Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126337
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC); con costas.
C. 126.337 "RODRÍGUEZ, NILDA MERCEDES C/ MICROÓMNIBUS SUR SAC Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar a la demanda promovida por Nilda Mercedes Rodríguez contra Microómnibus Sur S.A.C., y condenó a esa empresa a abonar a la actora la suma de ochenta y tres mil setecientos pesos ($ 83.700), más los intereses que fijó. Asimismo, hizo extensiva la condena a Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros dentro de los límites de la cobertura y desestimó la acción con respecto a Empresa San Vicente S.A.T. y la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (v. sent. de 4-VI-2018, en arch. adj. a la queja).
Ese pronunciamiento fue impugnado por la actora, la empresa condenada y la citada en garantía. A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental confirmó en lo sustancial la sentencia apelada, modificándola en cuanto a la condena a la aseguradora, disponiendo que deberá responder en la medida del límite de cobertura, en virtud de la limitación cuantitativa de la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio que surja de la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación vigente al momento del efectivo pago. Por otra parte, en cuanto a los intereses, estableció la aplicación de una tasa pura del 6% anual entre la fecha del hecho y la del dictado de la sentencia de primera instancia. Luego, por el lapso que transcurra desde allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en sus depósitos a 30 días (v. sent. de 15-XII-2022, en arch. adj. a la queja).
Frente a lo así decidido, la actora articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 1-II-2023, en arch. adj. a la queja), el que fue denegado con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 14-II-2023 en arch. adj.). Ello motivó la presente queja (v. escrito electrónico de 27-II-2023; art. 292, CPCC).
II. Ingresando en el estudio de ese recurso de hecho, se observa que la accionante no rebate la insuficiencia del monto en que el Tribunal de Alzada sustentara la resolución denegatoria de la vía extraordinaria, sino que plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Menciona que el monto de demanda ha quedado fijado en valores históricos en virtud del proceso inflacionario que atraviesa el país por lo que en ese marco limitar la revisión deviene formalista, y finalmente expresa que se han violado los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional, manifestando que existe cuestión federal que debe ser resuelta (v. escrito electrónico de queja citado).
Sobre la base de tales planteos en relación al mentado recaudo de admisibilidad, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos excepcionales invocados para acceder a la revisión por la vía articulada (conf. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019 y C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020).
Con relación a la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el art. 278 citado, se impone destacar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia determina que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020). A ello se agrega que en numerosos pronunciamientos se ha sostenido que dicha norma resulta compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 83.198, "Tevez", resol. de 16-X-2002; Ac. 92.195, "Calesso", resol. de 2-II-2005; Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 126.082, "J. G. A. Y Otros", resol. de 9-II-2023).
Asimismo, es oportuno recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su deducción (conf. causas C. 120.403, "Romero", resol. de 11-II-2016; C. 122.084, "Romero", resol. de 6-XII-2017; C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.495, "Feal", resol. de 29-V-2019; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020 y C. 123.150, "Bugallo", resol. de 19-IV-2021 y C. 126.082, cit.). Y que a fin de evaluar el mentado recaudo no corresponde adicionar intereses a dichas sumas ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757, y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021 y C. 126.082, cit.).
Por lo demás, la invocación de la existencia de cuestión federal a fin de sortear el citado requisito con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478; v. recurso traído), cabe señalar que en el caso carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de estos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para obstaculizar el trámite de embates que porten agravios federales.
Y no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020; C. 122.284, "Lespada", resol. de 19-IV-2021 y C. 124.831, "Ritucci", resol. de 15-III-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:27:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:58:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2023 09:18:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:24:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:05:13 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:11:52 hs. bajo el número RR-558-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia