Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.846, "Prieto, Carlos Edgardo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida e impuso las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 167/187 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 16-III-2020), concedido por el citado tribunal el 21 de mayo de 2020.
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de 15-III-2021), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Carlos Edgardo Prieto promovió contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole el pago de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas de la afección columnaria que contrajo durante el cumplimiento de las tareas prestadas como dependiente del Ente Administrador Astillero Río Santiago. Asimismo, condenó a la demandada a pagar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria de la ley 24.557 por la incapacidad parcial permanente y definitiva derivada de la patología por hipoacusia.
En lo que reviste mayor interés, declaró la inconstitucionalidad " de la opción excluyente " prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348).
Expresó que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica.
En este sentido, el sentenciante dijo que "tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente" (v. sent., fs. 175).
Consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando así, la superposición o duplicación de reparaciones.
Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sin violar el principio de progresividad.
Juzgó que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia, obligando al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica renunciar anticipadamente a un eventual mejor resarcimiento.
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar al accionante el importe de $237.094,82 en concepto de reparación integral de daños y perjuicios por la patología contraída en cumplimiento de las tareas prestadas bajo relación de dependencia del Ente Administrador Astillero Río Santiago.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 26 a 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado.
Luego de señalar que la Constitución nacional no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la " razonabilidad " y, a la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la " ultima ratio ".
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del " principio de progresividad ", ello por un lado, porque esa directriz no posee jerarquía constitucional; y, además, en virtud de que no puede considerarse un " retroceso " lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Alega que surge con suma claridad que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el tribunal, se encontraba vigente al momento de promover la demanda.
Consigna que no es correcto acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
Con todo, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.2.a. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica se dirige a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, lo cual involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.b. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.a. Sentado lo que antecede, cabe delimitar en primer término el objeto de los agravios a la luz de los términos expuestos en la pieza recursiva.
En efecto, en dicho escrito el Fisco consignó que, por derivación del art. 4 de la ley 26.773 -cuya constitucionalidad defiende- "la opción efectuada por la acción civil excluía a cualquier otra", enfatizando que "se imponía en este caso el rechazo de la acción sistémica supuestamente intentada" por el accionante (pág. 7, rec.), para luego añadir que "en nuestro país, nadie puede ser privado del derecho a reclamar en base al derecho común" (rec., pág. 9).
Desde esa óptica -y a pesar de que en la impugnación no se efectúan mayores precisiones- es forzoso concluir que el embate de la representación fiscal ha de estimarse dirigido a cuestionar exclusivamente la condena efectuada por el tribunal de grado por la patología de hipoacusia -fundada en la ley 24.557- y no la vinculada con afecciones columnarias.
Y es que, en lo que hace a esta última (reitero, dolencias en la columna) el sentenciante especificó que el monto a abonar -por un capital de $237.094,82- era, justamente, en concepto de reparación integral de daños, aclarando incluso que en dicha suma estaba subsumida la prestación dineraria de la ley 24.557 por incapacidad parcial permanente y definitiva, cuya cuantía era menor ($128.672,55; v., en particular, fs. 179 vta.). No se advierte, entonces, cuál podría ser el interés de la accionada en rebatir tales conclusiones, en atención a que ellas son consistentes con la tesis enarbolada en la impugnación, teniendo en cuenta, asimismo, su condición de autoasegurada.
III.3.b.i. Así las cosas, y ceñido el análisis a la condena relacionada con los trastornos auditivos, la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina que, aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde dejar de atender (causas L. 121.330, "Esquivel", sent. de 11-III-2020; L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; e.o.), y que habré de reproducir sucintamente a continuación.
En tales condiciones, reiteraré -en lo pertinente- los conceptos expuestos al emitir mi opinión en aquella oportunidad.
III.3.b.ii. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie, la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), y en las posteriores L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
III.3.b.iii. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
III.3.b.iv. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente una serie de argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden y en honor a la brevedad-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.3.b.v. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75- en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, 3-V-2007, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", Fallos: 330:989; ídem, 26-II-2008, "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro"; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.3.b.vi. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso "Vera" que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, que se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
III.3.b.vii. Por otro lado, también se estableció en el precedente "Vera" que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)- en el art. 11 de la ley 24.557 que -como normativa específica- establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
III.3.b.viii. Por último, conforme lo señalado en la referida causa "Vera", la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.
IV. En estas condiciones, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de
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