguas.
II.3.b. Manifiesta que toda indemnización atinente al lucro cesante debe ser reducida en atención a factores externos a aquellos elementos que componen el margen bruto. Además, sostiene que debe computarse como "riesgo de la explotaciónínsitos en la actividad" no pudiendo ser la reducción por este con
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.