Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Patricia Alejandra García y condenó, en forma solidaria, a Perchet Argentina S.A. y a Liberty Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios en el marco del derecho común a consecuencia del accidente de trabajo acreditado en autos (v. pronunciamiento de fecha 7-VII-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución del 6-V-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, invoca absurdo, denuncia la doctrina que entiende violada y la vulneración del principio de congruencia.
En lo esencial, se agravia del monto indemnizatorio al que arriba el tribunal de grado, alegando que en el fallo se omitió ponderar las sumas de dinero debidas a la reclamante como deudas de valor. En esencia, asegura que el juzgador debió fijar el resarcimiento de la trabajadora teniendo en consideración un ingreso mensual base actualizado al momento del efectivo pago. En suma, entiende que el fallo vulnera lo establecido por esta Corte en los precedentes L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020).
Luego, impugna la forma en que el a quo interpretó el planteo efectuado en el escrito de inicio respecto de la ley 25.561, en tanto no tuvo en cuenta el proceso inflacionario y la consecuente desvalorización monetaria.
Por último, argumenta que el tribunal de grado omitió cuantificar el daño punitivo de manera autónoma.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el órgano de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022).
Asimismo, luce infructuoso el reproche de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.3.a Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto del primer agravio traído, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas citadas en el recurso aluden a presupuestos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018 y L. 128.869, "García", resol. de 5-XII-2022).
III.3.b. En otro orden, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
III.3.c. En torno a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia debe señalarse que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción enunciada (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.853, "Abalos" y L. 124.106, "Bucci", resols. de 23-IX-2020 y L. 126.774, "Martínez", resol. de 30-VIII-2021).
III.3.d. No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas, L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
III.4. También debe ser desestimada la segunda de las objeciones traídas, pues la impugnante no acredita a lo largo de su exposición la violación de doctrina legal alguna por parte del órgano judicial de la instancia ordinaria. Para más, lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 124.725, "Casas", resol. de 21-IX-2020; L. 124.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021; L. 127.202, "Navone" resol. de 29-XI-2021 y L. 128.558, "Sinigaglia", resol. de 8-V-2023), sin que la impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.5. Finalmente, tampoco resulta atendible el último de los agravios traídos, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo manifestado en el apartado III.3.c.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 21:59:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/06/2023 10:19:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2023 09:21:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:00:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 11:03:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 14:10:39 hs. bajo el número RR-741-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia