Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, desestimó la acción deducida por Aida Graciela Claudel contra la Provincia de Buenos Aires por la que se perseguía el cobro de una reparación integral con fundamento en el derecho común como consecuencia del accidente in itinere denunciado en autos. Por el contrario, hizo lugar a la acción en concepto de diferencias en el pago de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sentencia de fecha 25-X-2022).
Para así decidir, desestimó los reclamos con fundamento en el derecho común en razón de que el siniestro denunciado en autos acaeció en circunstancias " in itinere ", sin injerencia ni participación alguna del principal.
Puntualizó, además, que la demandada había pagado la suma correspondiente a las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 por la incapacidad laboral parcial permanente y definitiva determinada en sede administrativa y como consecuencia del accidente denunciado en autos.
Por el contrario, juzgó que nada se le abonó a la actora en concepto de intereses los cuales entendió debían ser liquidados desde el acaecimiento del evento dañoso (17-VIII-2012) y hasta la fecha del pago percibido (20/03/2013) en sede administrativa, conforme a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos en pesos a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (tasa BIP).
II. Contra dicha decisión, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 31-X-2022), siendo concedido únicamente el segundo de los nombrados en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de 30-XI-2022).
En primer lugar, cuestiona el rechazo de la acción por daños y perjuicios deducidos en el marco del derecho común. A tal fin, alega que la alta siniestralidad vial existente transforma en una actividad riesgosa el desplazarse hacia el lugar de trabajo.
Luego, denuncia que el tribunal omitió considerar a lo largo de su sentencia el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al cálculo indemnizatorio oportunamente articulado en la demanda.
Finalmente, se agravia de la fecha de cómputo de los intereses, pues a su criterio debían comenzar a correr desde la producción del siniestro de marras y calculados a la tasa activa, en virtud de la depreciación monetaria existente y lo establecido en la Resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto de la pretensión de la parte actora de responsabilizar a la empleadora autoasegurada en el marco del derecho común, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que los precedentes invocados por la interesada en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
Luego, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022).
III.3. En relación al agravio vinculado con el art. 12 de la ley 24.557, éste tampoco puede prosperar. Se impone señalar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 127.083, "González", resol. 7-X-2021 y L. 128.786, "Marínez", resol. de 19-IX-2022)
III.4. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cálculo de los intereses.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020; L. 128.258, "Castelucci", resol. de 23-V-2022 y L. 130.060, "Del Campo", resol. de 22-III-2023).
III.5. Tampoco puede admitirse la solicitud de la recurrente relativa a la aplicación de la tasa activa para el cálculo de intereses, de conformidad con lo establecido en la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pues la interesada omitió denunciar doctrina legal de la Suprema Corte relacionada con dicho tópico (causas L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020; L. 127.398, "Rizzo, resol. de 27-II-2023 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
III.6. Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.542, "Bustos", resol. de 10-IV-2023).
III.7. Finalmente, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020; L. 129.877, "Gómez", resol. de 10-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:29:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:46:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:32:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:40:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:03:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 10:53:47 hs. bajo el número RR-978-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia