Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127506
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.506, "Vargas, Carlos Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. sent. de 22-II-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que el señor Carlos Antonio Vargas promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar las sumas que determinó en concepto de prestaciones dinerarias previstas en el régimen de infortunios laborales (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773) y diferencia referida a la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual.
Concretamente, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, el actor padece hipoacusia perceptiva bilateral por trauma acústico, lumbociatalgia y várices en miembro inferior derecho, que lo incapacitan (sumado los factores de ponderación) en un 40,94% del índice de la total obrera.
En lo que aquí reviste mayor interés y tal como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773, que fuera inicialmente objetada por la demandante.
Con apoyo en consideraciones vertidas en otros precedentes del mismo tribunal, discurrió sobre el diseño de la reforma instaurada por la citada ley 26.773, y su incompatibilidad con los términos en que fue promovida la demanda aquí instaurada.
Resolvió que el condicionamiento al que la norma sujeta el inicio de la acción judicial, esto es, la notificación de la aseguradora de riesgos del trabajo del importe ofrecido por la prestación que en cada caso se determine, conspira contra el derecho de peticionar a las autoridades y el libre y rápido acceso a la justicia. Indicó que la regla bajo la lupa pretende -en un voluntarismo irrazonable- desconocer, indisimuladamente, el derecho del trabajador a percibir lo que le es debido en el marco del régimen especial si es que pretende iniciar la acción civil por responsabilidad extracontractual del empleador.
No obstante, reparó que en el caso examinado, el trabajador no había recibido comunicación alguna sobre las prestaciones dinerarias a su disposición en el marco del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo.
En ese orden manifestó que el diseño legal se instala con abuso -e indisimulable intento de clausura del ejercicio de derechos particulares- sobre el estado de necesidad de la víctima de un accidente o enfermedad que rápidamente -o de atropello- debe discernir, sin asesoramiento médico ni legal sobre las secuelas definitivas del infortunio, eventuales parámetros o posibilidades de reparación, ni -menos aun- sobre las responsabilidades involucradas, y en tal escenario de incapacidad e incertidumbre, debe aceptar la suma ofrecida discrecionalmente por la aseguradora a los quince días, o iniciar un camino aleatorio y prolongado, resignando la posibilidad de percibir lo que legal y mínimamente le es reconocido y, por lo tanto, le corresponde en los términos de la ley especial de accidentes de trabajo.
Señaló que lejos de afianzar el carácter tuitivo de la normativa laboral, la opción con renuncia que consagra el art. 4 de la ley 26.773 luce totalmente desajustada con relación a la Constitución nacional y al derecho a reclamar contra el causante del daño que se reconoce a todo habitante del país, lo que implica conculcación de los arts. 16, 18 y 19 de la ley fundamental.
En tales condiciones, juzgó habilitada la reunión de pretensiones intentada por el actor y, toda vez que en autos este último había logrado acreditar los presupuestos de atribución de responsabilidad contenidos tanto en la legislación común como en el régimen especial, hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagarle la suma de $3.333.547,82, comprensiva de $1.405.994,39 por prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la compensación prevista por el art. 3 de la ley 26.773 y de $1.927.553,43 en concepto de la diferencia de indemnización por daños y perjuicios.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad".
Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la " ultima ratio ".
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Alega que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773 (vigente al tiempo de interponer el reclamo), en razón de solicitar, en primer término, la reparación al amparo de las leyes 24.557 y 26.773.
Censura por inconsistentes los argumentos dados a fin de impugnar una normativa de orden público, creada con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de la ley 24.557.
Así, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
Por último, y para el caso de que prospere la condena con fundamento en la normativa civil, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En el escrito liminar la parte actora advirtió que acudía ante el tribunal de trabajo a "iniciar formal demanda por indemnización leyes 24.557 y 26.773 y daños y perjuicios" (fs. 4).
A tal fin, planteó la inconstitucionalidad de numerosas normas que integran el sistema de riesgos del trabajo, así, de los arts. 1, 2, 6, 8, 12, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 43, 44, 46 y 49 de la ley 24.557 (v. fs. 4 vta.). También objetó la validez de los arts. 4, 6, 17 apartados 2 y 3 de la ley 26.773. En particular, y con cita de los precedentes "Llosco" y "Aquino" de la Corte federal, cuestionó la constitucionalidad del art. 4 de la última ley mencionada, ello, por violentar -dijo- los derechos de propiedad, igualdad y acceso a los jueces naturales; así como los principios de legalidad y razonabilidad, consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 29 de la Constitución nacional y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 6 y vta.).
En su responde, el Fisco provincial sostuvo que "...el litigio queda comprendido dentro de la vigencia de la ley 26.773, conforme el art. 17 inc. 5) de la misma". Indicó que "El planteo actoral aparece improcedente, toda vez que el art. 4° de la citada norma establece que '...Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad', no siendo ellos acumulables". En ese contexto consignó que "...el accionante en clara transgresión a la norma, intenta acumular las acciones que devienen incompatibles en la letra de la ley". Para finalmente afirmar que "...me opongo a la acumulación de acciones contenida en la demanda en responde, por estar expresamente vedada por el art. 4 de dicha norma" (fs. 26).
III.1.b. En el contexto de la argumentación que afirma la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, el recurrente sostiene que: "...de la lectura de los capítulos del escrito de demanda inicial de la actora, titulados 'Objeto' y 'Liquidación, montos y rubros reclamados' respectivamente, se desprende que en ambos el Sr. Vargas opta en primer término por la reparación con fundamento en las leyes 24.557 y 26.773, a fin de la precepción de la reparación allí prevista"; afirmado además que "...el accionante ha ejercido la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el a quo respecto a la patología por hipoacusia, se encontraba vigente al momento del interponer su reclamo judicialmente" (rec., pto. VI.1.b.; pág. 7 cit.).
III.1.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda, concerniente a la imposibilidad de acumular lisa y llanamente las pretensiones resarcitorias que integran la condena.
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015; L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 121.046, "Trillo", sent. de 6-V-2020; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
La ineficacia del intento revisor se observa, además, en cuanto no ha sido objeto de crítica la conclusión del a quo sobre la inexistente notificación al trabajador sobre el contenido de las prestaciones sistémicas, en tanto presupuesto para tornar operativo el ejercicio de la mencionada "opción" del art. 4 de la ley 26.773 (art. 279, CPCC).
III.2. Sentado ello, tampoco el agravio vinculado con los factores de ponderación empleados en autos para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador es de recibo.
Sin dejar de mencionar -pues ello descarta la eventual ausencia de razones objetivas- que el porcentaje de la minusvalía que afecta al trabajador fue definido por el a quo acudiendo a lo dictaminado por el perito médico interviniente (v. pericia, fs. 110/112 y 117 y vta.), no encuentro ningún argumento válido del impugnante que explique fundadamente por qué motivos los magistrados del trabajo no podrían juzgar útil para determinar la incapacidad resarcible en el marco del derecho común el empleo de ciertos factores de ponderación que a su vez se encuentran contemplados expresamente en el régimen especial de infortunios laborales (art. 8 apdo. 3, ley 24.557 y dec. 659/96).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:10:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2023 08:41:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2023 12:25:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:55:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 10:34:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/07/2023 12:14:42 hs. bajo el número RS-74-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia