Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127429
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.429, "Sack, Guillermo Gustavo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida e impuso las costas a la demandada por resultar vencida (v. pronunciamiento de fecha 25-III-2021).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 15-IV-2021), concedido por el citado tribunal el día 29 de abril de 2021.
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de 28-X-2021), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Guillermo Gustavo Sack promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de $419.118,76 en concepto de reparación integral de daños y perjuicios por la afección (várices) que contrajera durante el cumplimiento de las tareas prestadas como dependiente del Ente Administrador Astillero Río Santiago, suma dentro de la cual -indicó- quedaba subsumida la prestación dineraria por incapacidad permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
En lo que reviste mayor interés, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348).
Expresó que si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, dicha posición no fue pacífica.
En este sentido, el sentenciante dijo que "...tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24.557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "...retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente".
Consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando sí, la superposición o duplicación de reparaciones.
Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sin violar el principio de progresividad.
Juzgó que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia, obligando al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica renunciar anticipadamente a un eventual mejor resarcimiento.
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 26 a 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
II.1. Inicialmente, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado.
En ese sentido, alega que dicho órgano jurisdiccional entendió que debía declarar oficiosamente la invalidez constitucional del citado precepto, luego de considerar absurdamente que la contraria acumuló una acción sistémica a la acción civil ejercida. Ello, por cuanto -afirma- la opción efectuada por la acción excluía a cualquier otra (conforme los términos de la norma invalidada).
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad" y, a la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio .
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad, pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello por un lado, porque esa directriz no posee jerarquía constitucional; y, además, en virtud de que no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño.
Señala que, en autos, surge con suma claridad que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el tribunal, se encontraba vigente al momento de interponer su reclamo judicialmente, sin efectuar renunciamiento alguno.
Indica que no es correcto acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
Con todo, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
II.2. Por otra parte, cuestiona la liquidación practicada por el sentenciante respecto del capital de condena. Ello así, explica, porque para cuantificar las indemnizaciones reconocidas al actor en la sentencia, el juzgador incurrió en el equívoco de sumar dos veces el importe correspondiente al rubro pérdida de capacidad de ganancias, cuyo descuento solicita.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido sólo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; e.o.).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho aspecto de la impugnación habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Desde esa perspectiva, la improcedencia del agravio inaugural se exhibe manifiesta a partir del análisis de su propia formulación.
Es que, como adelanté, el sentenciante especificó que el monto a abonar -por un capital de $419.118,76- era, justamente, en concepto de reparación integral de daños por la patología de várices, aclarando incluso que en dicha suma estaba subsumida la prestación dineraria de la ley 24.557 por incapacidad parcial permanente y definitiva, cuya cuantía era menor ($115.674,96; v., en particular, sent., págs. 25/26). No se advierte, entonces, cuál podría ser el interés del Fisco en rebatir tales conclusiones, en atención a que ellas son consistentes con la tesis enarbolada en la impugnación (concerniente, en esencia, reitero, al supuesto ejercicio por parte del actor de la opción por la acción civil), teniendo en cuenta, asimismo, su condición de autoasegurado.
III.2.b. Sin perjuicio de ello, y aun en una hipótesis más favorable al recurrente -teniendo en cuenta que, incurriendo en una contradicción intrínseca, también postula el rechazo íntegro de la demanda-, tampoco los argumentos que nutren la crítica resultan conducentes para obtener la modificación de lo decidido en la instancia de grado. Veamos.
III.2.b.i. En el escrito liminar la parte actora advirtió que acudía ante el tribunal de trabajo a "...iniciar formal demanda por indemnizaciones leyes 24.557 y 26.773 y daños y perjuicios" (fs. 4).
A tal fin, planteó la inconstitucionalidad de diversas normas que integran el sistema de riesgos del trabajo -verbigracia, arts. 1, 2, 6, 12, 14, 15, 21, 22, 39 y 46 de la ley 24.557- (v. fs. 4/6); así como del art. 4 de la ley 26.773, por violentar -dijo- los derechos de propiedad, igualdad y acceso a los jueces naturales; así como los principios de legalidad y razonabilidad, consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 29 de la Constitución nacional y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 6 y vta.).
Por su lado, al intervenir en el litigio, el Fisco provincial sostuvo que "Si nos atenemos a la fecha de conocimiento que toma como punto de partida el accionante, la demanda deviene prematura, amén que los rubros civiles peticionados son improcedentes, todo ello en función de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.773, que determina un plazo para iniciar la acción judicial y prohíbe expresamente la acumulación de acciones" (fs. 27 in fine y vta.).
III.2.b.ii. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que el tribunal de grado "...consideró absurdamente que el actor acumuló una acción sistémica a la acción civil ejercida". Ello así, afirmó, porque "...la opción efectuada por la acción civil excluía a cualquier otra (en los términos de la normativa invalidada)" (rec., punto VII. Primero).
III.2.b.iii. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. Así, mal puede sostener que corresponde casar la sentencia argumentando que la opción efectuada por la acción civil resultaba excluyente de cualquier otra, cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que se oponía progreso de la demanda, en tanto el actor intentaba una acumulación de acciones expresamente vedada por el art. 4 de la ley 26.773.
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 120.781, "Pintos", sent. de 26-V-2020; L. 126.518, "Mattos", sent. de 3-XI-2022 y L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.3. Por otro lado, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar la crítica vinculada a la errónea determinación de los montos que definieron al capital de condena en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, parte final, de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva de análisis, tal agravio luce inadmisible, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, comparto lo dicho por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. Luego, adhiero a lo expuesto en el punto III.2.a. del voto inaugural, lo que entiendo suficiente para resolver la desestimación del respectivo agravio, en el cual, al cabo, al atacar la mentada declaración de inconstitucionalidad de la norma que prevé la denominada "opción excluyente" el impugnante pretende "...mostrar que igualmente se imponía en este caso el rechazo de la acción sistémica supuestamente intentada" (apdo. VII del recurso).
I.3. En cuanto al restante cuestionamiento, adhiero sin más a lo afirmado por la ponente en el punto III.3. de su sufragio.
II. Con lo expuesto, suscribo la solución propuesta en autos por la colega ponente en la parte final de su opinión.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2023 14:46:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2023 09:53:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2023 10:22:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:30:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 08:51:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/08/2023 08:59:39 hs. bajo el número RS-87-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia