Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126882
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.882, "Jara, Rubén Aníbal contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. fs. 150/169 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-IX-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que el señor Rubén Aníbal Jara promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a la que condenó a pagar una reparación fundada en el derecho común -dentro de la cual subsumió la prestación dineraria por incapacidad parcial y definitiva prevista en la ley 24.557- en concepto de incapacidad derivada de patología columnaria. Respecto del reclamo vinculado con la hipoacusia bilateral denunciada, acogió la excepción de prescripción opuesta en relación con la petición del resarcimiento de daños y perjuicios y declaró procedente la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley cit., conf. dec. 1.694/09). Rechazó, en cambio, la procedencia de las pretensiones de resarcimiento vinculadas con el daño estético, psíquico, el derivado de la gonalgia de ambas rodillas y várices de miembros inferiores denunciados en la demanda (v. fs. 150/169 vta.).
Concretamente, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas para la demandada el actor padece una incapacidad laborativa -incluidos los factores de ponderación- del 19,73% de la total obrera por hipoacusia bilateral y del 27,44% derivada de la hernia discal del raquis inferior y discopatías diagnosticadas (v. vered., fs. 151 vta./152 vta.).
En cuanto a la fecha de la primera manifestación invalidante, en lo referente a la patología auditiva la fijó el día 16 de agosto de 2012 y, respecto a la columnaria la estableció el 8 de agosto de 2014 (v. fs. 152 vta. y 153); razón por la cual precisó en la sentencia que respecto de esta última dolencia se encontraba vigente la ley 26.773.
En lo que aquí reviste mayor interés, tal como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348), inicialmente objetada por la demandante (v. sent., fs. 157).
Expresó que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica. Dijo que "tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente" (sent., fs. 157 y vta.).
Consideró que no podía aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando sí, la superposición o duplicación de reparaciones. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sino violando el principio de progresividad (v. sent., fs. 157 vta. y 158).
Juzgó que la opción obsta al libre acceso a la justicia, y que al obligar al trabajador a tomar una decisión que implica una renuncia de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudica. Afirmó que también conculca los principios de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad, por colocar al dependiente en la posición de elegir por la indemnización tarifada y la reparación plena, cuando lo que se encuentra en juego es su propia integridad psicofísica, implicando una renuncia y "...poniéndolo por debajo del standard protectorio de tutela diferenciada del que son sujetos, conforme lo reconoce el art. 14 bis de la Constitución Nacional..." (sent., fs. 158).
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; e hizo lugar a la demanda condenando a la accionada a pagar determinada suma dineraria en concepto de reparación integral por daños y perjuicios derivados de la patología columnaria (v. fs. 159/162 vta.), ello, aclarando que dentro de dicha suma se encontraba subsumida la prestación dineraria contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 159 y 162 vta.).
En lo tocante a la hipoacusia bilateral, acogió la defensa de prescripción opuesta por la accionada respecto de la reparación integral fundada en el derecho civil; empero, propició -como se señaló ut supra - el progreso de la acción especial con sustento en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, arribando a un monto indemnizatorio de $265.096,31 (conf. dec. 1.694/09; v. fs. 162 vta. y 163).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aries dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 23-IX-2020).
II.1. Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo .
Argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad" y, a la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio .
Destaca que luce desacertada la interpretación del fallo que indica que la norma es violatoria del "principio de progresividad", ello porque esa directriz no posee jerarquía constitucional; y, además, porque no puede considerarse un "retroceso" lo regulado pues la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio que propicia la ley no puede entenderse como violatorio de derechos y garantías constitucionales, ello así toda vez que -entiende-, no se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño y que, un razonamiento en contrario importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
A su vez, postula que - prima facie - la aplicación del citado artículo de modo alguno implica una renuncia por parte del trabajador.
Destaca que, tal como surge del escrito postulatorio de la acción, el actor propuso una lisa y llana acumulación de acciones, agrega que habiendo podido el demandante optar por accionar para obtener la reparación integral del daño, no lo hizo.
Explica que tampoco cabría la posibilidad de sostener que el tribunal interpretó que el demandante optó por la acción con sustento en el derecho civil puesto que el órgano jurisdiccional no está habilitado para ejercer una opción que la ley pone en cabeza del pretensor, y a su vez, en cuanto a determinados rubros, rechazó la demanda fundada en las normas del Código Civil y en la ley 24.557.
Dice que no es correcto acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
II.2. De quedar firme la condena impuesta con fundamento en la normativa civil, objeta que se hayan considerado los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, que fueran incluidos en el porcentaje de incapacidad consignado en la condena de la reparación integral por la patología columnaria, ello, pues alega que esos factores solo deben operar dentro del sistema de una reparación sistémica, siendo su adición, violatoria del art. 4, sexto párrafo de la ley 26.773.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado se halla representado por la suma de condena fijada en concepto de reparación por la incapacidad vinculada con la enfermedad columnaria, en tanto es el aspecto del caso alcanzado temporalmente por la ley 26.773 y que motiva la impugnación. Con esa consideración, en el caso no se supera el monto establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podría justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, limitándose la competencia revisora a verificar si se ha transgredido la doctrina legal.
Sin embargo, y teniendo en consideración que el recurrente evidencia que el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 4 de la ley 26.773 efectuado en la instancia involucra una cuestión federal, corresponde tratar la impugnación traída al respecto sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón del valor de lo cuestionado; conclusión que, en su caso, no ha de proyectarse sobre el restante agravio deducido subsidiariamente (causas L. 85.710, "Aguirre", sent. de 26-IX-2007 y L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015).
III.2. Como surge de lo hasta aquí expuesto, la mentada declaración de inconstitucionalidad que porta la sentencia de grado se proyecta solo sobre la incapacidad derivada de la patología columnaria acreditada, debiéndose recordar que, según lo expuesto en el pronunciamiento de grado, a la fecha de la primera manifestación invalidante de la hipoacusia determinada en el caso, la ley 26.773 aún no se encontraba vigente (B.O. de 26-X-2012).
Efectuada esta breve aclaración, y sin que el presente pronunciamiento implique emitir juicio alguno sobre el contenido de la decisión recurrida, lo resuelto por el sentenciante en torno al art. 4 de la ley 26.773 (conforme la redacción que precedió a la ley 27.348), ha de permanecer incólume.
A tono con el criterio plasmado en numerosas ocasiones (así, causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; entre otras), aun cuando su vigencia fuese posterior al dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, cabe atender a la doctrina actual de este Tribunal.
En consecuencia, y dejando a salvo mi opinión sobre el tema, en el pronunciamiento sobre el agravio traído no puede soslayarse que esta Suprema Corte en el precedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Ello me conduce a rechazar el cuestionamiento con expreso fundamento en la herramienta prevista en el primer párrafo del art. 31 bis de ley 5.827.
III.3. Conforme lo dicho precedentemente, y ya en el estrecho marco de revisión al que se hizo alusión inicialmente, el reproche vinculado con los factores de ponderación empleados por el juzgador de grado para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador deviene inatendible, puesto que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- no se denuncia a su respecto vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el ámbito de excepción por el que transita el presente agravio (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo expuesto por el doctor Soria en su voto.
I.2. Solo he de aclarar que en el caso -tal como lo señaló el destacado colega-, no puede soslayarse que el agravio traído en el medio impugnativo dirigido a controvertir la declaración de invalidez constitucional del 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo , involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del mencionado cuestionamiento con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
I.3. Sentado ello, adelanto que en lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, la decisión efectuada por el órgano judicial de grado debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina que aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016), y que habré de reproducir sucintamente a continuación.
I.3.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie -como ocurrió en el citado antecedente- la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y en las posteriores causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020)-, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
I.3.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807 (cit.).
I.3.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
I.3.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75-; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26); en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007; Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
I.3.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la r
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