Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Pedro Ismael Cejas y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en el pago de la prestación dineraria prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 y de la compensación adicional de pago único a la que alude el art. 11 apartado cuarto, inciso “b” de la citada ley (v. vered. y sent. de 30-XI-2022).
Para así decidir, con sustento en la pericia médica, tuvo por acreditado que el reclamante padece una incapacidad permanente total del 92,40% del índice de la total obrera, aunque -en rigor- ya fue indemnizado por esta prestación dineraria en un porcentaje del 6%, con lo cual el segmento de incapacidad remante que se mantiene sin resarcir resulta ser de un 86,4%.
Seguidamente, a los efectos de calcular las prestaciones dinerarias, juzgó que la formula indemnizatoria del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -en su texto vigente a la fecha de la afección del trabajador (16-II-2010)- resultaba injusta y no abastece mínimamente el concepto de reparación plena, razón por la cual declaró su inconstitucionalidad. En consecuencia, cuantificó el monto del resarcimiento tomando en consideración la remuneración que percibía, a la fecha del pronunciamiento, un trabajador con la categoría y la antigüedad que tenía el accionante. Luego, estableció que, habiendo calculado la prestación a valores actuales, correspondía computar los intereses a una tasa pura del 6% anual.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 8-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 23-II-2023).
En su presentación se agravia, en primer lugar, del porcentaje de incapacidad que ha sido fijado en la sentencia de origen. A tal fin, denuncia que el juzgador omitió considerar las reiteradas impugnaciones efectuadas por su parte a la pericia médica, experticia que -entiende- se sustenta en meras opiniones del profesional que no se ajustan a la realidad.
Por otro lado, aduce que resulta errónea la aplicación retroactiva del decreto 669/19 a un siniestro ocurrido en el año 2010, citando, en apoyo de su postura diversos fallos de esta Corte, así como del superior Tribunal nacional.
Finalmente, alega que el tribunal de grado efectuó una doble actualización del monto de condena al aplicar el índice RIPTE y sumarle la tasa de interés aplicable. Entiende que esa fórmula arroja un resultado final exorbitante que resulta claramente irrazonable y prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, respecto al planteo dirigido a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado a los fines de fijar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, cabe recordar que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales y establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017; L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022 y L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023).
En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020 y L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022). (causa L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023).
De todos modos, y sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, cierto es que tampoco logra la impugnante concretar una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien, según lo informado por el perito médico en su dictamen, el actor presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) estadio IV e hipoacusia bilateral, con relación cierta, directa y total con la actividad llevada a cabo para su empleadora, dolencias que le provocaron una minusvalía permanente del 92,40% del índice de la total obrera.
En rigor, las alegaciones que porta el recurso -mediante las cuales la interesada expone su personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas- sólo exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las concretas consideraciones brindadas por el tribunal de origen para desestimar la pretensión actoral.
En definitiva, resulta manifiesta la insuficiencia del remedio en tratamiento, en tanto la impugnante no se hace cargo de las líneas argumentales del fallo, y sólo se dedica a confrontarlas a través de su propia interpretación de las circunstancias de la causa, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (causas L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020 y L. 129.651, "Cerdeira Guardese", resol. de 5-XII-2022).
III.2. Por otro lado, en lo que atañe a los restantes agravios, se advierte que la recurrente desinterpreta la decisión que pretende impugnar, dado que el tribunal de origen no hubo de aplicar el decreto 669/19 para cuantificar las prestaciones dinerarias, ni tampoco utilizó el índice RIPTE para calcular el ingreso base.
Tal como surge del relato de antecedentes efectuado previamente, el órgano jurisdiccional de grado resolvió la presente controversia sobre la base de juzgar que, en el caso, correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su redacción vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante- y calcular las prestaciones dinerarias tomando como parámetro la remuneración actual que le correspondería percibir al accionante conforme su categoría y antigüedad. En función de ello, decidió que los accesorios sean calculados a una tasa pura del 6% anual.
De lo expuesto, se desprende que la compareciente formula una crítica que se exhibe disociada del razonamiento seguido en el fallo, habida cuenta de que se desentiende de los términos en los que el tribunal de origen examinó la controversia, sin concretar una réplica idónea para obtener la modificación de lo resuelto al respecto.
Ello revela que en modo alguno pueden adjudicársele al juzgador de grado las incorrecciones que denuncia la interesada, resultando en tales condiciones de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya argumentación parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 127.407, "Bazán", resol. de 29-XI-2021).
Además, esta Corte ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 118.702, "Torrilla", sent. de 29-V-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021 y L. 129.368, "González", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:08:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:21:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:15:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:32:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:36:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:21:48 hs. bajo el número RR-1117-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia