Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda articulada por Mirta Irene Moran Eceiza y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 como consecuencia del accidente in itinere acaecido. Por el contrario, la desestimó en relación a las indemnizaciones previstas en los arts. 3 de la ley 26.773 y 7, 9, 15 apartado 2 y 17 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, gastos médicos y farmacéuticos, daños moral, psicológico y psiquiátrico y prestaciones médicas, farmacológicas y toda asistencia sanitaria. Finalmente, impuso las costas a las partes en la proporción en que resultaron vencidas (v. fs. 224/233 vta.).
Con posterioridad, y en lo que resulta de interés destacar, el tribunal de origen reguló los honorarios devengados por los profesionales que actuaron en la instancia (v. fs. 234/235 vta.)
II. Frente a esta última decisión, la accionante articuló, por un lado, una aclaratoria (v. presentación de fecha 14-V-2021) y, por otro, los recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. escrito electrónico de fecha 1-VI-2021).
A su turno, el sentenciante de grado rechazó la aclaratoria incoada alegando que la regulación de honorarios se ajustó a los topes establecidos por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, aunque rectificó la liquidación en lo que refiere a la expresión en valor " Jus " de los montos regulados en el marco de la ley 14.967, en atención a lo dispuesto por esta Corte en el Acuerdo 4012/21. Asimismo, emplazó a la recurrente a fin de que manifieste lo conducente a su interés con relación a los remedios extraordinarios interpuestos.
Seguidamente, y frente a la decisión de la accionante de mantener vivas las vías extraordinarias deducidas (v. escrito de 17-VI-2021), el a quo concedido los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley, este último en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 y rechazó el de inconstitucionalidad (v. fs. 239 y vta. y 241/242; respectivamente); habiéndose conferido vista al Señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-X-2022).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, sostiene que el fallo dictado incurrió en omisión de cuestiones esenciales y carece de la debida fundamentación legal. Invoca configurado el vicio de absurdo al considerar que el juzgador de origen impuso las costas y fijó los honorarios profesionales en violación del beneficio de gratuidad prescripto en el art. 22 de la ley 11.653, como así también de las previsiones contenidas en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, le objeta al tribunal actuante no haber indicado la base regulatoria que utilizó para la determinación de los honorarios profesionales.
III.2. El recurso, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, no puede prosperar.
III.3.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. En tal sentido, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que, bajo la denuncia de cuestión esencial, la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.3.c. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021).
En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la compareciente denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, primeramente, cuestiona la decisión del colegiado de grado en cuanto impuso las costas en clara vulneración del principio de gratuidad que rige en materia laboral.
Luego, endilga al sentenciante no haber explicitado la base regulatoria utilizada a fin de determinar los estipendios profesionales.
Finalmente, también acusa que no aplicó respecto de los honorarios a cargo de la actora, el límite establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
IV.2. El recurso tampoco ha de prosperar.
IV.3.Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.4. En ese contexto, respecto del primer agravio traído, se impone recordar que no resulta aplicable a una cuestión accesoria como es la imposición de costas la excepción prevista en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, desde que, tratándose la misma de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado este Tribunal (causas L. 120.442, "Alegre", resol. 3-V-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.378, "Kern", resol. de 4-II-2021).
De todos modos, y para satisfacción de la recurrente, dable es señalar que si el tribunal de grado no declaró expresamente en la sentencia que la trabajadora estaba alcanzada por el beneficio de gratuidad establecido en el art. 22 de la ley 11.653, dicha circunstancia no resulta un impedimento para su operatividad, habida cuenta que el beneficio al que se refiere la mencionada norma es otorgado ministerio legis y no por los tribunales del fuero, no siendo necesario para su goce que se lo mencione en el fallo (causas L. 60.159, "Orozco", sent. de 28-X-1997; L. 93.705, "Galli", sent. de 4-II-2009; L. 100.475, "Montironi", sent. de 17-III-2010; L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017; L. 121.758, "Torales", resol. 21-XI-2018 y L. 123.662, "Cascabelos", resol. de 27-V-2022).
IV.5. También debe ser desestimada la objeción planteada en segundo lugar, pues sin perjuicio de otras consideraciones, cierto es que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.688, "Carrizo", resol. de 15-II-2023).
IV.6. Finalmente, en orden al último de los agravios traídos, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral también se impone nítida, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial se halla de acuerdo con la doctrina legal de este Tribunal, en atención a que no excede la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012; L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021 y L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022; e.o.).
A mayor abundamiento, cabe agregar, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 128.128, "Castillo", resol. de 14-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:52:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:34:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:36:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:29:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 08:37:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/05/2023 10:44:21 hs. bajo el número RR-518-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia