Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 278 y 296, CPCC), con costas en relación a esta última vía y 2) reputar inoficioso a los fines regulatorios el recurso extraordinario de nulidad (art. 30, ley 14.967).
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°13 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por el señor Norberto Oscar Pacheco, en la etapa de ejecución de sentencia, desestimó la aplicabilidad de la ley de consolidación 12.836 al pago de la indemnización a la que fue condenada la Provincia de Buenos Aires, por encontrarse exceptuada de la misma en los términos del art. 10 de la ley citada y, por ende, rechazó la oposición a la liquidación efectuada por la demandada. Consecuentemente, aprobó la liquidación practicada por la parte actora, con costas por su orden (v. sent. de 23-IX-2022).
A su turno, la Sala III de la Cámara Primera departamental desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco provincial, por considerarlo insuficientemente fundado (v. sent. de 15-XI-2022).
Frente a dicho pronunciamiento, la apoderada de Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario que tituló como "de nulidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal" (v. título del acápite I del escrito electrónico de 2-XII-2022), y el Tribunal de Alzada concedió ambas vías (v. resol. de 5-XII-2022).
II. En relación al remedio anulativo otorgado, cabe recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, éste sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.254, "Ferraris", resol. de 15-VII-2022 y C. 125.767, "Lasarte", resol. de 24-VIII-2022).
En el caso, de la lectura del escrito recursivo surge que, no obstante mencionarse inicialmente deducir la vía anulatoria, no se ha hecho referencia a los supuestos que la habilitan, desarrollándose en la presentación agravios únicamente en sustento del remedio de inaplicabilidad de ley. En tales condiciones, no es posible tener por fundado el carril extraordinario de nulidad, del que sólo se anuncia su interposición en el título del punto I del escrito electrónico de fecha 2 de diciembre de 2022, sin exponer luego argumento alguno que corresponda al intento anulatorio mencionado.
Cabe así concluir que la vía extraordinaria de nulidad resulta inadmisible y ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC; conf. doctr. causas C. 121.764, "Fernández", resol. de 11-X-2017; C. 122.190, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 7-III-2018; C. 125.011, "Villanueva", resol. de 11-V-2022 y C. 125.767, cit.).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.011 y C. 125.767, cits.).
III. Pasando a analizar los requisitos de admisibilidad del restante recurso extraordinario que llega a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el valor del agravio -de conformidad con los planteos expuestos- está representado para la recurrente, por la diferencia entre la liquidación formulada por el actor y aprobada en la instancia ordinaria (v. escrito electrónico de 9-VIII-2022) y la efectuada por la presentante con aplicación de la ley de consolidación que invoca (v. escrito electrónico de 19-VIII-2022; conf. art. 278, CPCC; doctr. causas Ac. 92.906, "Martínez", resol. de 1-XII-2004; Ac. 93.273,"Balade", resol. de 19-VII-2006; Ac. 99.880, "Garro,", resol. de 28-V-2008; C. 118.270,"Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 123.414, "Girola", resol. de 9-XI-2021).
Y así, en el caso, como bien lo manifiesta la impugnante en su presentación en estudio, dicha suma no alcanza el mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial - según ley 14.141 y Acordada 4.088/22- (v. sent. de 23-IX-2022 y escritos de 9 y 19-VIII-2022; conf. doctr. causas Ac. 99.880, cit.; C. 118.316, "Xanthakis,", resol. de 18-XII-2013; C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016 y C. 123.013, "Valdez", resol. de 23-IV-2021y C. 123.414, cit.)
Por otra parte, no se advierte que en autos se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por el art. 31 bis de la ley 5.827 invocado en la vía en estudio (v. pto. III. A. c del escrito electrónico de 2-XII-2022) que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite a la misma, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020).
En cuanto a la gravedad institucional invocada a los fines de habilitar la instancia (v. pág. 3 del escrito cit.), cabe reiterar que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la presencia de una de las características prealudidas, de conformidad con los términos de la impugnación traída. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. CSJN, Fallos: 303:221; doctr. C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 124.767, "Japas", resol. de 23-IX-2021 y C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022).
Tampoco es de recibo el argumento introducido en relación a la existencia de cuestión federal -planteado en línea con la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge de las causas "Strada" y "Di Mascio" (v. pág. 3 del recurso cit.; CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478)-, pues carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en autos -a primera vista- la existencia de un agravio de la índole referida que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega afectación de distintas garantías constitucionales, de acuerdo a los términos del fallo impugnado y el marco procesal descripto, no se aprecian expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 123.704, "Bressan", resol. de 27-VIII-2020 y C. 123.414, cit.).
Por lo expuesto, el carril extraordinario intentado deviene inadmisible y en consecuencia corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 278 y 296, CPCC), con costas en relación a esta última vía y 2) reputar inoficioso a los fines regulatorios el recurso extraordinario de nulidad (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2023 09:09:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 14:06:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2023 16:43:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:44:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:12:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:58:11 hs. bajo el número RR-675-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia