Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123003
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.003, "Sucesores de Bustos Bertolini, María Juliana y otros contra Echezarraga, Jorge y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud , Kogan, Soria .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la solución de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida contra Jorge Carlos Echezarraga, María Esther Braz y la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. Asimismo -tras advertir que el fallo apelado portaba un defecto aritmético al consignar la suma final de cinco millones cuatrocientos mil pesos ($5.400.000)- dejó establecido que el monto total por el que prosperaba el reclamo era el de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000) y que la condena se hacía extensiva a las citadas en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima, dentro de los límites de cada cobertura (v. fs. 1.275/1.297 vta.).
Se interpusieron, por la letrada apoderada de la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. y el apoderado de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 14-VIII-2018 y 17-VIII-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de la citada en garantía?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Bárbara Bertolini y Oscar Pedro Bustos, por sí y en representación de su hija menor María Juliana Bustos Bertolini, iniciaron la presente acción indemnizatoria contra Jorge Carlos Echezarraga, María Esther Braz y la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. en virtud de los daños y perjuicios derivados de la mala praxis médica atribuida a los accionados. A su vez, solicitaron que se hiciera extensiva la demanda a las citadas en garantía que en definitiva surgieran en el trámite del proceso (v. demanda: fs. 44/54).
En su líbelo de inicio, relataron que con fecha 27 de abril de 1998 Bárbara Bertolini se realizó una ecografía obstétrica -efectuada por el doctor Arena Héctor Eduardo (M.N. 29.177)- de la cual surgía que la paciente tenía mioma y embarazo. Que con fecha 27 de octubre de 1998 se hizo en la Fundación de Genética una nueva ecografía obstétrica que dio señales de alerta respecto de la vitalidad fetal, líquido amniótico disminuido y una diferencia de una a dos semanas menos en el crecimiento fetal. Que en igual fecha se realizó un hemograma, que reveló ligera anemia, lo que anunció la posible causa de sufrimiento fetal. Que el 9 de noviembre del mismo año se llevó a cabo una nueva ecografía obstétrica, realizada por José María Fassi (M.N. 51.656), que indicó que el estado era normal, así como un monitoreo que no era interpretable (dice fuera de foco) y no se replicó uno nuevo hasta el 8 de diciembre.
Explicaron que en dicha oportunidad concurrió la señora Bertolini por la mañana al Hospital Héroes de Malvinas por indicación de la partera y colaboradora del equipo médico del doctor Echezarraga, María Esther Braz. Afirmaron que allí se le realizó tacto y monitoreo fetal informándoles que era "reactivo" y a primeras horas de la tarde concurrió a la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A., donde la recibió la partera Braz haciéndole saber que se encontraba bien, siendo internada en proceso de parto y espera a las 15:00 hs.
Refirieron a continuación que a las 16:00 hs. aproximadamente la partera en una nueva revisación decidió que la madre debía urgentemente ir a quirófano por no encontrar signos vitales de la criatura. En el quirófano la preparó la enfermera hasta que llegaron el médico y la partera, quienes esperaron que concurriera el anestesista para proceder a la cesárea, naciendo luego la niña.
Alegaron que María Juliana Bustos Bertolini nació por cesárea, que la causa de la intervención fue el sufrimiento fetal agudo, lo que demostró que la recién nacida tenía sus reservas disminuidas y que, por tal motivo, el crecimiento no fue el suficiente. Sostuvieron que esta disminución de reservas por un sufrimiento fetal crónico durante el embarazo -que no fue oportunamente detectado- no le permitió tolerar el estrés del inicio del trabajo de parto, ni la hipotensión sufrida por la madre. Explicitaron que el daño causado en el cerebro de Juliana por falta de oxígeno fue diagnosticado como "Encefalopatía hipóxica isquémica", consecuencia del sufrimiento fetal crónico padecido y que la microcefalia (disminución del desarrollo cerebral) provocó en la criatura parálisis cerebral.
Reclamaron en representación de María Juliana: tratamientos de rehabilitación, trescientos mil pesos ($300.000); personal de enfermería, noventa y dos mil pesos ($92.000); lucro cesante, ciento veinte mil pesos ($120.000). En su carácter de progenitores: daño moral, cincuenta mil pesos ($50.000); pérdida de chance, ciento cincuenta mil pesos ($150.000) para cada uno de ellos. Asciende el monto total a la suma de novecientos doce mil pesos ($912.000) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más los intereses desde la fecha del hecho y las costas del juicio.
A fs. 285/304 vta. se presentó el codemandado Echezarraga. Negó toda responsabilidad profesional en el evento dañoso y sostuvo haber obrado con profesionalidad durante todo el período de atención de la señora Bertolini.
A fs. 281/282 contestó demanda la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A., manifestando su falta de responsabilidad en el hecho dada su calidad de "clínica abierta". A la par, adhirió a todos los reconocimientos, negativas, exposición de los hechos y consideraciones médico legales efectuadas en su responde por el galeno Echezarraga.
A su turno, hicieron lo propio San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y Federación Patronal Seguros S.A. Ambas citadas remitieron a los argumentos médicos expuestos por la clínica demandada (v. fs. 330 y 346/348 vta.).
A fs. 397 la codemandada Braz fue declarada rebelde.
A fs. 486 se acreditó el fallecimiento de la niña María Juliana Bustos Bertolini, ocurrido el día 15 de enero de 2008, decretándose la suspensión de la tramitación del proceso y emplazándose a los herederos de la actora en los términos de los arts. 43 y 53 inc. 5 del ritual, el que se reanudó a fs. 490.
A fs. 489 se agregó testimonio de la declaratoria de herederos dictada en el Juzgado Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Morón, mediante la cual se declaró a Oscar Pedro Bustos y Bárbara Bertolini universales herederos de María Juliana.
II. La señora jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Bárbara Bertolini y Oscar Pedro Bustos -por sí y en su carácter de sucesores de María Juliana Bustos Bertolini- contra Jorge Carlos Echezarraga, María Esther Braz y Clínica Privada Dres. Marcelo Tachella S.A. En consecuencia, condenó a estos últimos a pagar a la actora la suma de cinco millones cuatrocientos mil pesos ($5.400.000), con más la tasa de interés que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de plazo fijo a treinta días, según la vigencia en los distintos períodos de aplicación, desde la fecha del hecho (8-XII-1998) y hasta su efectivo pago.
Asimismo, hizo extensiva la condena a las citadas en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y Federación Patronal Seguros S.A. e impuso las costas a los demandados vencidos (v. fs. 965/986).
III. Apelado dicho pronunciamiento por los accionados Echezarraga y Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. y las citadas en garantía (v. fs. 991, 1.002, 1.003 y 1.005), la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón lo confirmó (v. fs. 1.275/1.297 vta.).
Comenzó por señalar que no había mediado defecto de congruencia fáctica en el fallo de primera instancia, el cual se había ajustado a los términos de la pretensión y oposición (v. fs. 1.281/1.283 vta.).
En lo atinente a la responsabilidad médica atribuida en el caso -tras examinar las conclusiones vertidas por los expertos y coincidiendo en sustancia con lo juzgado en la instancia de origen- concluyó que existieron varias negligencias en el accionar de los galenos que fueron acreditadas a lo largo del proceso, a saber: ausencia de monitoreo permanente, omisión de suministro de uteroinhibidores, elección del tipo de incisión y demora en la resolución del parto (v. fs. 1.283 vta./1.288 vta.).
A continuación, en cuanto a la relación de causalidad subrayó que la perito neuróloga indicó que la niña presentó sufrimiento fetal agudo con secuela de parálisis cerebral (v. fs. 282 vta.) y que se encontraba por demás probado que el problema que se presentó durante el parto fue lo que provocó el nacimiento de un bebé deprimido grave con el score de Apgar mencionado (v. fs. 1.288 vta. y 1.289).
A la luz de estas consideraciones, juzgó que había quedado acreditada la negligencia médica no solo de la obstétrica Braz sino también del galeno Echezarraga, lo que ameritaba hacer lugar a la demanda a su respecto y en relación con la clínica demandada (v. fs. 1.289 y vta.).
A renglón seguido, procedió al examen de los rubros indemnizatorios y confirmó las sumas fijadas en la sentencia de origen. Asimismo -tras advertir que el fallo apelado portaba un defecto aritmético- dejó establecido que el monto total por el que prosperaba el reclamo era el de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000) y que la condena se hacía extensiva a las aseguradoras dentro de los límites de cada cobertura (v. fs. 1.289 vta./1.294; 1.296 vta. y 1.297).
Por fin, descartó la aplicación al caso de los precedentes de esta Corte "Vera" y "Nidera" en materia de intereses y confirmó la tasa de interés dispuesta en el fallo de origen (v. fs. 1.294/1.296).
IV. Frente a esta forma de decidir, la letrada apoderada de la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 163 inc. 5, 165, 330 inc. 4, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 901 a 906, 1.068, 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil de Vélez. Alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba y el quebrantamiento de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 14-VIII-2018).
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1. De manera liminar, conviene dejar sentado que la cuestión litigiosa consiste en la eventual responsabilidad civil de los profesionales del arte de curar María Esther Braz, Jorge Carlos Echezarraga y la Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella S.A. en virtud de la atención brindada por los galenos durante el embarazo y el parto de la actora Bárbara Bertolini (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y concs., CPCC).
Al respecto, esta Corte ha establecido que cuando media un vínculo contractual en que el paciente o los progenitores de este participan a título personal para convenir lo necesario para su atención médica con un galeno o establecimiento asistencial privado, las consecuencias que pudiesen derivarse del incumplimiento por la supuesta mala praxis en el servicio deben regirse por las normas que regulan la responsabilidad contractual (causas C. 79.686, sent. de 3-III-2010; C. 112.820, sent. de 7-XII-2014; e.o.).
En tal sentido, corresponde aclarar que la cuestión sustancial aquí sometida a juzgamiento debe ser resuelta de acuerdo a lo normado por la legislación vigente al momento de verificarse los actos y hechos eventualmente configurativos de la atribuida mala praxis médica (ocurridos el 8-XII-1998) como evento modificatorio contractual y configurativo de un supuesto de incumplimiento absoluto y definitivo de las prestaciones a cargo de los profesionales involucrados (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
V.2. Dicho lo anterior, cabe recordar que esta Suprema Corte ha establecido que determinar la existencia de un accionar culposo de los médicos y la relación de causalidad entre dicho obrar y el daño sufrido por el paciente constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la etapa extraordinaria, salvo que a su respecto el impugnante invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causas C. 114.995, "Van Den Steen", sent. de 3-X-2012; C. 117.906, "Herrero Ducloux", sent. de 26-III-2014; entre muchas).
Ahora bien, considero que los embates de la recurrente, dirigidos a impugnar la configuración de los acontecimientos acaecidos en el presente caso y su relación causal con el obrar de los referidos galenos, no resultan de recibo (doctr. art. 279, CPCC).
V.2.a. En efecto, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón -para confirmar la solución de origen y, en consecuencia, la responsabilidad atribuida a María Esther Braz, Jorge Carlos Echezarraga y la Clínica Privada Dres. Marcelo Tachella S.A.- ponderó minuciosamente el material probatorio obrante en autos y llegó a la conclusión de que los profesionales accionados no habían obrado con la debida diligencia ni en los momentos previos al parto ni durante la intervención.
Para así juzgar, entendió capitales las pericias llevadas a cabo en autos, ya que para apreciar las conductas médicas resultaban necesarios conocimientos científicos específicos (arts. 384, 457 y 474, CPCC).
Sobre tal piso de marcha recordó que la señora jueza de primera instancia había señalado que fueron acreditadas varias negligencias médicas, a saber: ausencia de monitoreo permanente, omisión de suministro de uteroinhibidores, elección del tipo de anestesia, elección del tipo de incisión y demora en la resolución del parto (v. fs. 980). Entendió que el mejor método a seguir era parcelar cada una de estas temáticas y someterlas a análisis individualmente.
Así comenzó por señalar que, en lo que respecta a la ausencia de monitoreo permanente, el perito médico -especialista en obstetricia y ginecología, doctor Fernández- (v. fs. 585 vta.) indicó que un monitoreo fetal reactivo indicaba bienestar fetal al comienzo del trabajo de parto y que el control de los latidos debía ser permanente.
Advirtió que -según el experto- la actora ingresó a la clínica a las 15:30 hs. siendo controlada por la obstétrica Braz (v. fs. 586 vta. y 600); que a las 15:45 hs. ya comenzó a detectarse una disminución en los latidos fetales (v. fs. 586 vta. y 600); que en el siguiente control que se realizó a las 16:00 hs. se notó un descenso mayor (v. fs. 586 vta.) y recién a esa hora la obstétrica se comunicó con el codemandado.
Destacó, entonces, que evidentemente lo acontecido en este período no podía adjudicársele al accionado Echezarraga, sino -en todo caso- a la obstétrica, quien frente a la detección de la anormalidad (a las 15:45 hs.) debió haber convocado al médico de manera inmediata.
En este último sentido, la Cámara no perdió de vista la divergencia de criterios que surgía respecto de lo afirmado por el perito Fernández y lo sostenido por los médicos de la Asesoría Pericial La Plata -doctores Granillo Fernández y Neme-, quienes opinaron que el aviso al médico tratante fue oportuno.
Sin embargo, se inclinó por el parecer del primero de los nombrados, tras ponderar que la actora era una paciente de riesgo (de edad avanzada, fumadora y con problemas cardíacos) -ver fs. 586 vta. y 938 vta.-; que poco tiempo después del primer monitoreo los latidos fetales disminuyeron de manera brusca (de 110 a 80) y que tal circunstancia podría haberse advertido -sin necesidad de aguardar 15 minutos- si el monitoreo hubiera sido permanente, lo que hubiera permitido utilizar un precioso tiempo en la resolución de la emergencia (conf. arts. 384 y 474, CPCC).
En lo concerniente a la omisión de suministro de uteroinhibidores, señaló que había sido categórica la afirmación de los expertos de la Asesoría Pericial de La Plata quienes refirieron que la uteroinhibición no había sido indicada durante la reanimación fetal uterina (v. fs. 944 vta.), lo que resultaba de suma importancia dado que dicha medicación tendía "a reducir la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas [...] para mejorar, junto con las otras medidas, el flujoútero-placentario" (fs. 938, 941 vta. y 943) conducta que -según los actuantes- se consideraba adecuada ante la presencia de bradicardia fetal intraparto.
A ello, agregó que si bien el perito Fernández no habló de la necesidad de administrar uteroinhibidores sino de la posible adopción de otras medidas (v. fs. 585 vta.), frente al informe de la Asesoría Pericial, uno de cuyos aspectos fundamentales había sido la ausencia de uteroinhibidores, el demandado Echezarraga nada había dicho en su pedido de explicaciones de fs. 955.
Así las cosas, subrayó que teniendo en cuenta el resultado que a la postre se produjo y el padecimiento de la pequeña niña, como así también la explicación que daban los facultativos en cuanto a la finalidad de los uteroinhibidores, su conclusión en el punto parecía lógica y razonable, no existiendo prueba en autos que la contradijera (arts. 384 y 474, CPCC).
En virtud de las consideraciones expuestas, concluyó que resultaba evidente, en el caso, la utilidad que hubiera arrojado la uteroinhibición para mejorar el flujo uteroplacentario; más aún si la hipotensión aumentaba con las contracciones, verificándose aquí una conducta profesional inadecuada, que había de computarse a los efectos del juzgamiento de la responsabilidad.
Al abordar el tópico relativo a la elección del tipo de anestesia, consideró irrelevante la cuestión anestesiológica toda vez que, si bien los expertos coincidieron en que por el cuadro clínico la peridural no era la anestesia de elección debiéndose haber efectuado una cesárea de urgencia y bajo anestesia general, de las constancias de la causa surgía que dicho obrar no agravó la situación, con lo que no cabía reproche alguno por esta razón.
En lo atinente a la elección del tipo de incisión, la Cámara destacó que según lo aseveró el perito Fernández (v. fs. 601) la incisión transversal no había sido la más indicada para una emergencia obstétrica, surgiendo de tal modo una nueva conducta inadecuada y, esta sí, plenamente atribuible al demandado Echezarraga.
Por fin, en lo atinente a la demora en la resolución del parto, remarcó que los facultativos de la Asesoría Pericial fueron claros al expresar que la cesárea de urgencia debe efectuarse dentro de los 30 minutos de detectados los signos de hipoxia fetal intrauterina, lo que no ocurrió en la especie.
En vista a todas estas circunstancias, concluyó que encontrándose acreditadas las negligencias médicas antes descriptas, correspondía confirmar la sentencia apelada (v. fs. 1.283 vta./1.289 vta.).
V.2.b. Pues bien, el precedente análisis efectuado por el Tribunal de Alzada no logra ser rebatido eficazmente por los agravios volcados por la recurrente (doctr. art. 279, CPCC).
Veamos.
En primer lugar, aduce la quejosa que el análisis de las experticias es arbitrario, eligiéndose la más conveniente en el menú de opciones -y en forma zigzagueante- para demostrar la supuesta mala praxis (v. págs. 29/30).
Así, estima absurda la ponderación efectuada de la prueba pericial médica, en tanto afirma que frente a respuestas contradictorias brindadas por los expertos se inclina siempre por aquella que favorece a la actora, desvalo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.