Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123848
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.848, "Vaca, Porfiria Vital contra Provincia ART y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 394/416).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. 432/439 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por la señora Porfiria Vital Vaca y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios, derivados de la incapacidad producida por el accidente de trabajo que protagonizó mientras prestaba tareas como enfermera en el "Hospital Dr. Arturo Oñativia" de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown (v. fs. 394/416).
Para así decidir, tuvo por demostrada la existencia del infortunio ocurrido el día 4 de agosto de 2004, oportunidad en la que al caer de una escalera y sostenerse con su brazo derecho del pasamanos sufrió una lesión traumática en el manguito rotador. También juzgó probado que, a consecuencia del evento, padece una incapacidad psicofísica del 20% del índice total obrera (v. vered., fs. 394/395 y 397).
En la sentencia, inicialmente rechazó la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada. Ello, por considerar que desde la fecha del dictamen emitido por la Comisión Médica Central (20-XI-2006), mediante el cual puso en conocimiento fehaciente de la trabajadora que no presentaba incapacidad laboral alguna y la de inicio de estas actuaciones (30-X-2008; v. cargo de fs. 121 vta.), no había transcurrido el plazo bienal establecido por los arts. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y 44 de la ley 24.557 (v. fs. 399 vta. y 400).
Luego, halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó al Fisco provincial al pago de las sumas que específicamente determinó para resarcir los daños material y moral (v. fs. 400 vta./413).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 16, 512, 513, 514, 901, 906, 1.066, 1.068, 1.069, 1.071, 1.074, 1.078, 1.083, 1.084, 1.085, 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 2 y 4 de la ley 24.557; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En primer término, se agravia de la decisión del tribunal de grado que, al cuantificar el resarcimiento, aplicó retroactivamente las disposiciones de la ley 26.773 -vigente al momento del dictado de la sentencia- al siniestro ocurrido en el año 2004. En tal sentido, denuncia vulnerada la doctrina que emana de las causas L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016; L. 118.683, "Moreno", sentencia de 23-XI-2016; L. 119.890, "Romero", sentencia de 21-VI-2018; L. 120.001, "Avalos", sentencia de 3-X-2018; L. 120.431, "Cristaldo", sentencia de 7-XI-2018; L. 120.208, "Rinaldi" y L. 120.207, "Demaro", sentencias de 21-XI-2018.
Controvierte además el rechazo de la excepción de prescripción opuesta. Alega que el sentenciante incurrió en absurdo al determinar el comienzo del cómputo del plazo prescriptivo en la fecha en que la Comisión Médica Central emitió su dictamen (20-XI-2006), ya que -afirma- luce evidente que en el específico supuesto de autos la actora tomó conocimiento del grado de su disminución laborativa el día 4 de agosto de 2004, esto es, cuando sufrió el accidente de trabajo. Por lo que, concluye, al tiempo de interposición de la demanda (31-X-2008), había transcurrido en exceso el plazo legal aplicable de dos años.
También alega que el tribunal de origen incurrió en absurdo al valorar la prueba pericial en higiene y seguridad laboral. Ello así, refiere, porque fue realizada sobre la escalera donde ocurrió el evento dañoso en el año 2016, es decir, doce años después de que se produjera el siniestro.
Por último, censura -por absurdo- el quantum indemnizatorio determinado en el fallo. Manifiesta que la sentencia no se encuentra debidamente fundada, ya que no se especifican las operaciones que llevaron a los jueces de grado a cuantificar el resarcimiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente cabe señalar -tal como lo reconoce el propio recurrente en su impugnación (v. fs. 432 vta.)- que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley 11.653.
En tales condiciones, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 122.596, "Felioga", resol. de 8-V-2019; L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando se ha establecido un criterio mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2.a. Dicho esto, corresponde en primer término brindar tratamiento al agravio que se dirige a cuestionar el rechazo de la excepción de prescripción.
Debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco previsto en el art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone claramente en tanto la postulación recursiva no cumple con la ineludible carga de denunciar la violación de la doctrina legal vinculada al agravio que se expone, no pudiéndose considerar en modo alguno satisfecho tal requerimiento con lo manifestado por el recurrente en torno al supuesto intento del tribunal de "forzar la interpretación de la doctrina legal invocada en sentencia en este punto" y que, en su opinión, remitiría a los precedentes L. 54.035, "Garansinchuk", sentencia de 25-X-94 y L. 117.901, "Fernandez Yesica", sentencia de 20-V-2015 (v. rec., punto VI, apdo. "b"; fs. 435 vta.).
Por otro lado, cabe recordar que no se configura la mentada excepción cuando se traen a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho, como lo es, por regla, la determinación del punto de partida de la prescripción (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 118.067, "Fernández", sent. de 4-XI-2015 y L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016).
III.2.b. Igual suerte adversa ha de correr el planteo por el que se controvierte la ponderación de la pericia en seguridad e higiene del trabajo, pues, sabido es, no concurre la excepción del mentado art. 55 cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba (causas L. 120.524, "Pappalardo", sent. de 17-IV- 2019; L. 121.528, "Trifaro", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
III.2.c. Tampoco resulta conducente la crítica referida a la aplicación retroactiva de la ley 26.773.
En el estrecho carril de análisis por el que transita el recurso, se observa que la doctrina invocada por el compareciente (emanada de las causas L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 119.890, "Romero", sent. de 21-VI-2018; L. 120.001, "Avalos", sent. de 3-X-2018; L. 120.431, "Cristaldo", sent. de 7-XI-2018; L. 120.208, "Rinaldi", sent. de 21-XI-2018 y L. 120.207, "Demaro", sent. de 21-XI-2018) fue elaborada en torno a supuestos en los que esta Corte hubo de revocar -por los fundamentos expuestos en cada caso- los distintos fallos dictados por los órganos jurisdiccionales, en cuanto habían resuelto aplicar el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 al monto de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo para resarcir contingencias cuya primera manifestación invalidante habían ocurrido en fecha anterior a su entrada en vigencia.
En el restante precedente citado (causa L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016) se dispuso la anulación del fallo de grado, toda vez que los magistrados de la instancia ordinaria se habían apartado de las pautas oportunamente prescriptas por esta Corte, a las que debían ajustarse para resolver la cuestión vinculada al resarcimiento que le correspondía a la trabajadora, una vez descartada la aplicación de las prescripciones de la ley 26.773 a los fines de calcular la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. En tales condiciones, se dispuso el reenvío de las actuaciones para que el tribunal de trabajo dictara un nuevo pronunciamiento.
Distinto es lo que acontece en autos, donde el objeto del pleito se halla definido por una acción indemnizatoria integral, sustentada en las disposiciones del derecho civil, y el tribunal de grado estimó el resarcimiento por daño material tomando como uno de los parámetros para calcular el valor vida a la variación semestral del RIPTE calculado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (tabla de vigencia de 1-III-2019 al 31-VIII-2019; nota G.C.P. n° 2.727/19; v. sent., apdo. "F").
Llegados a este punto, ocupa recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal forjada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017; L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
III.2.d. Por último, también devienen inadmisibles los planteos relativos a la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, pues remiten a la consideración de cuestiones de índole fáctica que -como se dijo- se hallan excluidas del estrecho ámbito de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 116.477, "Rivas", sent. de 23-XII-2014; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016; L. 119.368, "Arévalo", sent. de 28-VI-2017; L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
A lo señalado agrego, en atención a las motivaciones que esgrime el agraviado en el punto VI, apartado "d" de su réplica extraordinaria (v. fs. 437 vta. y 438), que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré este tramo de la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tal premisa, conforme tiene dicho esta Corte, no se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, cuando mediante la denuncia de violación de la doctrina legal se pretende, en realidad, someter a revisión de la Suprema Corte agravios vinculados con la interpretación de normas procesales (causas L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012; L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan, con excepción de los párrafos segundo y tercero del punto III.2.d. de su sufragio.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:27:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:42:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:39:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:32:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:07:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 11:53:22 hs. bajo el número RS-8-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia