Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123771
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.771, "Coronel, Walter Eduardo y otro contra Golezuk, Miguel y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Violini, Borinsky.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes confirmó la decisión de fs. 467 y vta. que, a su turno, había declarado operada la caducidad de instancia respecto de la acción instaurada en autos (v. fs. 486/488).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 499/505).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Walter Eduardo Coronel y Ramón Alberto Ruiz Diaz iniciaron la presente acción indemnizatoria contra Miguel Ángel Golezuk y la firma Pavisur S.A. en virtud de los daños y perjuicios sufridos el día 22 de octubre de 2011, en ocasión en que los actores se encontraban trabajando en la construcción de una vivienda ubicada en la calle Mercedes n° 940 de la localidad de Florencio Varela (v. demanda: fs. 54/63).
Relataron que el accidente se produjo en oportunidad en que el camión mezclador que llenaba con hormigón la estructura de una losa desplazó su brazo metálico y tocó los cables de conducción de electricidad, produciendo una descarga que impactó en los obreros accionantes, causándoles lesiones de diversa magnitud.
Corridos los pertinentes traslados y habiéndose presentado los accionados y las citadas en garantía Federación Patronal de Seguros S.A. y HSBC (v. fs. 74/85; 99/103 vta.; 117/121; 160/171 vta.; 234/236) se dictó el auto de apertura a prueba, con fecha 14 de julio de 2014 (v. fs. 253/254).
A fs. 448 Fernando Gabriel Stangatti, el letrado apoderado de Federación Patronal de Seguros S.A., solicitó se intime a los accionantes a instar el curso de las presentes actuaciones bajo apercibimiento de que se decrete la caducidad de la instancia, en atención al tiempo transcurrido sin impulso procesal alguno por parte de los actores.
A fs. 452 se presentaron estos últimos manifestando su intención de continuar con el pleito, requiriendo se intime al perito médico Ricardo Adrián Czernikier a finalizar y presentar el informe encomendado. Asimismo, el 12 de abril de 2018, acompañaron la historia clínica de Walter Eduardo Coronel (v. fs. 454/556).
A fs. 458 se presentó el referido experto y solicitó el préstamo de las actuaciones, el que fue concedido por el término de cinco días (v. fecha: 9-V-2018; fs. 459).
A continuación, obran actos procesales vinculados con la baja de la lista de peritos del ingeniero en construcciones Carlos Alberto Soares y la designación y aceptación del cargo de un nuevo profesional de dicha especialidad (v. fs. 460/465).
El 21 de septiembre de 2018 el letrado Stangatti solicitó se decrete la caducidad de instancia en virtud del tiempo transcurrido desde la última presentación de la contraria en la litis.
II. El magistrado de origen declaró operado este modo anormal de extinción del proceso (v. fs. 467 y vta.).
Para así decidir juzgó que, si bien los accionantes habían sido intimados a impulsar el procedimiento y se presentaron a fs. 452 manifestando su voluntad de continuar con el pleito, había transcurrido un nuevo lapso sin que desplegasen actividad procesal útil, circunstancia que imponía decretar la caducidad de la instancia (conf. arts. 310, 315, modif. ley 12.357, ley 13.986, 316 y concs.).
III. Apelado dicho pronunciamiento por los actores la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes lo confirmó (v. fs. 486/488).
IV. Frente a este fallo, el letrado apoderado de los accionantes interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la errónea aplicación y violación de los arts. 313 inciso 3 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 499/505).
V. El recurso no prospera.
V.1. El instituto de la caducidad de instancia es uno de los modos anormales de terminación del proceso y procede cuando no se cumple ningún acto procesal que impulse el trámite de la causa durante el tiempo fijado por la ley, con base en ese abandono del procedimiento y en la necesidad de descongestionar el servicio de justicia (arts. 10 y 15, Const. prov.; 310 y sigs., CPCC; conf. causa C. 118.527, "Quispe", sent. de 8-IV-2015; etc.).
El fundamento de esta medida, que es de naturaleza excepcional y de interpretación restrictiva (conf. causas L. 71.627, "López", sent. de 25-X-2000 y L. 106.189, "Rodríguez", sent. de 29-V-2013), se halla en el valor de la seguridad jurídica.
V.2. En el presente caso, el Tribunal de Alzada entendió que se encontraban configurados los presupuestos exigidos por la norma del art. 310 inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial para decretar operada la perención de la instancia.
Tras recordar la télesis y alcance del instituto bajo examen (v. fs. 486 vta. y 487), efectuó un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa. En dicho trance, refirió que:
A fs. 449 punto III los accionantes fueron intimados en los términos del art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fecha: 9-III-2018);
A fs. 452 se presentó la parte actora manifestando su intención de continuar con la acción entablada y solicitó que se intime al perito médico a la presentación de su experticia (v. fecha: 19-III-2018);
A fs. 454/456 los accionantes acompañaron la historia clínica de Walter Coronel, con el fin de ampliar la ya agregada al expediente (v. fecha: 12-IV-2018), habiendo sido esta la última actividad procesal útil hasta el nuevo pedido de perención de instancia solicitado por la citada en garantía el 21 de septiembre de 2018.
En atención a lo expuesto, concluyó que habiendo transcurrido un nuevo lapso de tres meses (conf. art. 310 inc. 3, CPCC) sin que los promotores del juicio hubiesen efectuado acto procesal alguno tendiente a hacer avanzar el proceso hacia su destino final, correspondía confirmar la caducidad operada.
V.3. Ante ello, los argumentos traídos por el recurrente no logran conmover la decisión atacada (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, el impugnante aduce que deviene improcedente la caducidad de instancia habida cuenta de que no recaía sobre los actores el deber de impulsar el proceso toda vez que se encontraba pendiente la confección de la pericia médica, a causa de cuya complejidad el experto había solicitado la extensión del plazo.
Asimismo, resalta el carácter de prueba común que poseía dicha experticia y la circunstancia de que nunca hubiese sido desistida por la contraria.
En rigor, sostiene que el fallo vulnera la doctrina legal de este Tribunal emanada del precedente C. 121.212, "Seguros de Depósito S.A." (sent. de 13-XII-2017).
Tal como lo adelantara, la impugnación no puede prosperar.
V.4.a. En efecto, en el citado fallo esta Suprema Corte puntualizó que los actos que impiden que se declare la caducidad de la instancia son todos aquellos que están expresamente a cargo de quienes integran el Poder Judicial: la palabra "Tribunal" no está empleada en el inciso 3 del art. 313 del Código Procesal Civil y Comercial con alcance restrictivo sino como oposición a la expresión "partes". Por lo que tal norma no puede actuarse independientemente del contexto general del Código, que en materia de certificación de bien probado hace una expresa atribución de responsabilidades al secretario (art. 480, CPCC), de modo que si el expediente se paraliza porque el nombrado no cumple con la actividad que la ley impone no es posible decretar la caducidad de la instancia, ya que se estaría ante una declinación y transferencia inadmisible de responsabilidades.
En tal sentido, se expresó que infringe el art. 313 inciso 3 del Código ritual la decisión que declara la caducidad de instancia mientras estaba pendiente de hacerse efectiva la certificación de la etapa probatoria, ordenada por el juez en uso de la facultad que le confiere el art. 36 del citado cuerpo normativo.
V.4.b. Tal como puede apreciarse las circunstancias procesales examinadas en dicha ocasión distan de la presente causa, que se encontraba -previo al decreto de caducidad de instancia- en plena etapa probatoria, con prueba pendiente de producción.
Ahora bien, cabe recordar que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causa C. 123.002, "Guardia", sent. de 18-II-2021; e.o.).
Tal exigencia -por lo hasta aquí expuesto- ha sido incumplida en la especie, lo que torna inaudible la crítica ensayada.
V.4.c. A los fines de responder de manera acabada la cuestión traída a debate, cabe poner de resalto que solo mientras el proceso se encuentra pendiente de alguna resolución judicial desaparece momentáneamente la carga de impulso que le incumbe a las partes, la que aparece reemplazada por un deber cuyo cumplimiento atañe exclusivamente al juez o al tribunal. Ello así pues en nuestro ordenamiento procesal civil la característica más saliente del principio dispositivo consiste en el hecho de que el proceso no solo se promueve, sino que además avanza y se desarrolla, en sus diversas etapas, a expensas de la voluntad particular (v. Palacio, Lino E.; "La caducidad de la instancia y la prueba pericial", pág. 1.953 y sigs. Summa Procesal Civil . Doctrina. Legislación. Jurisprudencia. JA, T.II, Ed. Abeledo Perrot, Dir. Camps, Carlos E., 2003).
A tenor de estas pautas de análisis, el hecho de que la presente litis se hallase a la espera de la presentación de un dictamen pericial -conforme aduce la quejosa- y no obstante esta prueba revistiese el carácter de común, no relevaba de la carga de impulso a la parte que había abierto la instancia.
En este sentido, atento al estado procesal en que se encontraban las actuaciones, no resulta posible predicar que se hallara pendiente alguna actuación o resolución a cargo del tribunal de grado (en los términos del inc. 3 del art. 313, CPCC), pues cabía a la actora instar la adopción de las providencias necesarias para la obtención de los peritajes demorados, fuera mediante la solicitud de nuevas intimaciones a los expertos o directamente mediante la de remoción del perito médico (dada la previa intimación cursada con tal apercibimiento) o bien -por el contrario- mediante el desistimiento de las pruebas pendientes, incluso como recaudo previo para un eventual ulterior acuse de negligencia (debido a su carácter común, conf. arts. 365, 382, 468, 487, 492, 495 y concs., CPCC).
No desconozco la existencia del precedente de este Tribunal que arribara a una hermenéutica distinta sobre la norma del art. 468 del Código Procesal Civil y Comercial (causa C. 41.269, "Fisco", sent. de 3-X-1989), mas -tal como lo hiciera el doctor Negri en su opinión disidente vertida en aquella ocasión- considero que la citada norma, si bien anticipa la posibilidad de que el juez designe un nuevo perito, no inhibe la actividad impulsora de las partes -propia del principio dispositivo bajo el cual se encuentra organizado el proceso civil- tendiente a lograr la previa remoción del anterior, ni impide la declaración de caducidad de instancia cuando -como ha sucedido aquí- tal actividad ha sido incumplida y ha transcurrido el término legal (arts. 310 y 316, CPCC).
En igual orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la carga de mantener viva la instancia recae en quien tiene interés en su supervivencia, habiéndose decidido que "la parte que promueve el proceso asume la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión en virtud del conocido principio dispositivo, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, y únicamente queda relevada de dicha carga procesal cuando solo al tribunal le concierne dictar una decisión" (CSJN, 12-IV-1994; Rep. ED 29-99; n° 7, citado por Loutayf Ranea y Ovejero López, Caducidad de la Instancia , 2da. Edición, pág. 102 y sigs.).
V.4.d. En consecuencia, de acuerdo con el sentido anticipado, el despliegue argumental efectuado en abono de la impugnación no exhibe más que una simple y sesgada disconformidad con lo resuelto, circunstancia que resulta ineficaz para enervar la respectiva conclusión del juzgador (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar que incurre en el vicio de absurdo, extremo que ni siquiera ha sido denunciado por el recurrente (conf. causas C. 116.844, "Don Damián S.A.", sent. de 26-III-2014; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; entre muchas).
VI. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. No comparto la opinión de los distinguidos colegas que me preceden pues, en mi parecer, el recurso prospera (art. 289, CPCC).
I.1. Los antecedentes relevantes del caso han sido prolijamente reseñados en el voto del ponente, por lo que en este aspecto me he de remitir al pormenorizado desarrollo que allí se formula.
Sobre esa plataforma fáctica, y frente a la decisión del Tribunal de Alzada que confirmó la declaración de la caducidad de la instancia dispuesta en la etapa liminar del proceso, el recurso extraordinario en tratamiento denuncia que tal modo de resolver importó una infracción a la doctrina legal de este Tribunal que surge de la decisión recaída en la causa C. 121.212, "Seguros de Depósito S.A." (sent. de 13-XII-2017). Concretamente, invoca como hecho obstativo de la perención de la instancia -en el marco de la aludida doctrina legal- la circunstancia de encontrarse pendiente de producción la actividad encomendada al perito, sujeto que se encontraba compelido al cumplimiento de los plazos fijados por el órgano jurisdiccional, los cuales se encontraban vencidos.
I.2. Es doctrina pacífica de este Tribunal -cuya violación puntualmente denuncia la pieza recursiva en tratamiento- que la carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extienda en todo su curso, desaparece cuando existe un deber del tribunal, porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez (art. 313 inc. 3, CPCC; causas C. 121.212, "Seguros de Depósito S.A.", cit.; C. 120.928, "Becerra", sent. de 12-VII-2017; C. 118.922, "Veliz", sent. de 1-VII-2015; C. 79.314, "Figueira", sent. de 5-XII-2001; C. 74.381, "Banco Río de la Plata S.A.", sent. de 2-VIII-2000; Ac. 59.664, "Municipalidad de Tigre", sent. de 8-VII-1997; Ac. 45.193, "Alfonso", sent. de 13-VIII-1991; Ac. 41.269, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 3-X-1989; L. 32.521, "Fisco de la Provincia", sent. de 29-V-1984, Ac. y Sent. 1984-I, 142).
I.3. Ahora bien, en el precedente invocado por el recurrente (C. 121.212, "Seguros de Depósito S.A.") se señaló -como circunstancia que impedía la perención de la instancia- que el régimen procesal en materia de certificación de bien probado hace una expresa atribución de responsabilidades al secretario (art. 480, CPCC), de modo que si el expediente se paraliza porque el nombrado no cumple con la actividad que la ley impone no es posible decretar la caducidad de la instancia, ya que se estaría ante una declinación y transferencia inadmisible de responsabilidades. Ello por cuanto los actos que impiden que se declare la caducidad de la instancia son todos aquellos que están expresamente a cargo de quienes integran el Poder Judicial: la palabra "Tribunal" no está empleada en el inciso 3 del art. 313 del Código Procesal Civil y Comercial con alcance restrictivo sino como oposición a la expresión "partes" (SCBA, DJBA, v. 124, pág. 293; e.o.). Por lo que tal norma no puede actuarse independientemente del contexto general del Código.
Debo señalar a esta altura que esta pauta directriz es la postulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene que " la caducidad de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso , y que por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar de forma ritual el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio" (Fallos: 335:1709 y sus citas; 340:1677; e.o.; el destacado me pertenece).
I.4. Aun siendo cierto -como acertadamente apunta el ponente- que el extremo verificado en el aludido precedente de esta Suprema Corte difiere del suscitado en la especie, esta causa presenta una situación claramente analogable a la hipótesis allí descripta.
Un análisis contextual, a la luz de lo normado en el art. 313 inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial, pone en evidencia que el incumplimiento de los plazos para la realización de la experticia imponía al juez el deber de ajustar su actuación a lo prescripto en el art. 468 del digesto procesal, cuya parte pertinente establece que "será removido el perito que después de haber aceptado el cargo [...] rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez de oficio, nombrará otro en su lugar...". Y dicha situación obsta a la declaración de perención de la instancia dispuesta por el juez de la primera instancia y confirmada por la Cámara.
I.5. Esta fue la solución que adoptó este Tribunal por aplicación de la doctrina legal cuya infracción endilga el líbelo recursivo en la causa que se registra en Ac. 41.269, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Giacometti" (cit.), en la que se resolvió una situación idéntica a la sometida aquí a juzgamiento.
Para hacer lugar al recurso de inaplicabilidad en tratamiento se señaló en esa oportunidad que "ante un precepto de contenido similar al del art. 468 del Código Procesal Civil y Comercial: el art. 483, esta Corte tuvo oportunidad de expresar que la omisión de practicar la notificación de la sentencia -que debe ser cumplida de oficio por el órgano, según lo establece el art. 483 del Código Procesal Civil y Comercial- no puede ser imputada a la parte ya que la facultad que tiene ésta de instar la realización, no puede imponérsele como carga (D.J.B.A. 116-508; causa L. 32.521, sent. del 29-V-84)".
Se advirtió allí que "tales conceptos resultan de aplicación mutatis mutandi al supuesto del art. 468 citado en cuanto dispone que 'será removido el perito que después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez de oficio, nombrará otro en su lugar...'" (el destacado me pertenece).
Por fin, y con ese piso de marcha en función de los antecedentes configurados en aquella litis, se añadió en dicho precedente que "la carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extiende en todo su curso, desaparece cuando existe un deber del Tribunal, porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez (art. 313 inc. 3º, C.P.C.; causas
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